El Tribunal de Cuentas está aumentando la presión contra los golpistas catalanes del 1-O.
Lejos de mantener una postura complaciente como el Gobierno de Pedro Sánchez, el Tribunal dio un plazo máximo de 15 días a los líderes independentistas del procés para que abonen un total de 5,4 millones de euros por los gastos ocasionados con la defensa de la causa en el exterior.
Así lo recoge en el acta de liquidación levantada esta mañana en la que determina que de esa cuantía, 5,1 millones corresponden a los daños ocasionados a los fondos públicos. En el caso de que no cubran el importe, el órgano fiscalizador advierte que procederán al embargo.
El acta se conoce tras dos días de alegaciones en relación a esta instrucción que surgió a petición del Congreso con el fin de fiscalizar el destino final de los recursos asignados a Cataluña entre 2011 y 2017.
De este modo divide los 5,4 millones de euros en partidas que van desde los viajes realizados al exterior por los expresidentes y exconsejeros catalanes hasta las relativas a las delegaciones creadas en el exterior para publicitar la deriva independentista.
La ‘factura’ del Procés
El Tribunal de Cuentas calculó la ‘factura’ que ha costado el golpe del 1-O. En concreto, estima que el desvío de dinero público de la Generalitat para promocionar el “procés” en el extranjero entre 2011 y 2017 fue de 5.422.899,28 euros
Un montante aún provisional al que deberán hacer frente con las correspondientes fianzas (una vez se resuelvan las alegaciones de las defensas) más de una treintena de ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, a quienes reclama 1,9 millones, y el expresidente Artur Mas, cuya supuesta responsabilidad contable asciende a 2,8 millones. El exconseller Raül Romeva, por su parte, afronta una posible fianza de 2,1 millones.
La partida más voluminosa se corresponde con las actividades de Diplocat para difundir en el exterior el plan soberanista y llevar a cabo actividades de sensibilización y de implicación de la sociedad civil catalana, así como impulsar programa de visitantes internacionales. En total, se habrían desviado 3,8 millones a este fin.
Descaro independentista
Oriol Junqueras, al que el Tribunal de Cuentas pide 1,9 millones de euros, sigue con su campaña para ser liberado de cualquier carga y avanzar, como han reiterado antes, durante y después de los indultos, hacia la independencia de Cataluña.
El independentista asegura que no renuncia «al combate por la amnistía» y ha criticado que el Tribunal de Cuentas le exija «casi dos millones de euros por haber defendido la democracia», en referencia al 1-O.
En un mensaje que ha difundido a través de sus redes sociales, Oriol Junqueras califica como «represión» las causas del Tribunal de Cuentas porque «se abalanzan sobre nosotros y sobre nuestras familias».
Presión a Sánchez
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, se presentó en Moncloa para trasladar a Pedro Sánchez la habitual agenda del independentismo y exigir cuáles serán los próximos pasos tras los indultos: Amnistía, referéndum de autodeterminación y desactivar al Tribunal de Cuentas.
“Es tiempo de acción y no de renuncias. Cataluña reclama la amnistía, la autodeterminación y el fin inmediato de la represión. Reactivar el diálogo sincero y la negociación con el Estado es la prioridad, sabiendo de dónde venimos, dónde estamos y dónde queremos ir. Nosotros lo tenemos claro”, indicó Aragonès en sus redes sociales antes de poner por primera vez sus pies en la sede del Gobierno de España.
En el camino hacia la amnistía y el referéndum de autodeterminación, los objetivos finales del Govern catalán, se ha cruzado el Tribunal de Cuentas.
Las cantidades millonarias a las que deben hacer frente los líderes del proceso separatista se han convertido en “piedras en el camino”, según expresión del ministro José Luis Ábalos, para el proyecto de concordia y reconciliación que el presidente del Gobierno decidió acometer con la concesión de los indultos.
Y la opinión del ministro socialista es compartida también por los socios de la coalición gubernamental. “Creo que la tarea del Ejecutivo es ir desbrozando las diferentes piedras del camino que nos vamos a encontrar”, defiende Irene Montero.
Todo apunta a que desde el Gobierno PSOE-Podemos ya están buscando la fórmula para dar un nuevo ‘indulto’ a las deudas de los golpistas catalanes.
