Uno de los beneficiarios de las irregularidades de la ex ministra fue la Fundación José María de Llanos
El Tribunal de Cuentas recoge las graves irregularidades que cometió la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, un organismo dependiente del Ministerio de Igualdad de Aído, en un demoledor informe de fecha 27 de enero de 2011.
Uno de los beneficiarios de estas deficiencias fue la Fundación José María de Llanos, que preside Laurentino de Miguel Morejudo. De Miguel también ha formado parte de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Ejecutiva local del PSOE de Vallecas.
La fundación recibió 3.000.964 euros en concepto de ayudas del Ministerio de Igualdad entre los años 2007 y 2010. Las negligencias también se extienden a los centros de control de las pulseras contra el maltrato.
La cartera no exigió por escrito ninguna formación ni titulación mínima a las personas encargadas del seguimiento de estos dispositivos. Este hecho supone «un exceso de discrecionalidad» por parte del ministerio, según el tribunal.
El Tribunal de Cuentas ha puesto en evidencia la gestión que hizo de su ministerio Bibiana Aído. En un demoledor informe de fecha 27 de enero de 2011, el tribunal hace un elenco de las irregularidades que cometió la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, un organismo dependiente del Ministerio de Igualdad de Aído.
Uno de los beneficiarios de las irregularidades de la ex ministra fue la Fundación José María de Llanos, que preside Laurentino de Miguel Morejudo. De Miguel también ha formado parte de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Ejecutiva local del PSOE de Vallecas (Madrid).
La fundación de esta socialista recibió 3.000.964 euros en concepto de ayudas del Ministerio de Igualdad entre los años 2007 y 2010, para el desarrollo de un proyectode construcción y funcionamiento de un centro de acogida de mujeres víctimas de violencia de género.
Sin embargo, el tribunal ha determinado que la especialización de esta fundación no está acreditada, como tampoco lo está su primacía con respecto a otras instituciones que puedan dedicarse a estos fines sociales. Además, entiende que la memoria del proyecto carece de la explicación debida respecto al interés público y social del centro de acogida.
Todo ello ha supuesto que el tribunal considerara injustificado que Bibiana Aído entregase más de tres millones de euros en ayudas a través del régimen de concesión directa, obviando el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones.
Originalmente publicado en La Gaceta.
