Es el mismo Garzón que festejó alborozado en Twitter que la despistada Justicia europea forzara al apocado Gobierno español a poner en libertad a asesinos etarras con decenas de crímenes a la espalda.
El mismo de los enchufes, las vacaciones millonarias, la boda hortera a todo tren y los mensajes contra España. El monaguillo de Pablo Iglesias que apoya de tapadillo el secesionismo en Cataluña y considera que Otegi y sus compinches son acrisolados demócratas (El Gobierno Socialista filtra, con toda la mala intención, que pagará 544.982 € a un bufete belga por defender al juez Llarena).
Alberto Garzón no ha encajado nada bien que el Gobierno Sánchez se haya visto obligado por la opinión publica a contratar un despacho de abogados belga para defender al juez Pablo Llarena de la demanda civil interpuesta por el goilpista Carles Puigdemont y otros tres forajidos (Jueces y fiscales fuerzan a Pedro Sánchez a envainársela y La Moncloa dice ahora que defenderá al juez Llarena).
El coordinador general de Izquierda Unida ha entrado indignado en RNE para poner el grito en el cielo por los 544.982 euros que le costará al Estado.
«Se le mete una querella por bocazas -en alusión al magistrado del Tribunal Supremo- y ahora pide amparo al poder político, eso es un problema. Lo que ha hecho el Gobierno ha sido ceder ante un chantaje del sector más conservador que vulnera la independencia judicial».
El diputado ha hablado de «excesos privados» de Llarena, asumiendo así la tesis del independentismo de que el juez ha cometido «parcialidad y ensañamiento»; cuando lo que dijo en la famosa conferencia de Oviedo (la que motivó la demanda) fue exactamente:
«Un delito político son aquellos comportamientos que normalmente no estarían sancionados por el ordenamiento jurídico-penal y que sin embargo, por una consideración política, estos comportamientos son perseguidos. No es el caso que estamos llevando en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que haya llevado a las personas a cometerlos, si es que eso ha sido así, pues tienen que se investigados».
A juicio del líder de IU, por contra, Llarena no debería haber hecho declaraciones que «afectaban a la causa», y menos «en foros privados como es el de FAES, ideológicamente muy a la derecha, o en uno de BMW.
Está claro que Garzón no es fan de la instrucción del magistrado:
«No hay causa política. De lo que estamos hablando es sencillamente de otra cosa, de la incapacidad del juez Llarena de no verse como un cruzado más frente a la independencia y de ser capaz de llevar a cabo este proceso de forma mucho más neutral».
