Es una huelga de boca pequeña, en la que las centrales no desean la derrota completa del Gobierno amigo y hasta hace unos meses aliado, y éste tampoco está por la labor de propiciar un fracaso sindical absoluto
Para colapsar un país en una huelga general se necesita sobre todo bloquear los transportes, y luego cerrar las escuelas y los comercios. Como escribe Ignacio Camacho en ABC, resultan imprescindibles tres cosas: «piquetes, piquetes y piquetes«.
No necesariamente violentos -la violencia sería la puntilla del desprestigio sindical-pero sí coactivos y con suficiente visibilidad intimidatoria.
Inmovilizando los metros, las redes de cercanías y los autobuses e inyectando silicona en las cerraduras de bancos, colegios y tiendas se consigue el efecto de un cierre completo a primera hora -quizás amplificado con el fundido en negro de Telemadrid y alguna otra tele pública- que permita proclamar desde bien temprano el triunfo de la convocatoria.
Lo que ocurra después, la lenta recuperación de una relativa normalidad a lo largo de la jornada, carece de importancia ante la impresión inicial de los informativos, que es la que prevalecerá entre la guerra de cifras y porcentajes propia de esta clase de negocios.
Es el impacto primerizo y mañanero en los grandes núcleos metropolitanos lo que garantiza el éxito de un paro de grandes dimensiones.
Las huelgas no son una demostración de convicción argumental sino un ejercicio de fuerza. Lo que los convocantes pretenden mostrar es su musculatura organizativa para detener la vida de un país, y en ese desafío se juegan su razón de ser incluso en una cita tan poco motivada como la del día 29, llena de titubeos, mala conciencia y medias tintas que ponen de relieve la falta de fe de sus promotores y sus dudas ideológicas y estratégicas.
Es una huelga de boca pequeña, en la que las centrales no desean la derrota completa del Gobierno amigo y hasta hace unos meses aliado, y éste tampoco está por la labor de propiciar un fracaso sindical absoluto que deje descosida a su principal red de apoyo social.
Pero los sindicatos se juegan mucho más que nadie; su predicamento está tan desgastado que una desmovilización patente acabaría con cualquier posibilidad de influencia a medio plazo sobre la vida laboral y política española.
En una circunstancia así, los servicios mínimos son papel mojado porque no ofrecen ninguna seguridad.
Si el Gobierno cumple su responsabilidad de hacerlos respetar, sobre todo en los transportes, el paro no alcanzará el 40 por 100 de la población trabajadora, que en su mayoría no parece dispuesta a secundar una iniciativa que no entiende.
Si por el contrario el poder consiente el bloqueo de las comunicaciones y hace la vista gorda ante los piquetes permitirá salvar la cara a sus hermanos separados con un día de relativa hegemonía en la calle.
Es la hipótesis más probable, un quid pro quotácito, un pacto implícito de no agresión mutua: ni demasiada rigidez por una parte ni excesiva pasión rebelde en la otra.
El miércoles será, de todos modos, un día histórico para las relaciones laborales: el único del año en que los liberados trabajen.
