No ser tratado como un derecho fundamental ante un conglomerado tan compacto, comercializado y privilegiado como el que hoy se impone en la comunicación pública chilena podría constituir una gran desventaja, más aún si dicha garantía no ha sido promovida adecuadamente para permitirle presionar, dada su particular importancia, como una las demandas prioritarias de la mayoría ciudadana.

Beatriz Sánchez, al menos, demostró no creerlo así. El 27 de septiembre pasado, en el Pleno de la Convención Constitucional, la periodista, constituyente por el pacto de izquierda Apruebo Dignidad y ex candidata presidencial fue la encargada de presentar la indicación número 190 al Reglamento General del órgano que deberá proponer al país una nueva Constitución. Comenzó alertando sobre la enorme concentración de la propiedad de los medios de comunicación, para precisar enseguida que no se trata sólo de reivindicar la libertad de expresión, sino también el derecho humano a buscar, recibir y difundir información sin discriminaciones y del deber del Estado de impulsar el pluralismo, algo inexistente en Chile, apuntó.

La indicación presentada excluía el derecho a la comunicación de la comisión temática redactora de Derechos Fundamentales para desplazarlo hasta la de Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios. En ésta, explicó Sánchez, ese tema “dialogaría mejor”, ya que abordaría el espectro radioeléctrico, la integración del Consejo Nacional de Televisión, los derechos digitales y otras materias atinentes.

Se restaron, sin embargo, miembros del propio pacto, así como independientes y representantes de pueblos originarios. El respaldo indispensable en último término provino del minoritario bloque de derecha, reacio a cambios de esta índole pero no a mantener la libertad de expresión como derecho fundamental. El resultado fue 89 votos a favor, 54 en contra y 11 abstenciones.

“Me gusta”

El desafío que enfrenta la comisión temática de Sistemas de Conocimientos es, en consecuencia, y como las demás, doble. No sólo la motiva proponer contenidos constitucionales inéditos, diversos, largamente postergados y poco difundidos, sino también se ve en la necesidad de cuestionar, en esta área, a un poder no institucional que ha tenido una participación privilegiada en el trazado político, comunicacional e histórico diseñado para el país desde la dictadura, y que, conjuntamente, se ha permitido circunscribir la libertad de expresión a los intereses que representa y es capaz de defenderlos sin miramiento, como lo ha sufrido también la Convención.

El pasado jueves 11, la comisión escuchó, en una de sus audiencias públicas, al Colegio de Periodistas de Chile, que volvió a exponer sobre el derecho a la comunicación, esta vez ante una instancia encabezada por los convencionales Ignacio Achurra -actor y dramaturgo- y Cristina Dorador –científica-, los nuevos coordinadores.

En este empinado camino, hay algunas señales preliminares; simbólicas hasta ahora, pero entusiastas. Como el like de Achurra a un tuit redireccionado (imagen), cuando celebraba su pasada elección junto a Dorador:

“Tendrán que encabezar la discusión sobre algo a lo que la Concertación nunca se atrevió: el Derecho a la Comunicación, a un sistema de medios diverso, pluralista y equitativo. Nada menos”.

Comunicación “en amplio”

En su intervención, Beatriz Sánchez anticipó la envergadura de la misión señalada (extrañamente, ella participa ahora en otra instancia, igual que otros periodistas).

La transcribo textualmente:

“Chile presenta hoy día una de las tasas más altas de concentración de la propiedad de los medios de comunicación en América Latina: 80 por ciento sólo en la prensa escrita. Y si hablamos de otros medios de comunicación, están en un rango que va entre el 60 y el 80 por ciento también.

Cuando hablamos del derecho a la comunicación, hablamos de un derecho que comprende a todas las personas, no sólo a buscar y recibir información plural sino también a difundirla por cualquier medio de expresión, sin discriminación ni sujeción a limitaciones económicas, ideológicas o culturales, correspondiendo al Estado impulsar el pluralismo al mayor grado posible, para así lograr un equilibrio de la participación de las distintas informaciones en el debate público y también para proteger los derechos humanos de quienes enfrentan el poder de los medios.

Se trata de algo mucho más allá de sólo la libertad de expresión o el acceso a la información. Se trata también de poder tener un ecosistema mediático que garantice la pluralidad, algo que hoy día no existe en nuestro país.

¿Por qué desplazar el derecho a la comunicación a la comisión de Conocimiento(s)? Porque dialoga de una manera mejor con varias cuestiones que se van a ver en la comisión de Conocimientos, como, por ejemplo, el espectro radiofónico o radioeléctrico; también, a propósito de quiénes integrarán el Consejo de Televisión, los derechos digitales, en fin. Hablarles de la comunicación en amplio, y el derecho a la comunicación parece coherente verlo y discutirlo en esa comisión.

Es por eso que se presenta la indicación”.

Fuente: www.chileconvencion.cl

J.F.S.