Pablo Echenique fue condenado por sus chanchullos ilegales.
El portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados pagará una indemnización de 11.040 euros por contratar en negro a su asistente.
En plena ‘cruzada’ de Podemos contra la Justicia, Echenique decidió retirar el recurso que interpuso ante el Tribunal Supremo contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
En este sentido, el podemita admite sus ‘chanchullos’ ilegales, que la misma Inspección de Trabajo calificó de infracción muy grave. Ahora, la condena es firme y debe cumplirse el pago de la multa.
El expediente que se le abrió acabó con un acta de liquidación por 1.039 euros, a la que se le sumó una multa de 10.001 de la Inspección de Trabajo por considerar que cometió una infracción muy grave.
En concreto, Echenique incumplió la ley el pagar en negro a su asistente en dos etapas diferentes: la primera, entre septiembre de 2011 y junio de 2012; la segunda desde marzo de 2015 hasta abril de 2016. Es a esta última a la que afecta la sanción, pues el primer incumplimiento estaba ya prescrito.
En su recurso ante el Supremo, Echenique había reclamado al Alto Tribunal que “unificara de doctrina”, dado que su defensa argumentó que había otra sentencia del TSJ de Madrid que se pronunciaba de forma contraria ante un caso similar.
Sin embargo, su desistimiento, aceptado por los magistrados, se ha adelantado a cualquier pronunciamiento al respecto por parte del Supremo, incluso al de la propia admisión a trámite.
Iglesias y Rodríguez, en ‘lista de espera’
La sanción a Pablo Echenique puede ser sólo el prólogo de una lluvia de imputaciones muy perjudiciales para Podemos.
Por ejemplo, el Tribunal Supremo avanza en la ‘doble imputación’ que dejaría KO a Podemos.
El secretario de Organización de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, no acudió este 20 de octubre a la citación voluntaria del Supremo. Una decisión que obligó a ‘mover ficha’ al juez Antonio del Moral contra el representante del partido de Pablo Iglesias.
Es importante recordar que Alberto Rodríguez es investigado como el presunto autor de un delito de atentado contra agentes de autoridad durante una protesta en 2014.
Ante la ausencia del podemita, el magistrado preguntó a la Fiscalía si ve necesario instar o no el suplicatorio al Congreso de los Diputados para investigarle.
También impulsaron al juez las últimas declaraciones de Alberto Rodríguez, en las que afirmó que “en ningún caso he cometido los hechos por los que se me investiga. Acudí a la manifestación, como miles de canarios a ejercer mis derechos democráticos de forma pacífica».
Una versión similar a la que mantenía Isa Serra, la portavoz de Podemos en Madrid, que fue condenada a 19 meses de cárcel por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños a raíz del intento de frenar un desahucio en 2014 en la calle Tribulete, ubicada en el barrio madrileño de Lavapiés.
Ahora, el Supremo podría emprender un procedimiento de imputación formal solicitando al Congreso de los Diputados un suplicatorio para poder investigarle.
Pablo Iglesias, a las puertas de la imputación
El diputado Alberto Rodríguez no es el único que está a las puertas de la imputación del Tribunal Supremo.
La fórmula de solicitar un suplicatorio al Congreso de los Diputados también podrá usarse en contra del líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el caso de que la Sala de lo Penal acoja la exposición razonada que ha elevado contra él el juez de la pieza ‘Dina’, que investigó el robo de datos del teléfono móvil de su exasesora Dina Bousselham.
A pesar de que el PSOE y Podemos están intentando controlar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para salvar a Iglesias de sus ‘cloacas’, el Tribunal Supremo recibió más de 55.000 firmas para solicitar la imputación del vicepresidente segundo.
También podrán jugar en contra del líder de Podemos las amenazas de muerte e intentos de intimidación recibidos por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castellón.
