El Informe del Defensor del Pueblo culpa a la gestión aplicada por el socialista García Page en Castilla-La Mancha, asegurando que se ha producido un «desbordamiento de servicios sanitarios, un funcionamiento de hospitales muy alterado, problemas para el reconocimiento de la asistencia sanitaria, quejas por las medidas de restricción de derechos, saturación de los servicios en el nivel de atención especializada y hospitalaria, muchos problemas en la prestación de transporte sanitario».
Castilla-La Mancha ha hecho públicas 1.196 de las 29.015 quejas recibidas por el Defensor del Pueblo a manos de la población de Castilla-La Mancha a lo largo del pasado año 2021. Dichas críticas son de índole sanitaria, y relacionadas con la Función Pública y Justicia, según el informa publicado el pasado 8 de abril.
Más concretamente, 153 quejas vienen del sector sanitario, otras 149 hacen referencia al empleo público, mientras que 101 están relacionadas a la mala gestión de la administración de justicia.
Emiliano García-Page
De ese total, Toledo registró una cuantía de 478 quejas; seguida por Ciudad Real, con 243; en tercer lugar se encuentra Guadalajara con 216; sigue Albacete con 160 y, por último, Cuenca, con un total de 99.
Algo a destacar ha sido la mala gestión conseguida con el Gobierno socialista de Page referida al COVID. El informe muestra unos datos en los que aparecen un total de 29.015 quejas obtenidas el año pasado, el 8% de esas quejas esta están relacionadas con el área de actuación sanitario.
«Las circunstancias de emergencia sanitaria aún están presentes y la gran mayoría de esas quejas afectan cuestiones directamente relacionadas con las políticas y las medidas administrativas de salud pública, aunque el incremento se ha observado en todas las materias relacionadas con el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS)».
El propio Defensor del Pueblo lamenta todas quejas y fallos cometidos.
Además, aseguran que la masiva vacunación llevada a cabo y la existencia de las sucesivas oleadas de contagios «han seguido dejando mucho sufrimiento por las personas que han fallecido o enfermado gravemente”.
A su vez, el Defensor del Pueblo ha recogido numerosas críticas que hacen referencia a las incidencias y problemas para el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria con fondos públicos que «afectan a unos grupos determinados de personas extranjeras que viven en España, mayoritariamente residentes cuya autorización legal, en virtud de lo dispuesto en la normativa de extranjería, está vinculada a la obligación de disponer de medios propios de atención sanitaria, mediante un seguro público o privado”.
Ha hecho hincapié además en la saturación de servicios, que ocurre también en la atención especializada y hospitalaria.
«Es necesario que estas adopten medidas más efectivas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios de ambulancia, tanto en la atención urgente como en la programada».
