Los golpistas catalanes siguen, a pesar de los indultos del Gobierno de Pedro Sánchez, sin poder salirse con la suya.
El Tribunal de Cuentas acorrala a los separatistas y advierte que ve indicios de ilegalidad en el aval presentado por una treintena de independentistas facilitado por el ICO catalán.
Ante esta situación, el Tribunal de Cuentas solicitó a la Abogacía del Estado que realice un informe para que se lo remita lo antes posible (aunque el informe no es vinculante), ya que tiene «dudas sobre la suficiencia y legalidad» de que el ICF respalde a acusados de malversación.
Así lo determina la delegada instructora, Esperanza García, tras estudiar los documentos presentados por los golpistas catalanes. Con esta decisión, también pone entre la espada y la pared a los servicios jurídicos del Gobierno, quienes deberán posicionarse sobre los avales.
De esta manera, este martes no se sabrá si los avales con dinero público del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) son aceptados por el Tribunal de Cuentas y tampoco, por lo tanto, si el plan B de la operación de la Generalitat, después de que no encontrase bancos o entidades financieras privadas para ello (el plan A), surge efecto. El objetivo es que los implicados en el ‘procés’, entre los que están Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, no tengan que avalar con sus bienes las fianzas judiciales.
La factura del Procés
El Tribunal de Cuentas reclama un total de 5.422.879 euros a los líderes del ‘procés’, más de una veintena de ex altos cargos de Cataluña, por los gastos derivados de la promoción exterior del referéndum del 1 de octubre de 2017 con dinero público.
Así consta en la liquidación provisional complementaria realizada por el Tribunal de Cuentas, que este martes ha citado a las defensas de los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont, así como al exvicepresidente Oriol Junqueras, entre otros, para comunicarles los expedientes.
No acaba ahí el dispendio. Alrededor de diez millones de euros es lo que podría haber costado a las arcas públicas de Cataluña el ‘procés’ solo en lo que se refiere a la organización del referéndum ilegal del 1-O de 2017 –el Tribunal de Cuentas ya tiene consignados por este concepto 4,1 millones de euros– y la acción exterior realizada por la Generalitat entre 2011 y 2017 para conseguir la independencia de Cataluña.
El Diplocat: un pozo sin fondo
Este organismo reclama casi dos millones de euros al líder de ERC, Oriol Junqueras, y el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por el desvío de fondos para las ‘embajadas catalanas’ y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, más conocido como Diplocat.
A estos más de cinco millones de euros que reclama el Tribunal de Cuentas hay que sumar los 4,1 millones de euros que la instrucción del tribunal contable calculó que costó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y que ya fueron consignadas por personas del entorno independentista. Sin embargo, todavía quedaba por determinar la eventual responsabilidad contable de la acción exterior de Cataluña entre 2011 y 2017, cuestión que se abordará en la comparecencia de este martes 29 de junio de 2021.
Desafío a Pedro Sánchez
El Gobierno de Pedro Sánchez está presionando al Tribunal de Cuentas para que ‘indulte’ a los golpistas catalanes.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas demostró que no está dispuesto a entrar en los juegos políticos de Pedro Sánchez y ha defendido su “independencia en el ejercicio de sus funciones”.
En un comunicado, el Tribunal ha aclarado que se trata de un órgano constitucional, y así viene recogido por el artículo 136 de la Constitución Española, y que “ejerce con carácter supremo la función fiscalizadora del sector público”. Aunque no menciona al Gobierno, en el escrito pone el foco «las noticias que vienen apareciendo en algunos medios.
El otro día, Pedro Sánchez aseguró que las resoluciones del Tribunal de Cuentas sobre la malversación de fondos públicos de los líderes independentistas será “recurrible”.
La misión del Tribunal de Cuentas, argumentan, es contribuir a promover la buena gestión y salvaguardar los fondos públicos desde el ejercicio profesional de sus funciones fiscalizadora y jurisdiccional.
Asimismo, “el Tribunal de Cuentas ejerce una función jurisdiccional dirigida a enjuiciar responsabilidades contables para obtener la restitución de los fondos públicos ante usos indebidos de los mismos”, explica.
Al frente del juicio de los presos del ‘procés’ está la magistrada Margarita Mariscal de Gante, exministra del Partido Popular.
En el Tribunal de Cuentas estos cargos son aleatorios entre sus 12 miembros, por un sistema de reparto establecido desde el principio. A Mariscal de Gante le corresponde este asunto por el turno establecido. También es aleatoria la composición de la Sala que resolverá los recursos. Y da la casualidad de que tiene mayoría de consejeros elegidos por el PSOE.
En concreto, esa Sala de Justicia que resolverá los recursos está formada por Felipe García Ortiz y María Antonia Lozano, consejeros del PSOE, y por José Manuel Suárez Robledano, elegido por el PP. La última palabra la tendría el Tribunal Supremo, ya que cabe recurso de casación.
Los Consejeros y Consejeras de Cuentas de la Institución son elegidos por mayorías cualificadas de tres quintos de los plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, y son independientes e inamovibles conforme a la Constitución.
«El personal está integrado por profesionales altamente cualificados que han accedido al Tribunal por los procedimientos de ingreso en la función pública previstos en las leyes», explica el tribunal.
