Otra cagada y millonaria del siniestro Elpidio Silva, inhabilitado 17 años y expulsado de la carrera judicial por prevaricador y ahora metido a abogado voraz.
El procedimiento legal que enfrenta a la Plataforma Integral del Taxi (PIT), comandada por el abogado y ex juez Elpidio José Silva, con Uber, Cabify y otras empresas propietarias de licencias VTC, avanza en los juzgados mercantiles de Madrid de forma no muy positiva para los intereses de los taxistas.
Mario Moratalla de OKdiario revela este 5 de noviembre de 2019 que en la contestación a la demanda presentada por la PIT contra las VTC en el juzgado mercantil número 3 de Madrid, además de argumentar por qué no tiene razón, se pide expresamente que se condene en costas a los taxistas, como ya han hecho otras empresas como Ares Capital.
Cabify (marca de la empresa propietaria Maxi Mobility) pide condena en costas para los 113 taxistas cuyas demandas individuales cayeron fortuitamente en el juzgado número 3, que ha sido el primero en recibir las contestaciones. La empresa española propiedad de Seaya Ventures y Rakuten dice que «debe ser tomada como cuantía del procedimiento la cantidad total de 1.547.987 euros», es decir unas costas que, de ser aceptadas por el juez, supondrían un pago de 13.699 euros por cada taxista.
Esta cantidad no será necesariamente la que tengan que pagar los taxistas en caso de perder el pleito en primera instancia. Pero no cabe duda de que supone una amenaza importante e incluso podría ser mayor, ya que fuentes del sector comentan a este periódico que las cantidades podrían incluso subir notablemente en el resto de contestaciones que se están pidiendo. Junto con Ares Capital y Cabify, también están en la demanda del juzgado número 3 Gesstaxi Gestión y Cibeles Comfort Cars.
«Temeridad y frivolidad»
Cabify no ahorra descalificativos hacia la demanda firmada por Silva: «Los hechos de la demanda constituyen un compendio de temeridad, poniéndose de manifiesto por la parte actora tergiversaciones, manifestaciones ambiguas y contradicciones para aseverar, frívolamente y sin sustento probatorio alguno, que Maxi Mobility habría infringido diversas normas sin molestarse en identificar un sólo comportamiento individual imputable».
Por todo ello, asegura que la demanda del ex juez se basta en «sus propias e interesadas conclusiones» y que es un hecho ineludible «que no existe ninguna prueba o indicio que acredite alguna de las pretendidas infracciones», esto es una infracción fiscal y laboral y otra de dar servicio con VTC, «conducta que no sólo no infringe ninguna norma sino que está expresamente prevista en la ley».
Recuerda Cabify que la demanda está mal fundada, porque Maxi Mobility (la empresa demandada, su matriz) no tiene licencias VTC a su nombre, dado que estas se reparten entre otras sociedades, como Vector Ronda Teleport, mientras que Maxi Mobility solo facilita la aplicación mediante la cual trabajan los vehículos: «Maxi Mobility no es titular de ninguna licencia VTC y por ello de ninguna flota de vehículos, ni cuenta con conductores entre su plantilla (…) por ello no es jurídicamente posible que Maxi Mobility pueda infringir la normativa de transporte que regula las licencias VTC».
Silva vio archivada su querella en la Audiencia Nacional, que alegaba una «trama patológica» de las empresas de VTC, un archivo que se sucedió de palabras muy críticas de la magistrada María Tardón sobre la forma en que se había redactado el texto.
Ahora al bufete Elpidio Silva Abogados le queda el recurso del caso penal (al que se le augura poco éxito) y las demandas en el juzgado mercantil.
