«La vida religiosa en España vive una transición»

El jesuita Elías Royón, provincial de España de la Compañía de Jesús, fue elegido en noviembre pasado presidente de Confer, en un momento de duras tensiones entre religiosos y jerarquía. Tres meses después, es entrevistado por Laura Daniele en ABC. En la entrevistas, sostiene que «la vida religiosa en España vive una transición», se muestra a favor del Pacto Educativo y considera «innecesaria» la reforma de la Ley de Libertad Religiosa.

-¿Cómo ve la situación de la vida religiosa en España?
-La vida religiosa vive una situación de «transición»; sale de un pasado, caracterizado por una realidad muy fuerte en cuanto al número y a la presencia en variados ámbitos apostólicos, y se encamina a un futuro, con una presencia numéricamente mucho menor y apostólicamente más selectiva. Pienso que la vida consagrada necesita renovar con vigor su vida y misión, su pasión por Jesucristo, que le haga visible en la sociedad por el testimonio de sus vidas y de su audacia ante los desafíos.

-¿Cuáles son sus expectativas al frente de la Confer?
-Prestaremos especial atención al tema vocacional, a lo intercongregacional, a la reestructuración y planificación de las Congregaciones, a la revitalización del sentido de la vida consagrada, a descubrir dónde están las necesidades más urgentes y menos atendidas de nuestra sociedad, cuáles son las formas adecuadas de evangelización en las fronteras de la cultura, de la pobreza, de la juventud, de la familia. Otro punto de interés será el de profundizar en las relaciones y en la colaboración con todos los componentes de la comunión eclesial: jerarquía, sacerdotes, laicos, asociaciones, movimientos.

-¿Cómo se construye esa comunión? ¿Tiene alguna receta?
-La comunión exige el cultivo de unas actitudes que se derivan de ese deseo de que se realice el mandato del Señor: «Que todos sean uno», escucha a la diversidad como riqueza del Espíritu, creer que todos son necesarios para la misión de la Iglesia, respeto y aprecio de los diversos pareceres, ideas y experiencias.

-¿Qué piensa de la reforma de la ley del aborto?
-El Magisterio de la Iglesia en este punto es constante y claro: es inaceptable cualquier norma que acepte la práctica del aborto y el considerarlo como un derecho. Y esto porque la vida desde su concepción es una realidad humana independiente de la madre, y por tanto un bien que debe ser protegido. Sin olvidar que el respeto a la vida humana es el más firme cimiento de un orden social justo y que este derecho a la vida no es sólo una cuestión central para los católicos, sino también para muchas personas sin compromisos religiosos explícitos.

-¿Y de la polémica sobre los crucifijos en las escuelas?
-El crucifijo, después de dos mil años de historia de la humanidad, encarna y simboliza, no sólo para los cristianos, unos valores que fundamentan una sociedad que aspire a ser más justa y humana. Querer que desaparezca de lugares como la escuela es desconocer las raíces de nuestra civilización europea o desear hacerlas desaparecer, con el fin de que no influyan en la construcción de la sociedad. Quizás sería ésta una ocasión para que los cristianos examináramos si nuestras vidas, privada y públicamente, son coherentes, no con un símbolo, sino con lo que significa Cristo en la Cruz.

-¿Es necesaria una reforma de la ley de libertad religiosa?
-Mi impresión es que no. La ley vigente puede ser perfectamente aplicada para afrontar las cuestiones que se puedan crear en la nueva situación de España. Si el Gobierno fuera adelante con una nueva ley, ésta debería encuadrarse en el marco de una laicidad entendida integralmente como propone nuestra Constitución; una laicidad «positiva».

-¿Qué requisitos debe reunir el Pacto por la Educación?
-Su necesidad es incuestionable. Deberá garantizar el derecho de todos a la educación y la libertad de los padres para elegir el centro donde crean que se garantiza una formación integral para sus hijos. Esto implica también una formación abierta a la trascendencia, donde se encaje y valore la asignatura de Religión. El Pacto requerirá además una financiación justa para los centros concertados, en igualdad con la red pública y dignificar social y profesionalmente al profesor.