PERIODISTA DIGITAL YA ADELANTÓ EN ABRIL DE 2021 QUE LA JUSTICIA PODÍA PONER EN SOLFA LA ACTUACIÓN POLICIAL

Varapalo judicial a Marlaska: El ‘patadón en la puerta’ para acabar con una fiesta es ilegal

El ministro del Interior, que defendió con ahinco la actuación de los agentes, ahora calla ante la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid

Recurriendo a uno de los clásicos asertos de José María García, «el tiempo es ese juez único e insobornable que da y quita razones».

Pues bien, en este caso la Justicia ha hablado y ha tirado por la borda los razonamientos de la Policía de Fernando Grande-Marlaska para entrar en un domicilio como los Hombres de Harrelson derribando una puerta porque, simplemente, tenían constancia de que allí estaba celebrándose una fiesta ilegal en plena pandemia.

Los hechos sucedieron el 21 de marzo de 2021. Unos agentes de la Policía Nacional son avisados de que en un domicilio madrileño de la calle Lagasca se está celebrando una reunión de varias personas en la que, aparte de saltarse el toque de queda, hay más gente de lo permitido, sin mascarillas y sin distancia de seguridad.

Los policías acceden al interior de la vivienda a golpe de ariete y detienen a nueve de las 12 personas que estaban en la misma.

Pues bien, la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha propinado un duro golpe al ministro del Interior al considerar que se ha producido un exceso por parte de la Policía al entrar en un domicilio sin el consentimiento de sus moradores y sin que se estuviera produciendo un delito flagrante.

De hecho, entiende la sentencia que no puede justificarse como delito flagrante el hecho de que no se quisiera abrir la puerta e identificarse ante los funcionarios. Añade el escrito que la actuación de los agentes afectó a la inviolabilidad del domicilio, independientemente del estado de alarma.

Según razona la Audiencia Provincial de Madrid:

La razón de ser de la actuación policial consistía en la identificación de las personas que se encontraban en el interior de la vivienda, infringiendo las medidas de distanciamiento social y toque de queda para lo cual no era necesario penetrar en la vivienda por la fuerza, quebrantando el derecho a la inviolabilidad del domicilio.

Sin embargo, hasta la fecha, Grande-Marlaska había sostenido la legalidad del procedimiento de entrar por las bravas en un domicilio:

Nuestra labor hacer frente a infracciones de la ley y atajar fiestas ilegales, en modo alguno limitar o violentar un derecho fundamental. Cierto es que un piso turístico puede ser morada, pero hay casos en los que puede no serlo si su fin es otro, como hacer fiestas ilegales. En estas circunstancias actuales, muchos inmuebles se utilizan única y exclusivamente para realizar fiestas ilegales, no para vivir ni para realizar la intimidad propia.

Ahora, derrotado por las circunstancias, Marlaska ahueca el ala:

Tenemos que acostumbrarnos a respetar el Estado de Derecho.

PERIODISTA DIGITAL YA ADELANTÓ EL POSIBLE REVÉS PARA MARLASKA

De hecho, en Periodista Digital, el abogado Álvaro Rojo Quintana era muy claro al exponer los hechos y al considerar que posiblemente la Justicia podía perfectamente inclinarse en favor de la dueña de la vivienda.

Así lo contaba de manera pormenorizada:

El debate está abierto desde que el 21 de marzo de 2021 unos agentes de la Policía Nacional forzasen la puerta de una vivienda con un ariete para interrumpir una fiesta ilegal que celebraban doce jóvenes, nueve de los cuales resultaron detenidos.

Los agentes se amparan, tanto para tan aparentemente desproporcionada actuación, como para las consiguientes detenciones, en la comisión de delitos flagrantes de desobediencia, al haberse negado los jóvenes a abrir la puerta e identificarse.

La obligación a identificarse se encuentra regulada en la controvertida Ley de Seguridad Ciudadana, que establece la obligatoriedad de identificarse ante el requerimiento de los agentes (basado en la posible comisión de infracciones previas o la necesidad para prevenir delitos), y para el caso de resistencia o negativa a identificarse, se remite al Código Penal, que recoge el delito de desobediencia.

Subrayaba que todo era correcto…si esa actuación hubiese sido en la vía pública:

Hasta ahí todo correcto, y así habría quedado si la actuación se hubiese producido en la vía pública, pero lo cierto es que los jóvenes se encontraban en un domicilio particular, y ahí es donde entra la inviolabilidad del domicilio, recogida en el artículo 18.2 de la Constitución, que enuncia:

El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

Dejando de lado los supuestos en que el acceso es necesario para dar cumplimiento a una resolución judicial en un procedimiento administrativo, ajenos al caso que nos ocupa, el debate se circunscribe a la jurisdicción penal.

ARGUMENTOS ENDEBLES

Se hace una pregunta con una clara respuesta:

¿Puede considerarse que se estaba cometiendo un delito flagrante? ¿Se cumpliría pues el requisito para entrar en el domicilio a pesar de la negativa de los titulares y la ausencia de resolución judicial?

A juicio de este letrado, NO.

Sin perjuicio de la deriva judicial de este asunto y con la información publicada a este el momento, la actuación de la policía parece absolutamente desproporcionada, y próxima a lo delictivo.

Además, entiende que justificar que se trataba de un delito flagrante por la negativa a abrir la puerta era un argumento endeble:

Justificar la flagrancia del delito de desobediencia en la negativa a abrir la puerta no solo es un argumento extremadamente débil, sino que conduciría a situaciones absurdas que terminarían por dejar sin efecto la inviolabilidad del domicilio recogida en nuestra Constitución.

Bastaría con que la policía tocase la puerta de cualquier ciudadano, delincuente o no, y le pidiese que abriera y permitiera entrar a los agentes: Si se concediese permiso, se cumpliría el requisito del consentimiento del titular, y si se negase, estaría desobedeciendo y podrían echar la puerta abajo. De modo que, sin importar las circunstancias, la policía podría acceder a cualquier vivienda. Sin duda simplificaría labor policial, pero convertiría en papel mojado la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Constitución, y convertiría las autorizaciones judiciales de entrada y registro en un instrumento optativo y secundario.

«ALGUIEN EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR HA METIDO LA PATA»

Detallaba el letrado que:

Y es que, aplicando tal razonamiento, cabe preguntarse por qué no era ese el sistema habitual de actuación policial. ¿Por qué se solicitaban autorizaciones judiciales para entrar en domicilios? ¿Por qué esos autos tenían que ser motivados? ¿Por qué no llamaba la policía a la puerta de todos los narco-pisos pidiendo a los traficantes acceder para ver si hay droga? Evitaría realizar seguimientos, documentar investigaciones previas, solicitar autorizaciones judiciales y motivar extensamente autos judiciales y, al fin y al cabo, también se haría por una cuestión de salud pública.

Quizá la pandemia ha llevado al hartazgo de los agentes por las dificultades para hacer frente a las fiestas ilegales, quizá se ha primado la alarma social a las garantías constitucionales o quizá simplemente alguien en el Ministerio del Interior ha metido la pata, pero, a nivel jurídico, difícilmente puede defenderse esa actuación tras imaginarse las consecuencias de que se generalizase.

Sentenciaba con lo que tendrían que haber hecho los agentes antes de proceder a tan controvertida actuación:

La actuación correcta es clara: los agentes tendrían que haber acudido al jugado y haber solicitado a un Juez que dictase un auto de entrada y registro. Cuestión distinta es que el juez lo hubiese concedido, o que eventualmente no hubiese resultado nulo, pero por lo menos el debate se habría sido la corrección de una resolución judicial y no si unos agentes de policía han cometido un delito contra la inviolabilidad domiciliaria del artículo 534 o de detención ilegal del artículo 167 del Código Penal.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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