El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha llevado este viernes al Consejo de Ministros un informe sobre la modernización del lenguaje jurídico que recomienda a los magistrados, los fiscales y otros profesionales del Derecho emplear un lenguaje más sencillo y comprensible y olvidar los términos «crípticos y oscuros» que a menudo aparecen en sus escritos.
El manual, elaborado por una comisión de expertos, contiene recomendaciones sobre corrección lingüística y ofrece una guía de ejemplos para mejorar la redacción de los escritos jurídicos. En él se reconoce que los ciudadanos tachan este lenguaje de «críptico» y propone sustituir los «particularismos lingüísticos» por términos del lenguaje común, siempre que sea posible.
El informe, que analiza la terminología técnica, también aconseja no abusar de los arcaísmos o las locuciones latinas o, en su caso, explicar su significado a continuación de la expresión o incorporar su traducción entre paréntesis.
Las recomendaciones propuestas por la comisión van más allá de la pura ortografía y pretenden crear un marco institucional para devolver la relevancia que el uso del lenguaje «nunca debió de perder», destaca Justicia.
Además, recomienda a las instituciones que se esfuercen en la estandarización de documentos o en el uso de las nuevas tecnologías al servicio de la mejora del lenguaje jurídico.
Las principales instituciones a las que se dirige el informe son el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, los colegios profesionales de abogados, procuradores y graduados sociales (a través de los correspondientes consejos generales), las universidades y la Administración educativa en general.
«BAJA CALIDAD COMUNICATIVA DE LA JUSTICIA»
El ministro destacó hace unos días la importancia de este «ambicioso» y «pionero» informe para dejar atrás la «baja calidad comunicativa de la Justicia» en favor de una Administración que le transmita «seguridad» y «certeza». «Los operadores de la Justicia deben saber que ocultándose tras las palabras lo único que se consigue es hacer daño a los propios justiciables», afirmó en la presentación del informe.
Un reciente estudio del órgano de gobierno de los jueces reflejó que el 82 por ciento de los ciudadanos considera que el lenguaje jurídico es excesivamente complicado y difícil de entender.
La comisión, constituida en febrero del pasado año, ha estado compuesta por el exdirector de la Real Academia Española (RAE), Víctor García de la Concha; el miembro de la RAE, Salvador Gutiérrez; la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo; y el presidente del Consejo General de la Abogacía (CGAE), Carlos Carnicer.
Asimismo, han formado parte de la comisión las periodista de El Mundo María Peral y la de El País Gabriela Cañas; el presidente de la Agencia Efe, Alex Grijelmo; el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Jesús María García; así como la profesora de Filología en la Universidad de Alcalá de Henares Mercedes Bengoechea. En reconocimiento a su trabajo, se les ha concedido la Cruz Distinguida de primera clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.
