Ilocad, el bufete del que es administrador único Garzón, fue contratado por la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA

Más escándalos: Baltasar Garzón factura 9 millones a la Venezuela chavista por «coordinación» con la Fiscalía española

El contrato, suscrito en 2016, está en vigor y apunta directamente a Dolores Delgado, actual pareja del exjuez

Más escándalos: Baltasar Garzón factura 9 millones a la Venezuela chavista por "coordinación" con la Fiscalía española

La delgada línea que separa ética y estética en la relación entre Dolores Delgado y el ex juez Baltasar Garzón sigue proporcionado escándalos mayúsculos.

Y otra vez la Venezuela chavista del tirano Maduro está en el ajo.

Lo cuenta este 28 de septiembre de 2021 Francisco Mercado en The Objetive.

Un contrato de casi nueve millones de euros

Ilocad, el bufete del que es administrador único Baltasar Garzón, fue contratado en el año 2016 por la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, para la «coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial».

La empresa PDVSA, según esta misma fuente, fichó al despacho de Garzón por 8,8 millones de euros para interponer acciones legales en España contra proveedores de su filial Bariven por supuestos delitos de fraude y cohecho. Entre las misiones pactadas, figura, ojo al dato, la «coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España», lo cual afecta directamente a la pareja de Garzón, Dolores Delgado, actual fiscal general del Estado.

Como recuerda Mercado: Esta noticia salpica de lleno a la fiscal general del Estado, puesto que ella es la máxima responsable de los fiscales que tienen enfrente al bufete Ilocad, como acusación o defensa, en cada proceso en el que participan letrados de este despacho como el ‘caso Tándem’ o la citada causa de PDVSA.

El ‘affaire’ de Dolores Delgado y Baltasar Garzón mancilla los nombramientos de los fiscales de Anticorrupción

El ‘affaire’ entre Dolores Delgado y Baltasar Garzón genera incertidumbre y preocupación dentro del Poder Judicial.

Así lo demuestra la reunión del Consejo Fiscal, que se celebra este martes 27 de octubre de 2020, para informar sobre la provisión de 18 plazas en la cúpula fiscal, entre ellas un total de nueve en la Fiscalía Anticorrupción.

La Fiscal General del Estado, ‘novia’ del exjuez, tendrá que decidir qué destino tomarán las carreras de Ignacio Stampa y Miguel Serrano, los dos miembros del Ministerio Público a cargo de la investigación del caso Villarejo cuyo puesto fijo en Anticorrupción se dirimirá a lo largo de la jornada.

Es importante recordar que exjuez es el defensor jurídico en el ‘Caso Villarejo’, por lo que se podrá ver beneficiado por los nombramientos de los fiscales de Anticorrupción que anuncie Dolores Delgado.

Ignacio Stampa y Miguel Serrano no son titulares de una plaza fija del departamento dirigido por Alejandro Luzón, por lo que la reunión del Consejo Fiscal puede suponerles la seguridad de que podrán seguir investigando las actividades presuntamente irregulares del comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo.

En el caso de no ser elegidos, deberían abandonar Anticorrupción una vez concluya la comisión de servicios para la que fueron nombrados. En este sentido, tendrían que volver a la Fiscalía de Madrid, donde tienen plaza asignada.

Otro aspecto fundamental para entender la preocupación del Poder Judicial ante el ‘affaire’ de Dolores Delgado y Baltasar Garzón es que las decisión será tomada finalmente por la exministra de Justicia de Pedro Sánchez, ya que las valoraciones de los vocales del Consejo Fiscal no son vinculantes.

Dado que la propia Delgado salió a colación de algunas conversaciones grabadas por el propio Villarejo que obran en el sumario de ‘Tándem’, fuentes fiscales opinan que ésta debería abstenerse en el Consejo de cualquier decisión que pueda afectar a los fiscales del caso, así como comprometer la separación de poderes o beneficiar a su ‘novio’.

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