José Luis Ábalos fue ‘salvado por la campaña’.
El Tribunal Constitucional inadmitió a trámite el recurso presentado por VOX contra el archivo de la causa, con lo que acaba la investigación del ‘Delcygate’ y se dará paso a borrar las imágenes del polémico encuentro entre el ministro de Transporte y la ‘número dos’ del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Barajas.
La Sección Primera de la Sala Primera del Constitucional inadmitió a trámite el recurso de VOX contra el archivo de la causa por carecer de «trascendencia constitucional». La formación de Santiago Abascal había solicitado al TC que ordenase paralizar la destrucción de las grabaciones efectuadas en el Aeropuerto de Madrid la noche en la que se produjo un encuentro entre Ábalos y Rodríguez.
Este encuentro dio origen al conocido como caso ‘Delcygate’, que investigaba la estancia de Rodríguez en el aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas el 20 de enero de 2020, pese a tener prohibida la entrada en el espacio Schengen, investigación que fue archivada en abril de este año.
Al archivar causa, la medida implica la destrucción de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del aeropuerto, de acuerdo a la Ley de Protección de Datos, aunque existe la posibilidad de que el juez que investiga el caso Plus Ultra las incluya en su procedimiento, como reclama el PP.
Nexos del ‘Delcygate’ y Plus Ultra
A pesar de que el Ministro de Transporte intentó quitar importancia a su reunión secreta con Delcy Rodríguez -y a las misteriosas maletas que dejó la vicepresidenta chavista en el Aeropuerto Madrid-Barajas-Adolfo Suárez-, el Partido Popular vincula el encuentro con el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
El partido de Pablo Casado pide al Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid que conserve las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad al considerar que puede haber algún tipo de conexión entre esta escala y el rescate a la aerolínea Plus Ultra, apuntando a un posible delito de contrabando.
Es importante recordar que Rodríguez estuvo en el aeropuerto madrileño la noche del 19 al 20 de enero de 2020 de camino a Qatar, a pesar de que las sanciones impuestas por la Unión Europea que le impiden pisar el espacio Schengen.
Esa madrugada, la representante de la dictadura se vio con el ministro Ábalos y dejó un conjunto de equipajes que, según confirmaron a Periodista Digital fuentes próximas al régimen chavista, tenían dinero en efectivo y lingotes de oro para políticos en España.
Si bien el ‘Delcygate’ quedó definitivamente archivado tanto en los juzgados madrileños (donde se investigaba una presunta prevaricación por parte de los funcionarios que permitieron la presencia de Rodríguez en Barajas) como en el Tribunal Supremo (donde se tramitaba una querella de VOX y el Partido Laócratas contra Ábalos), ahora podrá tomar relevancia en las investigaciones por el polémico rescate.
El PP cree que el caso merece una investigación desde otro prisma tras las pesquisas iniciadas por el Juzgado de Instrucción Número 15 por el rescate de 53 millones autorizado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) «de modo absolutamente incomprensible en términos económicos y jurídicos» a Plus Ultra, «una empresa dedicada a la navegación aérea que tiene evidentes connivencias con el régimen venezolano».
El Partido Popular ve «esencial» conocer los motivos de la SEPI para mantener a flote a Plus Ultra. «Es decir, qué servicios o beneficios están pagando los poderes públicos (y por ende todos los españoles) mediante la concesión del rescate al régimen de Venezuela, o más bien qué clase de tráfico trata de garantizarse, o encubrirse con Venezuela», dice el PP en su escrito.
El PP subraya que, según declaró ante notario un testigo, la ‘número dos’ del régimen de Nicolás Maduro introdujo en España sin control aduanero «abundantes maletas» cuyo origen y contenido se desconocen. Para los de Pablo Casado, es «evidente» que esta actuación «puede ser constitutiva de un delito de contrabando, que hasta ahora no ha sido investigado».
«No es descartable, por tanto, que anulada la posibilidad de repetir en el futuro el mismo procedimiento, empleando para ello aviones oficiales del régimen venezolano, se haya decidido emplear, para continuar introduciendo en España mercancía ilegal, la apariencia de legalidad de un tráfico aéreo ordinario, con una empresa aérea que se rescata para la ocasión», indica.
