En su momento he dicho que el gobierno actual carece de legitimidad de origen. Ahora podemos sostener que tampoco tiene legitimidad de ejercicio. Las declaraciones de Pedro Solbes, ministro de Economía, apenas unas semanas después de que el Congreso aprobara los presupuestos generales del Estado que preparó son la prueba de ello.
Como ya dije, la legitimidad es algo distinto de la legalidad. No se pone aquí en duda la legalidad del origen y el ejercicio del poder por el gobierno actual. Pero sí se sostiene que el actual gobierno no es legítimo en su origen y no lo es en su ejercicio.
Los pensadores clásicos distinguían la legitimidad de origen de la legitimidad de ejercicio.
Este pensamiento ya fue formulado por San Isidoro de Sevilla (siglo VII) como criterio para juzgar la legitimidad del poder en la Monarquía Española
rex eris si recta facies, si non facies non eris
¿Qué es obrar rectamente?
Parece claro que, como mínimo, «obrar rectamente» es no engañar al pueblo.
El proyecto de presupuestos generales del Estado que el gobierno Rodríguez presentó a las Cortes Generales y que fue aprobado por las mismas contenía, entre otras, estas previsiones
El Gobierno español mantuvo en su reunión del viernes su previsión anterior de un Producto Interior Bruto (PIB) para 2009 del 1,0 por ciento, según la documentación facilitada tras el Consejo.
(…)
el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2009, (…) establece un déficit del Estado para 2009 de 17.100 millones de euros, equivalente al 1,5 por ciento del PIB
Sin embargo, el 16 de enero de 2009, el ministro de Economía, Pedro Solbes, presentó un cuadro distinto
El Gobierno presentó ayer los números que por fin revelan la cruda realidad: el producto interior bruto (PIB) caerá el 1,6% en 2009, el paro rozará los cuatro millones de personas y el déficit público se acercará al 6% del PIB, según el Ejecutivo.
¿Es concebible pensar que el Gobierno, cuando sometió el proyecto a su votación definitiva en el Congreso el 23 de diciembre, no conocía estos datos?
Si, como parece razonable pensar, el Gobierno sabía que lo que se sometía a votación era mentira, el gobierno no actuó rectamente. Y si en un asunto tan grave el Gobierno miente, se convierte en ilegítimo por el modo en que ejercita el poder.
