El juez Juan José Escalonilla desconfía totalmente de Podemos y de las ‘pruebas’ que está presentando para demostrar su inocencia.
El magistrado del ‘Caso Neurona’ ha solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que investigue la veracidad de los vídeos presentados por el partido de Pablo Iglesias.
Unas grabaciones que, presuntamente, servirían para justificar que la consultora chavista hizo el trabajo para el que fue contratada para las elecciones generales del 28 de abril de 2019.
En un nuevo auto, el juez Juan José Escalonilla ha fijado su interés en el contrato entre Podemos y Yugen Media que señaló la exresponsable de Cumplimiento Normativo Mónica Carmona en un reciente escrito enviado al instructor, al que llamó la atención sobre el hecho de que el objeto era la prestación de servicios sobre «redes sociales y producción audiovisual, similares a los contratados con Neurona».
«Nos hizo sospechar de una posible contratación duplicada de servicios que podría permitir el desvío de fondos desde Neurona, sobre todo a la vista de la enorme diferencia de precio» entre ambos contratos, dijo Carmona en su escrito, donde, además de responder al requerimiento de información del juez, añadió hechos nuevos respecto a la denuncia inicial de diciembre de 2019.
Escalonilla, en una decisión del 3 de febrero, ha remitido el contrato firmado el 21 de febrero de 2019 entre Podemos y Yugen Media a la UDEF para «comprobar su correspondencia con los servicios contratados por dicho partido político con la entidad Neurona Comunidad SL».
En concreto, el titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid ha pedido a la UDEF «comprobar si los vídeos presentados en la presente causa por el partido político pueden derivar de dicho contrato suscrito con Yugen Media, principalmente en relación con los posteriormente publicitados a través de YouTube y otras redes sociales».
En un auto del pasado mes de noviembre, Escalonilla ya había pedido a la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción (UCDE) investigar los vídeos entregados por Podemos para determinar «la autoría y la fecha de su realización, y cuales otros datos informáticos se puedan obtener».
Pánico podemita a Calvente
Podemos ya no chapotea solo en las cloacas de Pablo Iglesias.
El PSOE se suma al partido de extrema izquierda y rechazó, este miércoles 3 de febrero, que el exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, comparezca en el Congreso de los Diputados sobre el ‘Caso Neurona’.
Calvente tendría que participar en la Comisión de Calidad Democrática. Consciente del peligro que supone para los intereses de Pablo Iglesias, Podemos le vetó junto con los votos cómplices del PSOE.
Las declaraciones del exabogado de Podemos pueden ser desveladoras sobre la presunta financiación irregular de Podemos, que sigue imputado por el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid.
Los partidos del Gobierno de coalición, con la ayuda de sus socios de ERC, Bildu, PNV y Más País, que se han abstenido, han tumbado por 17 votos en contra, 15 a favor y 4 abstenciones una solicitud registrada por el PP, que sí ha tenido el apoyo de VOX y Ciudadanos.
La votación se ha producido en el seno de la conocida también como ‘Comisión Anticorrupción’ de la Cámara, presidida por el cofundador de Podemos y líder de Más País, Íñigo Errejón, después de que la Mesa del Congreso, controlada por la mayoría de PSOE y Podemos, rechazara el pasado 13 de enero la petición al respecto registrada por el PP para una sesión extraordinaria.
Conforme a la propuesta de los letrados del Congreso, y al ser enero periodo inhábil, socialistas y podemitas se opusieron a su tramitación “por no reunir los requisitos de legitimación establecidos en los artículos 73 de la Constitución y 61 del Reglamento de la Cámara para la convocatoria de sesiones extraordinarias”.
Según tales preceptos, “sólo pueden solicitar la celebración de sesiones extraordinarias el Gobierno, la Diputación Permanente o la mayoría absoluta de los miembros del Congreso”.
Es importante recordar que Calvente es denunciante del caso Neurona, donde el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid investiga, principalmente, la posible existencia de un contrato simulado entre esta consultora política mexicana y Podemos para la campaña electoral de 2019 con el presunto objetivo de desviar dinero de las cuentas del partido de extrema izquierda.
Además, el exabogado es testigo en el caso Dina-Iglesias, donde la Audiencia Nacional investigar el papel de Pablo Iglesias en la retención de la tarjeta de móvil a su exasesora Dina Bousselham.
Contra las cuerdas en los tribunales
A pesar de que Podemos logra evitar que comparezca José Manuel Calvente, no ha tenido tanta suerte en sus peticiones de archivar la investigación.
El pasado 21 de enero, la Audiencia Provincial de Madrid ignoró las pataletas de Podemos y quiere llegar hasta el fondo del ‘caso Neurona’.
La Justicia rechazó dos recursos de Podemos en los que solicitaba la nulidad o el archivo de la causa en la que se investiga un posible delito electoral por su contrato con la empresa Neurona para las elecciones de 2019 y, por otra parte, que se le retirase la condición de investigado.
Con Podemos aún bajo la lupa judicial, la Audiencia también ha urgido al instructor a concretar los delitos que cabe imputar al partido de extrema izquierda para evitar que la investigación pueda prolongarse «innecesariamente».
En un auto del 15 de diciembre, la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de apelación presentado por Podemos contra el auto del 10 de septiembre en el que el titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, se ratificó en su decisión de investigar a la organización política, tal y como ya había acordado en una providencia anterior del 28 de julio.
En dicho auto, Escalonilla (que en ese momento indagaba en los cuatro hechos supuestamente delictivos denunciados por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente) optó por acotar la investigación sobre el partido al contrato firmado con la consultora política Neurona para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, al sospechar que pudo ser un contrato simulado para desviar dinero de las cuentas de Podemos.
No obstante, la Audiencia de Madrid también ha instado al juez instructor a «determinar con celeridad qué delito o delitos cabe atribuirle como tal persona jurídica, de los incluidos en el catálogo de ‘numerus clausus’ según la legislación vigente aplicable y, más concretamente, con referencia a los hechos incardinables en el artículo 304 bis del Código Penal» (financiación ilegal).
La Audiencia Provincial ha apremiado a Escalonilla, según ha explicado, «para evitar que pueda prolongarse innecesariamente la investigación sobre el partido político Podemos en su posición de investigado, en aras de su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión».
De esta forma, la sede jurisdiccional se ha alineado con el juez, que en un auto del 12 de enero ya respondió a otro escrito presentado por Podemos en noviembre con el que pretendía que la causa quedara archivada para el partido. Sin embargo, Escalonilla insistió en mantenerlo imputado.
Simultáneamente, en otro auto del 12 de enero, el juez acotó su investigación a Neurona al ordenar el cierre de las pesquisas sobre las obras de la nueva sede y el disco duro de la ex abogada ‘morada’ Marta Flor. Anteriormente, ya había dado carpetazo a los otros dos hechos denunciados por Calvente: la supuesta ‘Caja B’ y los contratos electorales con ABD.
