Recibió correos electrónicos semanales con frases intimidatorias como “múdate”

Cristina Seguí relata su ‘calvario’ hasta llevar a Mónica Oltra a la imputación: «Me ha costado amenazas a mi familia»

La periodista y presidenta de Gobiérnate recuerda que llevó el caso “en la más absoluta soledad” a pesar de las presiones de la izquierda y extrema izquierda

Cristina Seguí detalló todo el sacrificio que costó lograr la imputación de Mónica Oltra.

La periodista y presidenta de Gobiérnate recuerda que llevó el polémico caso “en la más absoluta soledad” hasta que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) anunció que investigará a la vicepresidenta valenciana por el presunto encubrimiento de abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada.

No se trató de un camino de rosas, ya que Seguí tuvo que enfrentarse a todo tipo de presiones de la izquierda y la extrema izquierda, desde la censura, querellas y señalamientos políticos hasta incluso amenazas semanales.

Por ejemplo, en sus redes sociales recordó que “tuvo un libro censurado durante una semana antes de salir a la venta por parte de La Esfera de los Libros, donde tocaba con detalle el asunto. La Mafia Feminista que, finalmente, se atrevió a publicar BH Legens”.

No se trata de un caso aislado. La periodista también fue expulsada de las ruedas de prensa de Oltra “usando a policías de la unidad adscrita de Valencia”, así como ya lo había denunciado en octubre de 2021. Además, de sufrir señalamientos de la vicepresidenta valenciana dentro de las Cortes. 

Como si fuera poco, Seguí también recibió “dos querellas de Oltra por injurias y calumnias por toda la información recopilada durante estos años, y hecha suya por la Fiscalía y el magistrado instructor”. 

Unas presiones que alcanzaron su máximo nivel cuando recibió “amenazas y coacciones a familiares en el ejercicio de su labor profesional”, además de correos semanales con frases intimidatorias como: “Múdate”.

La imputación

«Existen una serie de indicios plurales que en su conjunto hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la señora Mónica Oltra y diversos funcionarios a su cargo, con la finalidad, o bien de proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la aforada».

Es una de las demoledoras frases que utiliza la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para justificar la imputación de la vicepresidenta de la Generalidad Valenciana y consejera de Políticas Inclusivas, en la causa que investiga la gestión que hizo la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de los abusos sexuales de su entonces marido a una menor tutelada de 14 años, entre 2016 y 2017.

Pero no es la única. Y oltra declarará desde el banquillo el próximo 6 de julio.

Así lo ha decidido la Sala, tribunal al que el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia remitió las actuaciones el pasado mes de abril al estimar que existían hechos presuntamente delictivos atribuidos a Oltra.

Se envió la causa a este órgano ante la condición de aforada de la consejera. Tras recibir las actuaciones, el tribunal preguntó a las partes del procedimiento (acusaciones y defensas) sobre la competencia para instruir el caso. Fiscalía se pronunció favorablemente a que lo asumiera el TSJCV por ver indicios «relevantes» contra Oltra.

En concreto, en este procedimiento se investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada, de 14 años, a manos del exmarido de Oltra entre los años 2016 y 2017.

El educador fue condenado a cinco años de prisión en una resolución ratificada por el TSJCV. Tras la condena, la menor denunció la situación en la que se había encontrado durante la tramitación de la causa y desde el juzgado se abrió una nueva investigación judicial contra seis funcionarios, la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores donde ocurrieron los hechos.

Posteriormente, se imputó a cinco personas más: una directora general, una subdirectora general, un secretario territorial, una jefa de servicio y una técnico. Un total de 13 investigados.

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Autor

José Antonio Puglisi

Periodista italovenezolano especializado en economía y periodismo de investigación.

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