Se ha ido sólo José Antonio G.L., como la inmensa mayoría de los 22.157 españoles muertos por coronavirus, pero lo ha hecho ademas con rabia.
Con una feroz indignación contra el Gobierno PSOE-Podemos y todos aquellos que en su opinión y en la de expertos de medio mundo, han contribuido con su negligencia, sectarismo, desidia o irresponsabilidad a convertir España en líder funerario mundial.
José Antonio, que tenía 59 años y dos hijas, ha muerto en la mañana de este 23 de abril de 2020 en un municipio de Barcelona infectado por COVID-19.
Horas antes, en la tarde de este miércoles, presentó una querella contra altos cargos de Sanidad, entre ellos el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, y contra el administrador de la empresa que intermedió en la compra de los test defectuosos para detectar el coronavirus.
La querella se presentó ante los Juzgados de Instrucción de Madrid por vía telemática y su autor ordenó a sus herederos que sigan adelante con la acción penal si es admitida a trámite.
El hombre acudió al Hospital Hestia de Barcelona el pasado 13 de marzo para hacerse una biopsia, donde tuvo que volver a los siete días porque se encontraba indispuesto por una patología previa, y finalmente quedó ingresado.
El 20 de marzo, tras encontrarse mal, volvió al mismo centro y ya tuvo que quedarse.
«Infectado» en el hospital
Estando ingresado, según relata la querella, se contagió del Covid-19.
No se sabe si se lo contagió algún paciente o quizá el personal del hospital que lo hubiera contraído trabajando allí.
El caso es que unas semanas después le diagnosticaron que su muerte era cuestión de días. No tenía ninguna posibilidad de salvarse.
Por eso, y presumiblemente tras muchas noches de elucubración, el pasado 15 de abril se decidió por la única solución que encontró: pedir el alta voluntaria y marcharse a morir a su casa.
Esta última semana de su vida fue angustiosa para él y su familia.
Contactó con el abogado Javier Díaz Aparicio, que ha redactado la querella en tiempo récord para presentarla antes de que ocurriera lo inevitable.
José Antonio no tuvo posibilidades de firmar ningún poder ante notario, porque ningún notario quería ir a su casa a que le firmaran ese poder: tenían miedo de contagiarse de coronavirus.
LA FAMILIA
Previendo todos estos avatares, José Antonio dejó atadas dos cosas.
La primera, que su mujer encabezara la querella.
La segunda, que sus dos hijas continuaran con la lucha judicial cuando él ya no estuviera. En un manuscrito dejó todas las instrucciones.
Según la querella, al no disponer en hospitales de test suficientes, los facultativos «estaban expuestos a estar contagiados y ser transmisores» de COVID, lo que «conllevó» que José Antonio se infectara.
Los médicos -señala el escrito-, diagnosticaron su estado «catastrófico» y pronosticaron «un rápido fallecimiento», por lo que el paciente solicitó el alta, que le dieron el 15 de abril, y fue trasladado a su casa «a la espera del fatal desenlace«.
En la querella se recalca que el Ministerio de Sanidad pagó por un producto «fraudulento» y se subraya que la OMS había alertado «desde al menos enero de 2020 de los riesgos para la salud pública» de la COVID-19.
Delito contra la salud pública
El escrito apunta la posible existencia de delitos contra la salud pública, por ‘poner en el mercado un producto que no es eficaz’ y con eso se puso en riesgo la salud público.
Los 9.000 test chungos son detectados en Madrid y por ello la querella de presenta en la capital de España.
En la querella se subraya que los querellados, ‘víctimas de un engaño‘ y que habían 7 millones de euros de dinero público por unos test que no servían,- no interpusieron la obligatoria denuncia contra el intermediario, lo que hace doblemente responsable al ministro Illa.
Todo ello derivo en lesiones y homicidio por imprudencia profesional.
Esos test defectuosos, como explica el letrado Javier Díaz Aparicio, impidieron que hubiera pruebas eficaces en tiempo adecuado.
La querella se dirige contra Fernando Simón, las directoras de Salud Pública y de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Pilar Aparicio y Patricia Lacruz, respectivamente, y la responsable de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, María Jesús Lamas.
También contra del responsable de la oficina centralizada de compras de productos sanitarios del Ministerio de Sanidad y contra el administrador de la empresa intermediaria en la compra de los test defectuosos de la compañía china Bioeasy (Interpharma).
Se pide que se los cite como investigados y a las Consejerías de Sanidad de la Comunidad de Madrid y de Cataluña como responsables civiles directos o subsidiarios, por ser las responsables de velar por que se cumpla la normativa de expedición de medicamentos y de proveer a los sanitarios de medios de control de enfermedades contagiosas.
El querellante señala que Sanidad, en una fecha no determinada de marzo, adquirió a través de Interpharma los test defectuosos, que se aplicaron a pacientes hasta que se comprobó que no eran eficaces.
Sus resultados erróneos supusieron «un menoscabo de la salud colectiva».
