MADRID, 2 (OTR/PRESS)
Los coletazos políticos del intenso mes de julio se prolongan a esta semana que comienza. Y es que los nervios se han desatado ante la previsible decisión del Tribunal Superior de Justicia valenciano este lunes, decidiendo archivar o proseguir con la ramificación valenciana del «caso Gürtel». Una ramificación en la que ya sabemos que estaría incurso el propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por haber recibido presuntamente tres trajes de la empresa Orange Market, dirigida por Alvaro Pérez, «el bigotes», uno de los dos cabecillas máximos de la «trama Gürtel». Camps está acusado de un presunto delito de cohecho impropio, por el que, de ser hallado culpable de haber recibido los regalos, apenas tendría que pagar una multa inferior a tres mil euros. Un «affaire» penalmente ridículo, desde luego, pero en el que las implicaciones políticas serían, obviamente, mucho más importantes, ya que el presidente de la Generalitat negó haber recibido los trajes como regalo y aseguró haberlos comprado.
El estado de crispación que está generando la demora del Tribunal para decidir por dónde va a proseguir su camino está desatando una auténtica guerra subterránea, en la que tanto los partidarios de Camps como sus detractores políticos se cruzan acusaciones de presionar sobre los jueces, filtrar informaciones «absurdas» y tratar, en definitiva, de influir sobre el proceso. Todo un muestrario de los vicios políticos del país, evidenciados ahora en este asunto, pero no sólo en él.
Desde determinados medios, más o menos siempre los mismos, se afirma que los jueces que verán el caso son «conservadores», sugiriendo así un posible trato benévolo a favor de Camps, pudiéndose llegar -y así lo consideran probable algunas fuentes- a archivar el caso. Además, en las últimas horas se han producido algunas nuevas filtraciones periodísticas relacionadas con el sumario, filtraciones que podrían generar la sensación de que la corrupción está generalizada en la Administración valenciana; pero lo cierto es que tales informaciones apenas hablan de regalos de relativamente escasa cuantía a altos funcionarios en época de Navidad, y nada sugiere que haya habido contraprestaciones a cambio ni que esos funcionarios tuvieran relación con los actos que Orange Market organizaba en instancias valencianas.
Así, algunas filtraciones, que el Partido Popular describe como «interesadas» y «malintencionadas», se han ido diluyendo, incluida la que hablaba de un regalo de bolsos a la alcaldesa «popular» valenciana, Rita Barberá. Algo semejante parece haber ocurrido con las informaciones que hablan de que el sesgo de los magistrados que entienden del asunto es conservador y, que en algún caso, existe una relación de amistad con el propio Camps, una sugerencia de que podría existir un riesgo de prevaricación en el caso, lo que constituye una velada acusación que, desde la Justicia valenciana, se ha advertido que sería «intolerable».
En el otro lado, se habla también de presiones de sectores del PP sobre los magistrados y, en concreto, algunas fuentes señalan el nombre del ex ministro y ex presidente del Congreso, Federico Trillo, quien, de acuerdo con lo que van diseminando algunos medios, llamaría «cada día» a estos magistrados, algo que desde círculos cercanos a Trillo -al menos a mí me ha resultado imposible contactar personalmente con él, que permanece últimamente y contra su costumbre alejado de los periodistas_ se desmiente.
Llegamos así a lo que pueda ocurrir este lunes, si es que finalmente ocurre algo, en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que se enfrenta a varios casos (los de Camps, el «número dos» del PP valenciano Ricardo Costa, el ex vicepresidente Víctor Campos y el del jefe de protocolo de la Diputación Rafael Betoret), de lo que el Código Penal califica como cohecho impropio, también conocido en medios jurídicos como imperfecto. Se trata de una figura penal extraña, en la que no se presupone que el funcionario haya cedido contraprestaciones a quien le regala algo y que tampoco fija la cuantía mínima para que este regalo empiece a tener relevancia penal.
Y, así, se puede dar el caso de que funcionarios de la Generalitat que recibieron obsequios navideños por valor de cien o doscientos euros procedentes de Orange Market -de otras empresas no se habla, porque no están en el sumario- tengan que comparecer ante el juez como presuntamente incursos en este peculiar delito. Como ya han tenido que someterse a la «pena infamante» de ver sus nombres en los periódicos, relacionándolos con el pringoso «caso Gürtel», gracias a más o menos oportunas e interesadas filtraciones a algunos medios periodísticos que no se han recatado a la hora de publicar las «listas» de quienes, voluntaria o involuntariamente, recibieron estos regalos, que van desde gemelos hasta bufandas o algún reloj.
Camps, que alguna vez se sintió tentado de tirar la toalla, ha aguando en el cargo y afrontará la decisión de hoy con dos posibilidades en la mano: si el caso se archiva, lógicamente todo seguirá igual. Si sigue su curso, podría presentar, afirman medios de la Generalitat, la dimisión, en la casi seguridad de que sería finalmente absuelto y podría volver por la puerta grande a presentarse a las elecciones de 2011, ganándolas, a la vista de la endeblez de la oposición valenciana. En este segundo supuesto, se barajan varios nombres como sustitutos interinos de Camps, como el del conseller Juan Cotino o el también miembro del Gobierno autonómico Gerardo Camps, mientras pierde fuerza el del vicepresidente Vicente Rambla, a quien algunos quieren culpar de la mala estrategia de comunicación llevada en este caso, hasta el punto de que la televisión oficial valenciana ha informado poco, tarde y mal sobre el asunto.
Alta temperatura, así pues, en este «incendio político valenciano» que afecta, lógicamente, al conjunto del Partido Popular, cuyo líder máximo, Mariano Rajoy, se ha volcado resueltamente a favor de Camps, uno de sus más fuertes aliados dentro del partido. Lo que este lunes ocurra en el TSJV tiene, lógicamente, inquietos, muy inquietos, a unos dirigentes «populares» que, oficialmente, han iniciado ya sus vacaciones. La procesión va por dentro o ni siquiera tan por dentro.
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