La normativa de la extrema izquierda vetaría a las fundaciones franquistas, pero daría luz verde a las comunistas

El CGPJ acaba con la ‘cacería franquista’ de Sánchez: su Ley de Memoria vulnera la libertad ideológica y de expresión

Pablo Echenique reactiva los ataques de la extrema izquierda contra el Poder Judicial al cuestionar la creación de una ley que va en contra de los valores democráticos de un país

El CGPJ acaba con la ‘cacería franquista’ de Sánchez: su Ley de Memoria vulnera la libertad ideológica y de expresión
Pedro Sánchez y Francisco Franco PD

A Pedro Sánchez le está saliendo el tiro por la culata.

El Gobierno PSOE-Podemos quería emprender una ‘cacería franquista’ con el respaldo de la Ley de Memoria Democrática. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advierte que se trata de una normativa que vulnera la libertad ideológica, de expresión y de reunión.

Es decir, que atenta contra algunos de los aspectos garantizados por la Constitución y que son imprescindibles para garantizar los valores democráticos de un país.

El CGPJ, que estudiará el próximo lunes 7 de junio el informe de la ley, ya mostró sus primeras pegas a una normativa que solo busca acabar con la Fundación Francisco Franco y otras similares.  

Desde el Poder Judicial se han puesto numerosas objeciones al Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, lo que está crispando los ánimos en el Gobierno. En especial, en Podemos, donde han transmitido su malestar por el revés judicial a través de las redes sociales.

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, lanzó un ‘tweet’ atacando al Poder Judicial por no darles luz verde en su ‘cacería franquista’.

“El Poder Judicial defiende la ‘libertad ideológica’ de apoyar el genocidio de españoles y los gobiernos terroristas de Franco. El Poder Judicial no entiende que la violencia y el exterminio de compatriotas no son ninguna ideología y no caben en democracia. Da miedo”.

Un mensaje similar al que fueron difundiendo los ‘trolls’ de la extrema izquierda para aumentar la presión e intentar intimidar al Poder Judicial.

 

Las ‘inocentes’ matanzas comunistas

El Consejo General del Poder Judicial también critica la hipocresía de la Ley de Memoria Democrática, ya que busca acabar con cualquier organización franquista, pero excluye a cualquier víctimas de violaciones de derechos humanos en el mismo periodo histórico, pero de las que sean otros los responsables. Por ejemplo, del estalinismo.

Una parcialidad en la ley que va en contra de «las políticas de memoria desarrolladas en los distintos Estados miembros de la Unión» y de la importante Resolución del Parlamento Europeo de de 2019 que pide una cultura común de memoria histórica que rechace «los crímenes de los regímenes fascistas y estalinistas, y de otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado».

Así pues, el informe no ve problemas en sancionar las actuaciones que inciten directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, pero «siempre que por imperativo de la igualdad ínsita en el mismo principio de dignidad se tutele la dignidad de las distintas víctimas de violaciones de derechos humanos acaecidas en el periodo histórico contemplado por el legislador».

Una ley antidemocrática

La propuesta de informe que se llevará al Pleno del día 7 para su votación cuenta con otras numerosas objeciones.

Una de ellas, al apartado que prevé el cierre de fundaciones que hagan «apología del franquismo», que vulneraría el criterio del Tribunal Constitucional sobre la posibilidad de sancionar las ideas.

«La apología del franquismo, sin el requisito adicional de menosprecio o humillación de las víctimas, supone la expresión de ideas respecto de un régimen político contrario a los valores democráticos proclamados en nuestra Constitución, pero, como dice el Tribunal Constitucional, ‘al resguardo de la libertad de opinión cabe cualquiera, por equivocada o peligrosa que pueda parecer al lector, incluso las que ataquen al propio sistema democrático. La Constitución -se ha dicho- protege también a quienes la niega'».

Así pues, la referencia a la apología del franquismo «invade claramente el derecho a la libertad ideológica consagrada en la Constitución que, como se ha declarado reiteradamente, no impone un modelo de democracia militante y que tales ideas o creencias, en la medida que no comporten ‘incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del Golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, por su condición de tales‘, no pueden servir para la extinción de una fundación o asociación».

Además, el informe considera que la ley propuesta vulneraría el derecho de reunión, al entorpecer la celebración de «actos públicos contrarios a la memoria democrática».

«Del ámbito de aplicación del precepto debería quedar claramente excluidos los supuestos de ejercicio del derecho de reunión […]. Debe recordarse que conforme a la jurisprudencia constitucional, el carácter pacífico de una reunión no se ve alterado por el hecho de que en ella se expresen idea o se persigan objetivos que puedan ofender o molestar a otras personas o colectivos».

El informe ha sido elaborado por los vocales Wenceslao Olea y Roser Bach, el primero elegido vocal con a propuesta del PP y la segunda, del PSOE. Eso hace probable que finalmente concite el apoyo de la mayoría del Consejo, si bien un primer intento de presentar el proyecto de informe encomendado a otros dos vocales también de afinidades distintas no tuvo resultado.

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Autor

José Antonio Puglisi

Periodista italovenezolano especializado en economía y periodismo de investigación.

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