“Así ocultó Sánchez durante más de seis horas de Pleno en el Congreso la incursión de barcos de guerra marroquíes en aguas de Ceuta”. de Ana Martín; “La juez Tardón acumula ya evidencias que demuestran que el Gobierno no evitó la invasión de Ceuta porque no quiso”, de Carlos Cuesta; “¿Quién votó por correo con el móvil sin QR el 23-J en que Sánchez sumó un millón de votos?”, de Isabel Durán; “Feijóo lanza la precampaña prometiendo `responder a la mafia con democracia´ y Ayuso carga contra la acampada de Sol manejada por `un grupo con antecedentes terroristas´”. de Marisa Cruz; y “La izquierda de Sánchez vuelve a 1934, camino de 1936”, de Federico Jiménez Losantos
(Viñeta de Nieto en ABC el pasado día 13)
ASÍ OCULTÓ SÁNCHEZ DURANTE MÁS DE SEIS HORAS DE PLENO EN EL CONGRESO LA INCURSIÓN DE BARCOS DE GUERRA MARROQUÍES EN AGUAS DE CEUTA
Artículo de Ana Martín publicado en El Debate el pasado día 14
El presidente del Gobierno ocultó deliberadamente la entrada de buques de guerra marroquíes durante la invasión de Ceuta en la comparecencia que protagonizó el pasado 3 de septiembre en el Congreso, en un pleno monográfico que duró en total seis horas y cuarto.
Pedro Sánchez habló por espacio de dos horas y media, repartidas en tres intervenciones. Pero en ningún momento hizo la más mínima mención, ni explícita ni implícita, a lo que fuentes de las Fuerzas Armadas consultadas por El País -el periódico que lo destapó el lunes- consideran «una vulneración intencionada y repetida del mar territorial». Y no algo accidental.
El episodio viene a confirmar que Marruecos estuvo detrás de la acción, que es precisamente lo que no ha querido reconocer el presidente porque no hay evidencias, según él.
Aquel día en el Congreso, Sánchez presumió hasta en nueve ocasiones de la «transparencia» de un Gobierno que ni entonces ni aún hoy ha sabido cuantificar cuántos inmigrantes entraron y cuántos se quedaron, porque ha dado diversas cifras y siempre rebatidas por el Gobierno de Ceuta.
Tanto se jactó el presidente de no tener nada que ocultar que fue aquel día en la tribuna del Parlamento cuando anunció que, en los días siguientes, el Gobierno llevaría a cabo una desclasificación de documentos. «Todas las unidades competenciales del Estado están investigándolo -como saben ustedes también está judicializado, señorías- y pueden tener ustedes la certeza de que compartiremos lo que descubran con total transparencia», señaló. Y también: «Desde el primer minuto el Gobierno, y yo personalmente, ha actuado en aras de defender siempre el interés general de España y, por tanto, también de los ceutíes, y que lo hemos hecho con transparencia».
Sánchez explicó que, a raíz de la avalancha, enviaron 250 efectivos adicionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil, movilizaron también a las Fuerzas Armadas e instalaron una barrera neumática de 500 metros en el espigón del Tarajal. Nada dijo de que el Ministerio de Defensa de Margarita Robles tuvo que desplegar tres buques con fines de vigilancia y disuasión, ante la presencia de al menos una fragata y varias patrulleras de la Marina Real marroquí.
Dos meses y medio después, el presidente solo reconoció los hechos después de su publicación por el diario de Prisa. Y lo hizo restándoles toda importancia. Según él, se trató de unos «hechos puntuales» en unos «días muy intensos» a los dos lados de la frontera. Sánchez contó durante la recepción de la Fiesta Nacional que, después de aquello, hubo «una interlocución al máximo nivel» entre las armadas de ambos países y desde entonces «no ha vuelto a suceder nada parecido».
LA JUEZ TARDÓN ACUMULA YA EVIDENCIAS QUE DEMUESTRAN QUE EL GOBIERNO NO EVITÓ LA INVASIÓN DE CEUTA PORQUE NO QUISO
Artículo de Carlos Cuesta publicado en Libertad Digital el pasado día 13
La investigación demuestra la pasividad del Ejecutivo de Sánchez ante la invasión de la ciudad autónoma. La investigación de la juez Tardón sobre la invasión de Ceuta camina con paso firme. Y los documentos ya remitidos y las testificales aportadas hasta este momento han confirmado que el Gobierno no defendió Ceuta porque no quiso: tuvo advertencias de sobra y las negó cuando las evidencias certifican que los informes fueron emitidos y llegaron hasta la Administración.
Un informe de inteligencia, elaborado por el analista Chema Gil, se ha encargado de recopilar todas las pruebas aportadas hasta el momento a la Audiencia Nacional. Y la conclusión es difícilmente rebatible: «El fallo no fue de información. Fue de decisión. A la fecha de cierre, y mientras el Gobierno no acredite lo contrario con documentos, se valora acreditada una gestión gravemente deficiente de la crisis por parte del Gobierno de España«.
Las conclusiones de este informe son las siguientes: «El Estado obtuvo y transmitió inteligencia convergente de máxima fiabilidad con al menos tres días de antelación», pese a lo cual, «los órganos de coordinación de la Ley 36/2015 no se activaron. La cadena se rompió entre Defensa e Interior y entre los órganos técnicos y la Presidencia».
Hubo más fallos perfectamente identificados a estas alturas: «Fallo de decisión. La situación de interés se declaró veinticinco días después de la entrada, con toda la información a la vista. No se activó ninguno de los instrumentos normativos disponibles, ni siquiera el más proporcionado a lo que el propio presidente calificó de ataque».
Además, «el ministro del Interior negó la existencia de informes que obraban en su propio departamento y, cuando se conocieron, trasladó el debate a la magnitud y al término ‘masiva’. La inteligencia anunciaba una entrada masiva y el Estado sabía desde 2021 lo que eso significa en Ceuta».
En resumen, que el fallo «no fue de información. Fue de decisión. A la fecha de cierre, y mientras el Gobierno no acredite lo contrario con documentos, se valora acreditada una gestión gravemente deficiente de la crisis por parte del Gobierno de España. El Estado, y al frente de él el Gobierno, no defendió Ceuta«.
Con las pruebas aportadas a estas alturas ya se pueden tumbar infinidad de mentiras lanzadas por el Gobierno. «Las primeras declaraciones [del Gobierno] niegan que existiera cualquier informe o aviso. Son afirmaciones de hecho, no valoraciones, y los documentos desclasificados las contradicen. Entre el 27 y el 29 de julio constan la nota C/10266 del CNI, el parte de la Policía Nacional del 27, las notas TIFA 3133 y TIFA-3136 del CENIF, los mensajes del CNI a la Delegación y a la Guardia Civil y la nota C/10399 a los servicios marroquíes. Varios de esos productos proceden de organismos del propio Ministerio del Interior: la Policía Nacional, su centro de inteligencia y la Guardia Civil».
¿QUIÉN VOTÓ POR CORREO CON EL MÓVIL SIN QR EL 23-J EN QUE SÁNCHEZ SUMÓ UN MILLÓN DE VOTOS?
Artículo de Isabel Durán publicado en El Debate el pasado día 12
Interior camufló en 2023 la mayor novedad tecnológica introducida en la identificación electoral: el carné de conducir del móvil. Su utilización sin QR en el voto por correo del 23-J y en las ocho elecciones posteriores multiplicó exponencialmente la grieta de seguridad sin precedentes
Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en junio de 2018 por la puerta de la moción de censura. Llegaba con experiencia en urnas. Ya en las primarias de 2014, que ganó frente a Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias, el presidente de una mesa electoral de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) denunció por escrito un presunto pucherazo a su favor. Once años después, la Guardia Civil recuperó los mensajes que Santos Cerdán había enviado a Koldo García durante aquella misma jornada: «Cuando termine apuntas como que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes las dos papeletas». «Ya está», respondió Koldo. Antiguos colaboradores de Madina recordaron entonces lo que llevaban años denunciando: «Nos robaron y lo sabíamos».
En octubre de 2016, durante el Comité Federal que acabó con su dimisión tras intentar celebrar una votación secreta con una urna detrás de una cortina. La acusación de pucherazo fue clamorosa. Y en las primarias de 2017, los partidarios de Susana Díaz cuestionaron parte de los avales de Sánchez, aunque su candidatura fue validada. Años después, la socialista Sara Simón denunció irregularidades en los censos de Guadalajara y otras provincias. De aquellas mismas primarias procede otro mensaje de Koldo García a su entonces pareja: «Mete de los otros cuatro rumanos». Koldo era uno de los tripulantes del célebre Peugeot que, según The Objective, ocultaba un Mercedes de Juanma Serrano. Las acusaciones nacieron dentro de su propio partido, no de la oposición. Quede como recuerdo de juventud.
Veintisiete días después de la moción de censura, Fernando Grande-Marlaska refrendó el real decreto que nombraba a Pere Navarro director general de Tráfico, en lugar de Gregorio Serrano, el de Rajoy. Navarro volvía al despacho que ya ocupó con Zapatero. A finales de ese mismo 2018 la DGT empezó a gestar miDGT, la aplicación que mete el carné de conducir en el teléfono. Salió en marzo de 2020 y hoy suma diez millones de descargas solo en la tienda de Google.
El camuflaje
El carné del móvil lleva un código QR. Es lo que permite comprobar contra los servidores de Tráfico que el documento es auténtico y está en vigor. Sin él, una captura de pantalla y el carné verdadero se parecen como dos gotas de agua. Si es falso, nadie lo puede distinguir.
En febrero de 2023, a tres meses de las municipales y autonómicas del 28 de mayo, el ministerio de Marlaska preguntó a la Junta Electoral Central si el carné de miDGT valía para votar. Camufló su petición dentro del expediente de los manuales de los miembros de mesa, entre maletines para personas con discapacidad visual y el correo certificado de las incidencias. El 16 de febrero la Junta dijo que sí, por tratarse de «un documento oficial que incluye la fotografía del votante». Interior no advirtió que sin QR la propia DGT no lo considera válido. Tres años más tarde, cuando la Junta suspendió el invento digital del Gobierno, Interior remitió un informe de la Policía Nacional que defendía la «plena seguridad» del DNI del móvil gracias a la lectura del código QR. El mismo código que nunca había pedido para las eleccioes. Para qué detenerse en minucias. Pero aún hay más.
Cuando el Gobierno estrenó el carné de conducir digital en plena pandemia, en marzo de 2020, la DGT desplegó toda su propaganda tecnológica: bota de prensa propia, grandes titulares, cifras de descargas y explicaciones sobre la seguridad de la aplicación, incluido el código QR que permitía a los agentes comprobar su autenticidad. Tres años después, cuando Marlaska dio el salto mucho más delicado de convertir aquel carné en documento válido para identificar a los votantes ante las urnas, desapareció el entusiasmo publicitario. La disruptiva novedad quedó discretamente alojada en la mencionada nota de prensa del 20 de marzo de 2023 titulada «Interior regula el funcionamiento de las mesas electorales para garantizar el voto de las personas con discapacidad el 28 de mayo». Ni un titular sobre la primera utilización electoral del carné digital y ni media palabra sobre su verificación. La aplicación que mereció todo el escaparate para los conductores entró en las mesas electorales por un párrafo de una nota dedicada a otra cosa. Y hay una pregunta inevitable: si Interior diseñó el permiso digital con un QR para comprobar su autenticidad, ¿por qué no explicó cómo debían verificarlo los presidentes y vocales de las mesas electorales?
El amigo del presidente abre la tramposa ventanilla de Correos
Pasadas las municipales y autonómicas que consumaron la debacle del PSOE, el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano jefe de gabinete de Sánchez desde que se hizo con la secretaría general del partido en 2014 hasta su llegada a La Moncloa, y quien lo paseó en su Mercedes en su recorrido por España para recuperar la secretaría general, planteó a la Junta Electoral Central varias consultas sobre cómo identificar a quien entregaba su voto en las oficinas. El 21 de junio de 2023, a un mes de las generales, la Junta admitió «el permiso de conducir digital en el que no conste la firma del titular si el elector entrega personalmente la documentación en la oficina de Correos». Del QR, ni Pamplona. Serrano está hoy investigado en la Audiencia Nacional en el caso cloacas de su subordinada Leire Díez quien entró bajo su presidencia en la sociedad postal estatal. Aunque esta vez la noticia sí recibió difusión pública considerable, nadie reparó en que no se exigía el QR para comprobar la autenticación del votante, como exigía la propia DGT.
El 23 de julio de 2023 los carteros llevaron a las urnas 2.471.935 votos por correo, récord histórico. En las municipales de mayo se habían registrado 1.082.030 solicitudes. El PSOE pasó de 6.792.199 votos en noviembre de 2019 a 7.821.718, algo más de un millón de papeletas de subida. La utilización de la aplicación móvil sin QR en esos comicios multiplicó exponencialmente la posibilidad de fraude electoral. Después vinieron Galicia, el País Vasco, Cataluña, las europeas, Extremadura, Aragón y Castilla y León. Nueve convocatorias con el carné del móvil sin QR en las mesas, ocho de ellas también en las ventanillas de Correos, hasta que la Junta lo suspendió el 26 de marzo de 2026 tras las investigaciones de El Debate.
¿Cuántos de esos votos se identificaron con el móvil? No lo sabe nadie y nunca podrá saberse. Ni la lista de votantes de las mesas ni las ventanillas de Correos anotan con qué documento se identificó cada elector. El árbitro electoral no exigió llevar un registro de cómo se identifica el elector ante la gran novedad introducida por el Gobierno sencillamente porque ni siquiera se percató de la disrupción tecnológica que acababa de introducir en el sistema electoral español. El camuflaje y el disfraz gubernamental fue impecable. Por eso tampoco hay forma de saber si quien enseñó el móvil era quien decía ser. Nadie puede afirmar que el carné del móvil tenga algo que ver con aquel millón de votos de subida de Sánchez. Descartarlo tampoco, porque no hay rastro donde mirar.
Que nadie se alarme. Para colar después el DNI del móvil, Interior alegó ante la Junta que con miDGT no se había denunciado ni un solo caso de suplantación. ¿Cómo se denuncia lo que no deja huella?
Artículo en: https://www.eldebate.com/espana/20261012/quien-voto-correo-movil-qr-23j-sanchez-sumo-millon-votos_468619.html
FEIJÓO LANZA LA PRECAMPAÑA PROMETIENDO «RESPONDER A LA MAFIA CON DEMOCRACIA» Y AYUSO CARGA CONTRA LA ACAMPADA DE SOL MANEJADA POR «UN GRUPO CON ANTECEDENTES TERRORISTAS»
Artículo de Marisa Cruz publicado en El Mundo el pasado día 11
«Voy a ser el presidente que España está esperando; no vengo ni de saunas ni de cloacas, vengo de la gestión y del servicio público», proclama el líder del PP.
Alberto Núñez Feijóo ha estrenado oficialmente la precampaña con un gran acto mitin en Madrid en compañía de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde la capital, José Luis Martínez Almeida. El líder del PP también ha contado con la presencia de varios presidentes autonómicos e incluso con la asistencia de los ex presidentes del Gobierno, Mariano Rajoy y José María Aznar.
Feijóo ha arengado a los suyos en un pabellón abarrotado ante el que se ha comprometido a «darlo todo» para ganar las elecciones y gobernar. Su objetivo es, «consolidar a los que siempre han votado al PP, convencer a los que nunca lo han hecho y sobre todo», ha insistido, «escuchar a los que están decepcionados».
Ayuso ha sugerido la posibilidad de que «un grupo con antecedentes terroristas» ha gestionado la acampada en Sol.EFE
«Os pido», ha dicho a los suyos, «que recorráis España entera» y ha recalcado: «Voy a ser el presidente que España está esperando; no vengo ni de las saunas ni de las cloacas, vengo de la gestión y del servicio público. Sé lo que esperan los españoles de mí y lo haré. No tengo que manipular, ni que venderme ni que mentir».
El líder del PP ha urgido a Sánchez a responder a la pregunta de «quién dio la orden de quitarse de en medio a la juez Biedma«. Y ha añadido: «Puede intentar huir, pero no va a poder porque nosotros y el voto de la gente le vamos a echar. A la mafia se responde con democracia. España no tiene por qué aguantar esto ni un día más. Hay que ponerle fin. A la mentira, a la impunidad, a los corruptos, a la decadencia, a la mentira y al bulo».
«Convoco a todos los españoles», ha añadido, «a un proyecto de reconstrucción nacional, un cambio total, sereno pero contundente. España exige revisar las reglas y ofrecer una certeza: que el Estado está al servicio de todos y el poder no está por encima de las normas». Feijóo se ha comprometido a reconstruir los servicios públicos y la confianza «con la verdad por delante y con respeto a quienes no nos voten». También, «a dar la cara», a ser «el presidente de todos» y a que «no haya españoles de primera y de segunda». «Pediré», ha dicho, «sacrificio, pero no que me aplaudan» y ha insistido en que dentro de 50 días «empezará una nueva historia democrática de España».
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha tomado la palabra antes que Feijóo, ha insistido en que España vive una «etapa oscura con un presidente que es un auténtico tramposo, que no respeta las reglas del juego ni la separación de poderes, que utiliza de forma dictatorial al Tribunal Constitucional contra el Tribunal Supremo, secuestra las instituciones, utiliza de manera torticera la Diputación Permanente y tiene la Cámara Alta amordazada. No respeta los límites, quiere acabar con los jueces y utiliza la Agencia Tributaria contra sus adversarios». «Son mafia política; es la mafia de Estado», ha afirmado.
Ayuso, la «bestia negra», «la obsesión» de los socialistas, como la ha definido el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha arremetido con toda dureza contra Sánchez a cuenta de la amnistía, de la ley de nietos, de las regularizaciones masivas, del caso del ex fiscal general del Estado y del desahucio de Maricarmen… La presidenta madrileña ha asegurado que el objetivo de Sánchez es «comerse la democracia poco a poco para perpetuarse en el poder».
La presidenta madrileña, además, ha ironizado con los acampados en la Puerta de Sol, que se levantan, según ella, «a las doce de la mañana, son lo mejor de cada casa y han dejado sin lonas los invernaderos». Ha sugerido incluso la posibilidad de que haya «un grupo con antecedentes terroristas» manejando la acampada y ha afirmado: «Llevaremos a los tribunales semejante indecencia, no hay derecho a lo que está pasando ahí».
Ayuso no ha dejado títere con cabeza dando por hecho que el proyecto de Sánchez es «bolivariano», que el presidente pretende situarse «por encima de la ley» y ha dibujado un panorama apocalíptico si el PSOE con él al frente sigue en el poder. «Nosotros», ha finalizado, «seremos la aldea gala de la resistencia».
Almeida, por su parte, ha insistido en la ilusión que ha provocado en los populares la convocatoria de elecciones, pero ha advertido de que el PSOE hará «una campaña de odio y enfrentamiento» y ha recordado las palabras de la líder de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergeror: «No habrá paz en las calles de Madrid».
El alcalde ha hecho hincapié en la situación que vive Ceuta y la pasividad del Gobierno que «no supo defender la frontera y la integridad territorial del país». «No podemos perder ni un minuto, ni uno, no podemos tener un descanso; hay que emplear todos los minutos, todas las horas, todos los días para echarles», ha clamado antes de asegurar que el PP de Madrid «recorrerá hasta el último barrio y hasta la última calle».
Y luego, haciendo alusión al caso de la juez Biedma, ha afirmado: «Hay más dignidad en Los Rocha que en Ferraz», en referencia al clan de sicarios que supuestamentese pretendió activar desde las cloacas socialistas para amedrentar a la magistrada instructora del caso del hermano de Sánchez. El alcalde de Madrid también se ha referido al problema de la vivienda que, a todas luces será una de las claves de la campaña, recalcando que los socialistas «le dieron una vivienda a Jésica (la ex novia de José Luis Ábalos) antes que a Maricarmen».
Artículo en: https://www.elmundo.es/elecciones/elecciones-generales/2026/10/10/6aca1a56e4d4d847628b457b.html
LA IZQUIERDA DE SÁNCHEZ VUELVE A 1934, CAMINO DE 1936
Artículo de Federico Jiménez Losantos publicado en Libertad Digital el pasado día 11
Sánchez, con el partido de la ETA y los golpistas catalanes, quiere quemar España, con tal de no dejar gobernar a la derecha.
La guerra civil de 1936 llegó tras un proceso de degradación de la vida pública española, de incompatibilidad de la vida privada de buena parte de la población con el nuevo régimen, que empezó con la quema de iglesias poco después de la proclamación de la II República, una afrenta deliberadamente infligida a los católicos, continuó con la Ley de Defensa de la República, que privó de derechos básicos a la prensa de oposición. El punto clave fue, tras el triunfo electoral de las derechas en 1933, el golpe de Estado de PSOE y ERC en octubre de 1934, que demostró que las izquierdas, sobre todo, pero no sólo, las nacionalistas, no admitían perder el Poder en las urnas.
Fracasado el golpe, pero aprovechando el estúpido e innecesario adelanto electoral de Alcalá Zamora, las izquierdas pudieron reorganizarse como Frente Popular, con un programa que, en realidad, era la reivindicación del golpe de 1934. Luego llegó el robo de las elecciones de febrero de 1936 y la frenética sucesión de asaltos, robos y tomas de tierra, con cientos de muertos, que culminaron con el asesinato de Calvo Sotelo por la escolta de Prieto. Lo que decidió al indeciso Franco a unirse al golpe del 18 de julio y a dirigir y ganar la guerra civil posterior. No fue un golpe contra la Democracia, porque la democracia no existía. Fue una guerra en defensa de la nación y la religión contra el comunismo. Que, a diferencia de Rusia en 1917 y México en 1927, ganaron las derechas.
La minoría violenta tuvo que convencer a una cierta mayoría
Pero, para llegar a esa guerra, antes las minorías extremistas, sobre todo de izquierdas, tuvieron que convencer a masas más amplias de que el exterminio de los españoles de derechas era imprescindible. Para la minoría socialista, comunista y anarquista, podía ser deseable, pero a la mayoría de los que votaban a la izquierda había que convencerla de que era necesario.
España, contra lo que suele decirse, es o era un país bastante pacífico en los años 30 del siglo pasado. Quedaban ya lejos las guerras carlistas, y, más lejos aún, la Guerra de la Independencia contra el genocida Napoleón. En la segunda década del siglo había sido el país con mayor crecimiento económico del mundo, y todo, salvo las instituciones, tambaleantes desde el año 1917, brillantemente estudiado por Roberto Villa (1917. El Estado catalán y el soviet español, Espasa, 2021) era muy posible que el régimen republicano, si hubiera sido un proyecto nacional, se hubiera asentado. No lo fue, ni para toda España, ni para la mitad de ella, ni al final, para nadie.
Las memorias de diversos escritores hablan de cómo en la llamada «primavera trágica» de 1936 el llevar pistola, hasta en el bolsillo de atrás, se había convertido en una costumbre, que mostraba una propensión, en nuevos comunistas y fascistas, a matar, pero entre ellos no se mataban. Esto es un detalle significativo. Entre los que se conocían, no se mataban. Pero desde 1934 y la represión posterior, como estudió decisivamente Pío Moa, la propaganda comunista y, tras ella, la de todas las izquierdas, se centró en la denuncia, a menudo exagerada cuando no inventada, de las torturas que habrían sufrido las mujeres en la represión del golpe de Estado de 1934, presentado sólo como una rebelión obrera de Asturias, algo que nunca fue.
La guerra civil que provocó y no supo ganar la Izquierda
Esa fue la clave de la campaña de las elecciones de 1936, robadas por el Frente Popular. Pero desde febrero hasta julio, como prueban los discursos de Gil Robles y Calvo Sotelo en las Cortes, la Izquierda en el Poder estaba respaldando asaltos, robos y asesinatos por motivos políticos. Y nada lo demuestra mejor que el escandaloso desinterés en investigar el asesinato de Calvo Sotelo, que cabe entender como la provocación definitiva al Ejército que dudaba en alzarse. Y estaba bien pensado, porque sin una serie casi milagrosa de afortunadas circunstancias militares nunca hubiera podido triunfar el Alzamiento, siquiera a medias. La hábil dispersión de los generales más importantes, es decir, más peligrosos, era eficaz y sin el asesinato de Calvo Sotelo, los alzados nunca habrían empezado una guerra que, de todas formas, al principio, sabían bien que podían perder.
Esa siembra del odio al adversario político es lo que distingue a Sánchez de otros gobiernos y lo acerca a la izquierda de la II República. No es que Zapatero tuviera un guión distinto, pero la intensidad no era la misma de hoy. Basta comparar la campaña de los artistas de la zeja y la que hacen hoy las televisiones y los discursos del Gobierno y sus aliados para comprobar que las izquierdas han vuelto a 1936. A tratar de ganar la guerra civil de hace 90 años, que ellos provocaron y que merecieron perder.
El esperpento de Maricarmen y la montonera de Madrid
El grotesco alarde de odio y la imputación a la derecha de haberla asesinado tras la muerte de Maricarmen, por parte de Sánchez y sus socios, en especial el discurso de la montonera Bergerot en la Asamblea de Madrid amenazando al Gobierno de Ayuso: «No habrá paz en las calles de Madrid«, muestran la violencia que anima a los que pueden perder las elecciones. Lo mismo la condena de Sánchez al Parlamento porque «no representa a la gente» y la aprobación de decretos-ley clamorosamente ilegales. Todo dibuja una izquierda radicalizada, contraria a cualquier tipo de convivencia democrática, al mínimo respeto a la ley que cabe pedir a los partidos que sufragamos todos los españoles y a una mínima normalidad en la vida cotidiana tras el 29 de noviembre.
Como dictador, si roba las elecciones, o como jefe de la subversión, no oposición, si las pierde, Sánchez, con el partido de la ETA y los golpistas catalanes, quiere quemar España, con tal de no dejar gobernar a la derecha. Esta pandilla de inútiles afanosamente criminal, véase el caso de la juez Biedma, antes de irse al paro, prefiere la guerra. Lo que sea con tal de evitar la cárcel. En la mano de los votantes en noviembre y en las del nuevo Gobierno están la posibilidad real y el deber moral de impedirlo.
