Los alumnos podrán cursar tanto Religión como Valores Culturales y se pasará de curso con dos suspensos, si no coinciden Matemáticas, Lengua y Lengua cooficial
La reforma educativa aprobada este 17 d emayo de 2013 por el Consejo de Ministros prevé que el Estado adelante dinero para pagar clases en colegios privados en Cataluña a los alumnos que deseen estudiar en castellano como lengua vehicular y no tengan oferta pública en este idioma.
El Gobierno, que calcula un coste de cinco millones de euros para una hipótesis de mil alumnos, descontará luego este gasto de la financiación correspondiente a la comunidad autónoma.
Esta es la fórmula por la que ha optado el Ministerio de Educación en la futura Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) después de que el Consejo de Estado advirtiera de que la propuesta inicial, que consistía en que fuera la comunidad autónoma la que directamente pagara el colegio privado si no había oferta pública en castellano, no debería figurar ley porque la forma en que se garantice el derecho a estudiar en esta lengua es una competencia autonómica.
Con el mecanismo establecido ahora en la última versión del proyecto, el Gobierno busca garantizar el derecho a escoger el castellano como lengua vehicular, amparado por sentencias del Tribunal Constitucional, pero sin afectar a las competencias de la comunidad.
Tras la aprobación por el Consejo de Ministros, el proyecto de ley se enviará al Congreso para su tramitación parlamentaria. Se pretende que se aplique ya de forma escalonada en los cursos 2014-15 y 2015-2016.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha destacado en su comparecencia tras la reunión del Consejo que el proyecto «garantiza el derecho a la educación» y «asegura la permanencia» de los alumnos en el sistema educativo, frente a las altas tasas de abandono temprano actuales..
El procedimiento para garantizar el castellano en Cataluña sería el siguiente: si una familia considera que no se está garantizando su derecho a estudiar con el castellano como lengua vehicular, debe acudir a la autoridad educativa de la Comunidad.
Pero si ésta sigue sin satisfacer su derecho, entonces la familia deberá acudir a la Alta Inspección del Estado, que se encagará de comprobar que efectivamente no hay oferta suficiente que garantice la enseñanza en castellano.
Si es así, entonces abrirá un mecanismo «transitorio», mientras la comunidad no resuelve ese problema, por el cual el alumno recibirá clases en un colegio privado y el Estado adelantará el dinero. Posteriormente, el Gobierno detraerá la cantidad desembolsada por este concepto de la financiación correspondiente a la comunidad.
Según fuentes del Ministerio de Educación, todo esto no sería necesario si Cataluña cumpliera las sentencias que ponen de manifiesto su obligación de garantizar el derecho a estudiar en castellano como lengua vehicular.
En este sentido, consideran que no entra en las competencias del Estado señalar si debe optar por un modelo bilingüe o trilingüe, como los de otras comunidades con lengua cooficial, o uno similar al vasco, donde se puede optar por varios sistemas alternativos en los que se prima el euskera, el castellano o se estudia en ambos por igual.
Un «cambio fundamental» en el sistema
Pero la cuestión del castellano en Cataluña es sólo uno de los muchos que regulará la Lomce, que, según el Ministerio, supone un «cambio fundamental» en el sistema educativo en España, destinado a reducir los altos niveles de fracaso escolar (uno de cada cuatro alumnos abandonan sus estudios antes de tiempo) y los pobres resultados educativos, como ponen de relieve informes como el de PISA.
Para tratar de paliar estos problemas, entre otras medidas se adelanta a 3º de ESO la elección de itinerarios hacia la FP o el Bachillerato, se establece una nueva formación profesional básica, con dos años obligatorios, así como evaluaciones externas (más conocidas como «reválidas») en 3º y 6º de Primaria, cuyo contenido fijará cada comunidad, y al final de la ESO y del Bachillerato, cuya definición corresponderá al Estado.
En las últimas semanas, después de las recomendaciones incluidas en el dictamen del Consejo de Estado, se han realizado varios retoques. Uno de ellos afecta a Religión y sus «asignaturas espejo» de formación ético-cívica.
El Consejo de Estado consideraba que los alumnos que, en la anterior redacción del borrador de la ley, los alumnos que escogieran Religión estarían discriminados porque no podrían estudiar la asignatura «espejo», que en Primaria se denomina «Valores culturales y sociales» y en Secundaria «Valores Éticos».
Pues bien, el Ministerio ha resuelto que finalmente se deba escoger obligatoriamente entre Religión o la «asignatura espejo», pero además ambas se oferten entre la lista de materias optativas, de modo que ni unos ni otros puedan verse discriminados.
También se ha retocado la redacción relativa a la distinción entre asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica. Las primeras son aquellas cuyo contenido definirá completamente el Estado; las específicas en las que el Estado fija unos contenidos mínimos, y las de libre configuració autonómica las que corresponde en su totalidad a la Comunidad.
También se aclara que los colegios con educación diferenciada por sexos deben garantizar el mismo nivel educativo que los mixtos.
Educación para la Ciudadanía seguirá sin existir como asignatura aparte y sus contenidos se distribuirán por el resto de materias.
