MADRID, 26 (OTR/PRESS)
Se intuía, prácticamente se sabía, que era imposible que Chaves y Griñán durante años no supieran nada de lo que se cocía a su alrededor, que era muy difícil de creer que ninguno de sus subordinados les mantuvieran al tanto. ¡Menuda forma de mandar sería esa! Ahora el juez del Tribunal Supremo ha concluido que existen indicios de que los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán cometieron un delito continuado de prevaricación, al poner en marcha y mantener un sistema ilegal con el que disponer sin control alguno de cantidades millonarias para ayudas sociolaborales. Lo cierto es que la exposición razonada del juez Barreiro a la hora de pedir el suplicatorio en el Congreso es de tal dureza en sus términos que permite concluir que, al final, ambos expresidentes, además de Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, se sentarán en el banquillo de los acusados y con ellos se pondrá en cuestión una forma de gobernar «basada en el clientelismo político», como ha denunciado Izquierda Unida.
Lo que se va juzgar es, ni más ni menos, cómo todos los niveles de la Administración andaluza se pusieron al servicio de una trama corrupta que se dedicó, durante mas de una década, a utilizar recursos públicos para comprar adhesiones políticas al PSOE a través de ayudas irregulares. Según el instructor, los expresidentes ejercieron el poder de forma arbitraria para desviarlo hacia unos objetivos que tenían un componente claramente ilícito, y con ese fin «cebaron sin descanso las partidas de los ERE». En resumidas cuentas, estamos ante uno de los mayores escándalos de corrupción ocurridos en nuestro país desde la Transición y también una de las mayores estafas políticas de compra de votos indirectos que hemos conocido.
Entiendo que a Pedro Sánchez se le revuelvan las tripas y es loable la rápida reacción de la nueva dirección del partido, teniendo en cuenta que estos días están enarbolando más que nunca la bandera de la honestidad, de la transparencia y del cambio político, pero urge que ejerza su liderazgo y como secretario general exija a Susana Díaz que haga en su partido en Andalucía una limpia de arriba a abajo, eliminando cualquier foco de corrupción que haya podido quedar.
Si los pactos con Podemos ya han levantado ampollas y el líder del PSOE tendrá que estar vigilante para que, finalmente, los de Pablo Iglesias no les coman la merienda, la imputación de los dos expresidentes de su partido y la imagen de corrupción en la federación socialista más importante no es cosa menor. El silencio de la presidenta Susana Díaz nada más conocerse la imputación choca con el discurso que ella misma ha mantenido desde que fue elegida. Curiosamente, en esta ocasión no ha querido marcar territorio propio, como intenta hacer siempre, y ha dejado el papelón a Ferraz para que sea César Luena quien dé la cara. ¡Mal asunto salir sólo en el momento de los aplausos y no cuando las cosas se tuercen!
Sea como fuere, la imputación no es una condena y, aunque la presunción de inocencia no está, ¡desgraciadamente!, de moda en estos tiempos revueltos, habrá que esperar al veredicto final de los tribunales para hacer un análisis exacto. De momento ya hay uno de los cuatro imputados, José Antonio Viera, que le ha hecho un corte de mangas a la directriz de Susana Díaz de que los imputados dimitieran. El que fuera secretario general de los socialistas en Sevilla ha dicho que nones, que se da de baja en el partido, pero que se niega a dejar el acta de diputado porque quiere mantener su defensa como aforado ante el Tribunal Supremo. El líder de la agrupación sevillana, la más poderosa electoralmente de toda España, pasará al grupo mixto porque, como muchos equivocadamente, se cree que el escaño es propiedad privada y no un préstamo que le han hecho los ciudadanos y que no sirve para quienes se saltan la ley a la torera. ¡Vivir para ver!
