De los 18.000 inmigrantes que han entrado en territorio español a través de Gran Canaria durante esta gran crisis, fuentes policiales aseguran que sólo se ha podido confirmar fehacientemente la identidad del 10%.
Entre los identificados han sido ya localizados 10 con antecedentes penales en sus países, que han sido expulsados.
Es sólo una gota de agua en el inmenso océano.
La situación en Canarias es límite.
Grande -Marlaska, ministro del Interior, aterriza este 20 de noviembre de 2020 en Rabat con una misión poco menos que imposible: arrancar de Marruecos un compromiso firme de que hará todo lo posible para incrementar la vigilancia en sus costas y, de esta manera, cerrar el creciente flujo migratorio con destino al archipiélago.
Las devoluciones en caliente, que ayer anunciada con gran alarde la RTVE de Pedro sánchez, no pueden aplicarse en Canarias ya que es una medida específicamente pensada para fronteras terrestres y, más específicamente para Ceuta y Melilla.
La Ley de Seguridad Ciudadana establece que se podrá devolver a los inmigrantes ilegales a su país de origen cuando hayan cruzado la frontera pero antes de haber superado el último elemento de control español, por ejemplo una patrulla de la Guardia Civil situada a 10 metros de la valla. Una vez superado este último elemento de control pasada la frontera, como por ejemplo cuando el inmigrante ya ha llegado a un Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) a territorio español en general, se cierra la ventana de oportunidad de efectuar una devolución en caliente.
Este es, claro está, el caso de todos los inmigrantes ilegales que se encuentran actualmente en el muelle de Arguineguín y otros lugares de Canarias.
Lógicamente la única manera de devolver «en caliente» a los inmigrantes de Canarias sería remolcar de vuelta sus embarcaciones a Marruecos antes de tocaran las playas canarias o que lo hicieran las autoridades marroquíes, ambos extremos impensables.
El Gobierno PSOE-Podemos ha tratado durante meses de negar la evidencia, pero la difusión de vídeos de cientos de magrebíes y subsaharianos abandonando el muelle de Arguineguín para pasar la noche ante la sede de la Delegación del Gobierno ha llevado al Ministerio del Interior a mandar todos los efectivos antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía de las Islas Canarias a Gran Canaria y, además, reforzarlo con más unidades provenientes de la península.
Canarias es un caos, abandonada a su suerte por un Ejecutivo sobrepasado por la realidad y enredado en sus mentiras.
Apenas queda tiempo de que la presión se reduzca en Canarias antes de que el 2 de diciembre empiece el desembarco masivo de turistas extranjeros que, si bien siempre son necesarios, este año de pandemia eran oxígeno puro para el sector empresarial que sustenta la actividad económica de la región.
Los inmigrantes malviven en condiciones inhumanas y la Policía es incapaz de poner orden ni control.
El protocolo exige que a cada inmigrante se le realice una entrevista personal en la que se revisa la documentación que porte a su llegada a la isla.
Los datos de esa documentación, las huellas dactilares de la persona en cuestión y sus fotografías son las herramientas para saber quién es exactamente el que acaba de bajar del cayuco.
Cumplir ese protocolo es imposible, de modo que la Policía sólo puede identificar a un pequeño porcentaje. Aún así reconoce que ya ha identificado a inmigrantes con antecedentes penales en sus países de origen.
El problema es que el plazo máximo que una persona puede ser retenida por la Policía es de 72 horas, de modo que ante la imposibilidad de establecer un dispositivo eficaz de control se desconoce la identidad de la mayoría de personas.
Fuentes policiales temen que se produzca un efecto llamada y que mafias que están permanentemente tratando de llegar a Europa a través de España aprovechen el caos actual para conseguir su propósito.
Según Marlaska, la situación no es grave, pero las imágenes no engañan.
Canarias está fuera de control y a Sánchez la situación se le ha ido de las manos.
