Jaime González

Patriotas de hojalata

Patriotas de hojalata
Jaime González. PD

El dictamen del Consejo de Estado ha reabierto la polémica sobre la tragedia del Yak-42 y la lacerante obscenidad que envolvió la gestión del accidente. Han pasado trece años y la memoria todavía se estremece al recordar lo ocurrido.

A la nefasta cadena de errores cometidos se unió la feroz campaña promovida desde la oposición, presta a cobrarse la pieza de una catástrofe en la que el dolor, la negligencia y la infamia se amontonaron sobre los cadáveres de 62 militares españoles, despojados de la más elemental dignidad.

A los familiares de las víctimas se les dispensó un trato tan áspero que se fundieron todos los medidores de insensibilidad.

Han tenido que pasar muchos días para que María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa del Gobierno del PP, les reparara el daño moral causado y se comprometiera a alumbrar los puntos negros de un siniestro que fue utilizado como munición electoral en una grosera exhibición de impudicia política.

A cada cual lo suyo, porque aunque las responsabilidades fueron evidentemente distintas, ni Gobierno ni oposición estuvieron a la altura de lo que demandaban el duelo, el reconocimiento y el respeto que merecían nuestros soldados caídos en acto de servicio.

Trece años después, seguimos como entonces, unos a la defensiva y otros, en plena estrategia de acoso y derribo.

Las revelaciones de ABC desvelando que Alfredo Pérez Rubalcaba dio 274.000 euros al contratista del accidente cuatro años después del mismo, cuando la empresa ya había sido condenada, ponen de manifiesto que la hipocresía no es patrimonio exclusivo de nadie y que en política el cinismo va por barrios.

Ha dicho José Bono que «se contrataban aviones basura», refiriéndose -claro está- al Gobierno del PP. Si se contrataban aviones basura antes del accidente, la pregunta es por qué se subvencionó a la misma empresa responsable de los aviones basura después del accidente.

Haría bien el exministro de Defensa en responder a esta pregunta y en aclarar dónde están los documentos que presuntamente probarían que alguien se quedó con 110.000 euros destinados al pago del avión ucraniano.

Amenaza con sacarlos a la luz y alguien debería conminarle a hacerlo de manera inmediata, porque si existe esa documentación tiene que ponerla a disposición de la Justicia y no usarla como si fuera mercancía, que ya está bien de jugar al gato y al ratón con una tragedia que no admite más dosis de ocultismo.

Trece años después, el Yak-42 sigue sobrevolando -perdón por el eufemismo- sobre el terreno de la indecencia política y parece que algunos continúan empeñados en utilizar los cadáveres de 62 compatriotas como arma arrojadiza.

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