El hecho confesional desaparece de las propuestas de PP, Ciudadanos y Junts per Catalunya

Muy sorprendente: ¿Qué lugar ocupa la religión en los programas electorales del 10N?

Muy sorprendente: ¿Qué lugar ocupa la religión en los programas electorales del 10N?
El Congreso de los Diputados. EP

Afirmaba Pedro Arriola, el gran gurú del PP, que el voto católico no existe. Aznar y Rajoy le compraron la mercancía y ambos despreciaron el voto católico. Pero sí que existe y, lo que es más significativo, influye. No hay que olvidar que el 68,3% de los españoles aseguran ser católicos. Lo dice la última encuesta del CIS.

Sin embargo, la religión ha desaparecido de los programas electorales de las formaciones identificadas con una derecha (PP, Ciudadanos y Junts per Catalunya) que históricamente ha tenido interés en el hecho confesional. Por el contrario, PSOE, ERC, Unidas Podemos, CUP y Más País lo contemplan desde una perspectiva muy crítica.

La llegada de Vox ha convencido a muchos de que el «voto en conciencia» no es un voto tirado a la basura. Aun así, el programa del PP para el 10N no contempla la cuestión religiosa, a diferencia del presentado con motivo de las elecciones del 28 de abril, donde se comprometían a «garantizar el derecho de las familias a que puedan estudiar la asignatura de religión en las mismas condiciones que el resto de asignaturas del programa oficial y mantendremos su carácter voluntario y evaluable».

Asimismo, los populares afirmaban hace siete meses que «la libertad emancipa a las personas del afán colectivista de la izquierda que pretende dividir a los individuos en función de nuestro género, edad, raza, religión u orientación sexual».

Ciudadanos también ha eliminado las referencias mínimas que contenía su programa de abril, cuando defendía una España «más libre, moderna e igual», y la construcción de «una Europa más fuerte que luche para hacer frente al nacionalismo y los extremismos», aunque sin especificar demasiado.

Junts per Catalunya, heredera de la antigua Convergència, también omite el hecho religioso, mientras que en anteriores citas electorales, CiU, Junts pel Sí y Junts per Barcelona sí abordaban el tema para defender, por ejemplo, «el diálogo fluido y continuado con las confesiones, a fin de facilitar la integración de la diversidad religiosa».

Vox –defensor a ultranza de la vida y de las raíces cristianas de España– se presenta al 10N con un programa que habla del Islam. En concreto, para «exigir a los responsables de la religión islámica en España una absoluta colaboración para la detección de radicales» y la «exclusión de la enseñanza del Islam en la escuela pública».

También aboga por prohibir la construcción de «mezquitas promovidas por el wahabismo, el salafismo, o cualquier interpretación fundamentalista del Islam. Exigencia del principio de reciprocidad en la apertura de lugares de culto. Rechazar e ilegalizar la financiación por parte de terceros países de lugares de culto en suelo español».

La izquierda, por el contrario, sí desgrana sus posturas religiosas. Lo hace de forma muy crítica. En su apartado sobre la mejora de la calidad democrática, anticorrupción y transparencia, el PSOE denuncia «los acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979 que dan continuidad al Concordato de 1953, en cumplimiento del precepto constitucional que establece la aconfesionalidad del Estado y la libertad religiosa».

Promete impulsar «un nuevo acuerdo bilateral entre ambos Estados, basado en el principio de laicidad, para mantener unas relaciones de cooperación moderna con la Iglesia Católica», así como recuperar «los bienes matriculados indebidamente por la Iglesia». En este sentido, propone «una revisión de las operaciones que se han basado en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros».

En un sentido similar, Unidas Podemos quiere «recuperar los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia. Estas operaciones se han basado, hasta 2015, en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros. Esto la ha llevado a inscribir a su nombre bienes que –como se sabe– son de toda la ciudadanía, como la mezquita de Córdoba o ermitas de muchos pueblos».

También apuesta por derogar la Lomce e impulsar una reforma educativa en la que «la religión no formará parte del horario escolar obligatorio y no se tendrá en cuenta para la media en ningún nivel educativo». Según los podemitas, «en nuestro país nunca se ha acometido una verdadera separación entre la Iglesia católica y el Estado. A consecuencia de ello, la Iglesia sigue disfrutando de privilegios que son imposibles de explicar, al mismo tiempo que a la gente solo le crece el importe de las facturas. Uno de estos privilegios es la exención de pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por los bienes que dice poseer».

Así, «mientras que una persona normal tiene que llegar a situaciones de gran necesidad para que se le permita no pagar el IBI, la Iglesia española no solo recibe fondos de nuestra declaración de la renta que luego gasta en televisiones sectarias que nadie ve, sino que, además, se le permite no pagar impuestos por sus propiedades».

A su vez, ERC defiende buena parte de los postulados de Unidas Podemos, pues propone «anular los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español de 1979 que establecen privilegios religiosos y obligan a ofrecer religión católica en la educación reglada; y, si fuera necesario, pedir también al Estado que revise los acuerdos suscritos en 1992 con federaciones de entidades representativas, respectivamente, de las confesiones evangélica, islámica y judía».

Los republicanos quieren «impulsar una ley de conciencia para reconocer la igualdad de creyentes y no creyentes, todo garantizando la libertad y la pluralidad de creencias y no creencias y la neutralidad estatal».

La CUP, que se presenta por primera vez, enmarca a la Iglesia en un conjunto de élites privilegiadas del Estado. «Denunciamos sistemáticamente el poder político, mediático y económico de la Iglesia católica, así como sus privilegios fiscales y tributarios. Luchamos por una educación y una salud 100% pública y laica». Un Estado que, «con la complicidad de la iglesia católica, perpetúa día a día la violencia machista y LGTBfóbica».

También debuta en estas elecciones Más País, que defiende la reversión de los bienes histórico-artísticos inmatriculados por la Iglesia católica, así como estudiar «el equipamiento de los mataderos con sistemas de aturdimiento reversible que faciliten la conciliación entre los ritos religiosos y las garantías en el bienestar de los animales en el momento del sacrificio».

Autor

Pablo Santos

Experto en información religiosa

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