“Un Gobierno de progreso”, de Joaquín Leguina; “El PP acusa a Sánchez de ‘polarizar’ y rechaza su propuesta de pacto de Estado sobre el cambio climático”, de El Periódico; “Carta de París para Sánchez: prepara recortes”, de Ana María Gil Lafuente; y “Secesión a la carta”, de José Alejandro Vara
(“Confianza en el futuro”. Viñeta de Tomás Serrano en El Español el pasado día 20)
UN GOBIERNO DE PROGRESO
Artículo de Joaquín Leguina publicado en El Economista el pasado día 20
He visto pasar en España a varios y variopintos Gobiernos democráticos, pero ninguno de ellos ha soltado las amarras gubernamentales sobre los medios de comunicación próximos, ya sean públicos o privados-amigos. El pasado 18 de agosto entró en vigor el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. Tras un largo debate en la Eurocámara, fue aprobado en abril del pasado año y contiene un apartado que garantiza la independencia de los medios públicos. El Gobierno español, apostando siempre por las trampas, preparó un decreto que le permitió situar a su candidato al frente de RTVE sin necesidad de mayoría cualificada (dos tercios) y crear un nuevo consejo de administración con 15 representantes políticos, incluidos entre ellos gente escogida por los socios de legislatura.
El lunes 11 de agosto la conocida periodista española Gabriela Cañas publicó un artículo imprescindible donde puede leerse: «Pero una cosa es lo que nuestro país negocia en Bruselas y otra muy distinta lo que los políticos en ejercicio estiman que les conviene. El trágico día de la Dana de Valencia, el Congreso de los Diputados decidió, debido a la emergencia, cancelar toda su actividad menos una: la convalidación del citado decreto sobre RTVE». Los medios no gubernamentales intentaban recuperarse de la crisis provocada por la Gran Recesión de 2008 y la competencia desleal de las grandes plataformas digitales cuando las primeras acusaciones de corrupción en el entorno del Gobierno central los convirtieron en el chivo expiatorio. Y. sobre todo, en las fuentes de información más fiables. Por ahora, España desoye también regular la publicidad institucional para evitar favoritismos en los medios privados. Los públicos, por su parte, seguirán al albur del político de turno. Un informe del Instituto Reuters de junio concluye sobre España que los últimos meses están marcados por las presiones políticas, las disputas legales y los debates sobre RTVE. El informe del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) afea a España que desde 2019 no haya aplicado sus recomendaciones, tales como reducir aforamientos. También reprocha al Gobierno haber dejado pendiente una defensa efectiva del derecho a la libertad de expresión.
No creo que Bruselas multe al Gobierno de Sánchez, que está dispuesto a pasarse por la entrepierna cualquier norma que le limite sus prácticas antidemocráticas sobre los medios de comunicación. Hasta la llegada de Sánchez a la presidencia no recuerdo ningún gobierno que se negara a hablar con la Oposición más próxima. Ni UCD lo hizo respecto al PSOE ni este respecto al PP, ni el Gobierno de Aznar o Rajoy con el PSOE de Zapatero ni el de Pérez Rubalcaba. Pero Sánchez, primer se inventó el muro, luego metió en el Gobierno al comunismo más ignorante y pasado de moda, y después se entregó a los brazos de todos los nacionalistas catalanes y vascos, incluidos etarras de Bildu. Una ensalada antiespañola amante del dinero ajeno. Con este conjunto, donde brillan con luz propia los enemigos de España -siempre dispuestos a echar de sus territorios al Estado, desde la Guardia Civil a los funcionarios de la Agencia Tributaria-, nuestro país no puede seguir con este Gobierno al frente sin entrar en una crisis difícilmente superable.
EL PP ACUSA A SÁNCHEZ DE ‘POLARIZAR’ Y RECHAZA SU PROPUESTA DE PACTO DE ESTADO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Artículo de El Periódico publicado en su web el pasado día 19
Para el primer partido de la oposición, la propuesta de Pedro Sánchez de llevar a cabo un pacto de Estado sobre el cambio climático, que el presidente lanzó el domingo durante su visita a las zonas afectadas por los incendios forestales en Galicia y Castilla y León, no es más que una «cortina de humo» o un intento de «polarizar». Así lo ha manifestado este lunes, durante una rueda de prensa en la sede central del Partido Popular (PP), su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, quien ha rechazado de manera tajante la iniciativa del Ejecutivo, pues a su juicio es como si «en un tsunami se ofrece un pacto sobre los océanos», ha ironizado.
Muñoz, que ha comenzado su intervención aludiendo a su condición de leonesa -si bien, como ella misma ha explicado, su zona no se ha visto dañada por el fuego- ha asegurado que sus paisanos «esperaban mucho más» de la visita del jefe del Ejecutivo. «Presentarse en mi tierra para decir que la solución que traía él como presidente del Gobierno era un pacto de Estado… reconozco que me quedé bastante sorprendida y decepcionada. Eso no es lo que la gente estaba esperando ayer en mi tierra», ha aseverado Muñoz, quien ha sentenciado además que «los pactos de Estado no acaban con las llamas, los pactos de Estado no sirven ahora para recuperar lo perdido», ha concluido.
El diagnóstico de los de Alberto Núñez Feijóo, que gobiernan en las principales comunidades autónomas afectadas por los incendios que han arrasado ya centenares de miles de hectáreas y han causado tres muertos, es que la mayoría de los fuegos son provocados por la mano del hombre y que el Gobierno central no está poniendo todos los medios necesarios para su extinción. Muñoz ha señalado que el 90 por ciento de esos incendios tienen detrás la acción de un pirómano o «una negligencia», además de haberse producido en zonas particularmente despobladas de España.
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha afirmado igualmente que no es necesario pedir el nivel 3 de alerta, como sí hicieron las comunidades populares en el gran apagón del pasado 28 de abril, porque «en estos momentos» ni aumentaría los medios contra el fuego ni sería operativo. Esto último, según ha explicado, porque el nivel 3 sirve para unificar el mando ante una emergencia que afecta a varias regiones, «por ejemplo, en la dana», pero en este caso, ha argumentado, «cada incendio tiene su propio dispositivo». Lo que ocurre, según la portavoz parlamentaria de los populares, es que tanto los medios autonómicos como los del Gobierno central, fundamentalmente la Unidad Militar de Emergencias, la UME, están «tensionados» y al máximo de sus capacidades. «Por eso estamos pidiendo, extraordinariamente, que vengan más medios del Ejército, y más capacidades que habitualmente no se usan», ha aseverado Muñoz.
CARTA DE PARÍS PARA SÁNCHEZ: PREPARA RECORTES
Artículo de Ana María Gil Lafuente, Catedrática de la Universidad de Barcelona, publicado en La Razón el pasado día 18
Hemos disfrutado y aún gozamos de años de bonanza económica gracias a la patada adelante que a causa de la pandemia se dio en todo Occidente a la deuda pública. Los mercados dan señales, como muestra el ascenso del precio del oro, de que se ha acabado la fiesta.
La España del sanchismo ha aprovechado hasta ahora ese permiso postpandémico de la UE para gastar más; se ha beneficiado del margen, además, que le propiciaron los recortes de Rajoy; y de la mejoría financiera de los países que fuimos PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y «Spain»). Y hemos estado creciendo por encima de la media europea.
Pero se ha acabado la fiesta del gasto público para todos; porque el Tesoro de EEUU tiene un déficit del 6,5% del PIB y una deuda del 120%; y la eurozona para mantener la suya se ve obligada a emitir 1,2 billones de deuda soberana neta…Que alguien tendrá que comprar.
El problema también para todos es que esos compradores de bonos piden hoy más intereses por su inversión que en la postpandemia. La economía mundial ha crecido, gracias a ese aumento de déficit y deuda, un 3%; pero ahora tendrán que devolverla y pagar los intereses que exige el mercado por asumirla…O empezar a reducirla. Es decir, pedir sacrificios a sus ciudadanos.
Y eso es lo que dice la carta que con su plan de recortes brutales ha escrito desde París el primer ministro Bayrou a las cancillerías europeas y muy especialmente a la española de Pedro Sánchez; porque carece de la credibilidad y predictibilidad que dan una sólida mayoría parlamentaria a corto plazo y del robusto consenso social a largo de los países austeros con menos deuda contraída y por tanto con más margen para endeudarse.
Francia sabe que ha agotado -con su 113% de deuda pública sobre el PIB- todas las posibilidades de crecer gracias a ella y que ha llegado el momento de recortar a saco o de lamentar no haber recortado el día en que no puedan pagar los intereses que exige el mercado. España tiene un 103%; pero confía en el crecimiento previsto para ir reduciéndola. Ese crecimiento español no está asegurado; pero que hay que devolver las deudas y pagar los intereses; sí.
Francia sufrirá un otoño caliente con el Plan Bayrou para recortar 44.000 millones de euros y pasar del 2,5% de déficit actual al 2,8% en el 2029. Y para empezar soportará un año en blanco, el próximo, en el que no subirán ni pensiones; ni sueldos públicos; se recortarán 3000 empleos públicos y el gasto sanitario y seguridad social.
Se eliminarán dos días festivos nacionales y se aumentarán los impuestos a las clases altas al tiempo que se intensifica la lucha contra el fraude fiscal. Bayrou enfatiza la necesidad de romper con la «adicción al gasto» y promover la reforma del desempleo mientras se estimula la creación de valor añadido para impulsar la productividad. La baja productividad, nos avisa Bayrou, es también el gran mal endémico de la economía española. También se propone simplificar la burocracia y agilizar la gestión pública priorizando los resultados sobre la mera presencia.
Bayrou justifica el paquete alegando que Francia se ha convertido en el país del mundo con mayor gasto público en proporción al PIB y una «adicción» al gasto estatal insostenible. Sin su plan el pago por la deuda superará los 100.000 millones de euros anuales en 2029 para convertirse en la mayor partida del presupuesto nacional…Y en inasumible por los mercados y los «vigilantes» de la deuda francesa que podrían dejar de comprarla hasta que ofreciera unos intereses inasumibles…Y su crisis de deuda sería la del euro.
Bayrou carece de la mayoría asegurada… ¿Les suena? Para aprobar su plan. La calle podría tumbarlo, como tantas cosas antes en las calles de París; pero los mercados y las instituciones europeas lo refuerzan. También aconsejan la adopción de medidas similares en España antes de que el crecimiento prometido no aparezca. El 13% de nuestro PIB depende, por ejemplo, de un sector turístico que no se puede permitir una mala temporada. El turismo, además, genera mucho empleo, pero de poca productividad. De ahí que nuestros salarios también sean bajos mientras que nuestros precios son altos para nuestro poder adquisitivo, porque los fija el turista.
La simplificación burocrática que reclama Bayrou es no menos necesaria en la España de las autonomías donde sufrimos evidentes duplicidades administrativas por intereses partidistas. ¿Para qué sirven los ministerios sin competencias o las consejerías autonómicas duplicadas excepto para colocar clientela de partido?
Nuestra administración debe dejar de requerir solo presencialidad al empleado público para exigir resultados en un entorno laboral más dinámico y con tecnología digital integrada y automatización de procesos con incentivos a la productividad. España necesita, como Francia, de nuevos liderazgos en la administración más participativos y con mayor autonomía de los equipos.
La debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez no hará sino agravar la presupuestaria y por ende la precariedad de nuestras finanzas públicas. Se verá aumentada, además, por la exigencia de los mercados de mayores rentabilidades. Y la falta de consensos harán aún más difícil en España que en Francia esas reformas imprescindibles. La carta de Bayrou desde París nos debería hacer pensar al respecto. El calendario empieza a apretar.
SECESIÓN A LA CARTA
Artículo de José Alejandro Vara publicado en Vozpópuli el pasado día 17
Si España perdiera algo más del 6% de su territorio, el 17% de su población y casi el 20% de su PIB pensaríamos que se vició un gran conflicto bélico en el que salimos derrotados. Una completa catástrofe. El hecho de que alguien intentara hacer al similar desde dentro de España, y desde un cargo institucional, sería tan grave que resulta inconcebible que no fuera detenido, juzgado y condenado, así como castigados todos los cómplices de tal traición. Cuando en octubre de 2017 el Estado español, con el apoyo político de PP y PSOE, actuaron siguiendo esa lógica y, a pesar de que el líder de la asonada se escapó (en gran parte por las deficiencias de la Unión Europea), apoyaron a los jueces y a las Fuerzas de Seguridad del Estado para castigar a los impulsores de esa intentona. Las consecuencias económicas apenas resultaron gravosas ya que, en ningún momento, el empeño de los separatistas tuvo posiilidades de triunfar.
Ocho años después de todo aquello, el Gobierno de Sánchez, que en principio los castigó, optó luego por convertir en socios a los delincuentes y hasta se inventó una “mesa de diálogo” bilateral, luego los indultó y derogó el delito de rebelión. Después vino la amnistía y luego un rosario de conversiones y entregas a quienes se han convertido en los auténticos rectores de la dirección política nacional. Los chantajistas reciben transferencias, fondos, concesiones que ninguna otra comunidad consigue. Van ahora a por las fronteras y la inmigración. Y, por supuesto, la economía, eje central de toda esta mascarada envuelta con las engañifas de todo movimiento nacionalista. Si la bolsa sona…
Lo que eufemísticamente llaman “financiación singular” supone conceder a la Generalitat, de entrada, toda la recaudación impositiva en Cataluña y prevé la transferencia de una parte de estos recursos al Estado, para compensar los servicios que presta a la comunidad. Incluso sin el perjuicio económico que eso supone al Estado español (es decir, al resto de españoles), es evidente la injusticia respecto al resto de comunidades autónomas. Sus defensores quieren “vender” que ese modelo puede ser exportable a otras autonomías. Es como si a la familia Botín le aplicaran una estructura impositiva propia y nos consoláramos porque también harán lo mismo con el barrendero del barrio. Si nuestro sistema fiscal individual se basa en que paga más quién más gana y más tiene, ¿cómo un gobierno supuestamente de izquierdas concede privilegios a las autonomías más ricas? (Euskadi es otra privilegiada, además constitucionalmente, otro fallo de la glorificada Transición).
Si el modelo madrileño es mejor, que los demás lo copien. Y que no hablen de capitalidad, que durante siglos eso no le proporcionó el dinamismo económico que tiene ahora.
Es como la estupidez de Salvador Illa de criticar a Madrid para tapar esta injusticia, una comunidad que ha sido más próspera justo cuando más descentralizada ha estado España y más autogestión han podido hacer, no en la etapa franquista y del comienzo de la Transición, mucho más centralista. Si el modelo madrileño es mejor, que los demás lo copien. Y que no hablen de capitalidad, que durante siglos eso no le proporcionó el dinamismo económico que tiene ahora.
La Generalitat recaudará y gestionará el 100% de los tributos generados en Cataluña, algo que podrían también hacer el resto de autonomías, aunque se deben acometer modificaciones legislativas, pero curiosamente ninguna de las otras tiene interés en ello, quizás porque ninguna quiere ser independiente en un futuro. Y es que eso es romper la caja común, algo que se prometió que nunca pasaría (otra mentira más de este gobierno, se pueden ver los videos de la ministra Montero para comprobarlo) pero no es eso lo más grave a efectos prácticos. Y es que sin entrar en opiniones de políticos a favor y en contra, basta con conocer lo que opina la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado y los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha): «Si Cataluña recauda todos los impuestos, se verán perjudicadas el resto de Comunidades Autónomas, que tendrán menos fondos para financiar los servicios públicos, y por tanto, tendremos ciudadanos de primera y de segunda». O lo que dice la agencia de calificación Drbs: “El Estado perdería ingresos por hasta el 1,5% del PIB con la nueva financiación catalana y avisa de que la financiación singular pone en riesgo la sostenibilidad fiscal de España y el objetivo de déficit”.
Cuando la Agencia tributaria catalana asuma la recaudación de 27.590 millones del IRPF en Cataluña, pasará de recaudar 5.238 millones de sus impuestos cedidos y propios a gestionar 38.238 millones en 2026, seis veces más. Y no queda claro cuánto de ello será cedido a la Administración central
Repito, no lo dice nadie de Vox ni del PP (y se han oído voces discordantes incluso en algunas federaciones del PSOE, como la de Asturias) porque no es un juicio ideológico, son puras matemáticas. Cuando la Agencia tributaria catalana asuma la recaudación de 27.590 millones del IRPF en Cataluña, pasará de recaudar 5.238 millones de sus impuestos cedidos y propios a gestionar 38.238 millones en 2026, seis veces más. Y no queda claro cuánto de ello será cedido a la Administración central (por eso es un cupo, igual que el vasco). Quizás tres céntimos y una butifarra.
Las cifras que se barajan pueden variar mucho a lo largo de las negociaciones pero es fácil de entender que si concedes la administración de los tributos a una región en la que las últimas décadas han gobernado mayoritariamente independentistas que pretenden (y lo intentaron en 2017) separarse del resto de España, se les está conociendo un arma más para sus pretensiones resulten más sencillas. Si en 2017 el procés era inviable desde el punto de vista económico, una vez que los socios de Sanchez recauden el 100% de los tributos y sean ellos quienes decidan qué entregan a la Hacienda española, no hay que ser ni siquiera malpensado para deducir que la secesión será pan comido.
