Un nuevo obstáculo para los planes de Pedro Sánchez. El prior de la Abadía del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, se ha mostrado tajante en su última carta al Gobierno en funciones: «No autorizo el acceso a la basílica».
En una misiva dirigida a la vicepresidenta, Carmen Calvo, el religioso benedictino ha remarcado que no hay autorización eclesiástica para actuar en un lugar sagrado. Por tanto, impide de esta manera la exhumación de los restos de Francisco Franco.
Cantera ha argumentado en su escrito que la decisión del Gobierno vulnera la libertad religiosa al tratarse de un «lugar sagrado». Además, ha explicado a Calvo que pretenden actuar sobre una ‘res sacra’, una sepultura, sin la necesaria autorización eclesiástica.
El prior ha dejado claro en su carta fechada –en respuesta al mail enviado el pasado 3 de octubre de 2019– que la sentencia del Tribunal Supremo (la que avaló la exhumación) no resuelve las alegaciones de la Abadía, sino de la familia Franco.
«En nuestra demanda alegábamos, en su mayor parte, vulneraciones de derechos fundamentales cuya última palabra, como bien sabe, no le corresponde al Tribunal Supremo sino al Tribunal Constitucional, y, en su caso, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo», ha abundado.
Del mismo modo, ha explicado que «el sometimiento a lo que los tribunales decidan no significa, en modo alguno, renuncia a los recursos que el ordenamiento nos ofrece ante una violación de derechos fundamentales».
En su escrito, el monje continúa recordando que «se siguen manteniendo las razones por las que denegábamos nuestra autorización (no existe consentimiento de la familia y se mantienen los principios religioso y morales afectados que motivaron dicha denegación) pero, incluso, en el transcurso del procedimiento administrativo y judicial, se han visto agravadas por las razones de nuestra negativa ante el hecho de que, según su tesis, la inviolabilidad de los lugares de culto (y de las cosas sagradas) depende de lo que decida la ley nacional, lo que es inadmisible para esta Abadía –y entendemos que para que Iglesia católica– sin agotar todos los recursos jurídicos a nuestro alcance, tanto a nivel nacional como internacional, al afectar directamente, a su derecho a la libertad religiosa».
Cantera ha lamentado también «la virulencia con la que se ha planteado un problema que podía (y puede) resolverse con diálogo, comprensión y prudencia por parte de todos los afectados». Del mismo modo, le ha tendido la mano: «Esta comunidad religiosa y yo mismo nos ponemos a su disposición para tratar de encontrar una solución a esta situación».
Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez ha preparado el terreno haciendo que en la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos conociesen en profundidad la sentencia del Tribunal Supremo dando luz verde a la exhumación de Francisco Franco, enterrado junto al altar mayor de la basílica, parece que las cosas no son tan sencillas; el prior, en consonancia con las demás autoridades eclesiásticas, había señalado al poder judicial como el encargado de resolver el lío político en torno a los restos de quien fuera jefe del Estado.
Ahora un escrito ante la Sección Cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo muestra nuevos recelos al considerar que la sentencia no cierra las dudas de la comunidad monástica.
Para Cantera, la medida y su aplicación urgente –como justifica el Ejecutivo de Sánchez– es «meramente electoralista» y se ha reafirmado en recordar que ningún funcionario podrá entrar en el templo «sin la preceptiva e insustituible autorización eclesiástica» ya que supondría «violación de un lugar sagrado». A este argumento habrían ido dirigidas las cartas enviadas al monasterio por la vicepresidenta, Carmen Calvo, y la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
Por ello, en su escrito se ha opuesto a que se intervenga en la basílica hasta que el propio tribunal no responsa los recursos abiertos, más allá de la medida del Consejo de Ministros que ha convalidado esta medida provisional, y ha amenazado con acudir al Constitucional en caso de entrar sin dicho permiso por ser una vulneración de un derecho fundamental –la inviolabilidad de los lugares sagrados y la libertad religiosa en este caso–.
Y es que, en los archivos del Supremo quedan pendiente las alegaciones presentadas por los propios benedictinos, la Fundación Nacional Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, ya que solo se ha cursado la presentada por los nietos de Franco.
En el texto, el abogado de los monjes ha alegado que «no puede alzarse una medida cautelar destinada a conjurar el riesgo de vulneración irreversible de derechos fundamentales de la abadía por el simple hecho de que se haya desestimado en la sentencia una denuncia de vulneraciones de derechos de terceros (la familia Franco), distintos de mi representada».
Para la comunidad una medida irreversible como el traslado a El Pardo dejaría en el aire cualquier fallo contrario a la petición presentada por los monjes que presentan argumentos diferentes al fallo emitido hasta ahora.
Por estos motivos, el prior no está en condiciones de dar el permiso de entrada, como responsable de la «tutela efectiva» de los restos de Franco, aunque haya un Decreto ley del Gobierno hecho a medida para el traslado. Ello «lleva a la absurda conclusión de que una de las partes de un tratado internacional puede modificarlo unilateralmente, a su antojo, mediante una ley interna», han señalado desde Cuelgamuros alegando «indefensión» ante esta forma de legislar.
Además, Cantera no reconoce que se dé en este caso la urgencia que señala el Ejecutivo en poner en marcha el traslado de los restos 40 años después.
El Gobierno fijó un plazo de 5 días al prior para presentar objeciones o autorizar la entrada al templo. Este miércoles –9 de octubre de 2019– ha llegado la respuesta de la Abadía del Valle de los Caídos. Por parte de otras instituciones eclesiásticas no ha habido reacciones oficiales, por el momento.
En el caso de Franco, la Conferencia Episcopal Española ha optado por ponerse de perfil. Los obispos han justificado en reiteradas ocasiones que no pueden hacer nada. «La Conferencia Episcopal no tiene competencias, ni un departamento de defunciones», han aseverado.
A pesar de la negativa de Santiago Cantera, el presidente del Gobierno en funciones ha manifestado que la exhumación de los restos de Franco es «cuestión de días». Así, ha subrayado que el Ejecutivo está a la espera de que el Tribunal Supremo aclare algunas cuestiones de la sentencia, como ha solicitado la familia.
En una entrevista, Sánchez ha recalcado que se procederá al traslado de los restos del Valle de los Caídos al cementerio de El Pardo-Mingorrubio «pronto», aunque no ha querido concretar ninguna fecha.
«No puedo decirle públicamente en un plató la fecha porque es una decisión que tiene que tomar el Consejo de Ministros y es una información que tenemos que darle a la familia», se ha explicado el presidente en funciones, aunque ha afirmado que la exhumación es inminente.
No obstante, Sánchez ha indicado que desde el punto de vista del Gobierno solo queda ejecutar el expediente sobre la exhumación. «Está resuelto y en cuestión de días lo que vamos a hacer es ponerlo en marcha», ha asegurado.
En este sentido, el líder socialista ha remarcado que no queda ningún fleco pendiente para proceder al traslado de los restos de Franco y que ahora el Ejecutivo está a la espera de que el Supremo clarifique las aclaraciones que han solicitado los Franco.
