La letra pequeña de del rescate

Las 10 reformas que la UE exige a Sánchez a cambio de los 140.000 millones

Tampoco es un secreto que la reforma laboral de Mariano Rajoy siempre ha sido bien valorada en Bruselas, donde también se ha alertado en muchas ocasiones sobre la necesidad de apuntalar la sostenibilidad de las pensiones

Las 10 reformas que la UE exige a Sánchez a cambio de los 140.000 millones
Pedro Sánchez y los millones que llegan de la UE. PD

El personal sospecha y con motivo, que buena parte del dinero servirá disimuladamente para comprar votos y alimentar a los amigos del Gobierno PSOE-Podemos, con proyectos de nombres complejos y apellidos del tipo ‘verde’, ‘ecológico’, ‘feminista’, ‘impacto’, ‘social’ ‘innovador’ o ‘progresista’, pero no todos millones no se podrán ir por el vertedero de la demagogia y el conchabeo político.

El rescate ya está en marcha. El fondo de reactivación, pactado por los líderes europeos, inlcuye 140.000 millones de ayuda para España, de los cuales 72.700 millones irán ligados a la línea de ayudas a fondo perdido y los 67.300 millones restantes estarán ceñidos a créditos pendientes de devolución.

La movilidad, la sanidad, las infraestructuras y la cadena agroalimentaria son los sectores que recibirán más ayudas en los próximos seis años, tras la aprobación del programa de 750.000 millones, Next Generation Europe.

El rescate permite a Moncloa subir los impuestos en España. El pacto de los líderes europeos para desbloquear las ayudas remite a las directrices fiscales de la Unión Europea.

Los documentos europeos avalan desde hace años una subida impositiva en España, sobre todo en materia de impuestos indirectos, como el IVA, e impuestos especiales.

Pero la ayuda que recibirá España tiene condiciones. Para acceder a los fondos, los países deberán presentar Planes de Inversiones y Reformas, que quedarán sujetos a la aprobación de los demás socios europeos.

El diseño de dichos Planes no es una hoja en blanco, sino que se espera que sean medidas ceñidas al Marco de Recomendaciones del Semestre Europeo.

Tal Marco de Recomendaciones establece, por ejemplo, la necesidad de garantizar que las pensiones son sostenibles o el compromiso con la contención del gasto público.

Lo primero puede suponer recortes para los jubilados o subidas de impuestos para los trabajadores, mientras que lo segundo se traducirá en un corsé presupuestario que limitará enormemente la capacidad de aprobar nuevos desembolsos.

Estás son algunas de las reformas que tendrá que afrontar el Gobierno socialcomunista, quiera o no:

  • 1.- REFORZAR EL SISTEMA SANITARIO: Es la gran novedad de las recomendaciones de 2020. El Covid-19 ha dejado al descubierto la «vulnerabilidad» de la sanidad española a los shocks y sus «problemas estructurales», algunos de los cuales se deben a «ciertos déficits de inversión en infraestructuras físicas y carencias en el reclutamiento y las condiciones de trabajo de los trabajadores sanitarios». Hay disparidades regionales en materia de inversión, recursos físicos y personal y la coordinación entre los diferentes niveles de Gobierno no es siempre eficaz», denuncia la Comisión. Sánchez debe «reforzar la resistencia y la capacidad del sistema sanitario, en lo que se refiere a trabajadores, productos médicos críticos e infraestructura. Unas reformas que tienen que asegurar que las personas mayores que viven en residencias, las más golpeadas por la pandemia, tengan acceso a los servicios de emergencia y cuidados intensivos. También hay que potenciar la atención primaria y la sanidad digital. A medio plazo, es importante garantizar que la probable reducción de recursos presupuestarios debida a la crisis económica no afecte a la cobertura sanitaria de la población y provoque desigualdades en el acceso, avisa Bruselas.
  • 2.- UN PLAN DE AJUSTE PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO: La UE no exige esta vez a España ajustes presupuestarios a corto plazo, pese a que según sus propias previsiones el déficit se disparará este año hasta el 10,1% del PIB y la deuda escalará al 115,6%. Al contrario, Bruselas ha activado la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que suspende temporalmente la exigencia de tener un déficit por debajo del 3% y un nivel de deuda inferior al 60% del PIB. Una suspensión que seguirá vigente al menos hasta el año 2022. La prioridad ahora debe ser disparar el gasto público para amortiguar el impacto del coronavirus. Pero «cuando las condiciones económicas lo permitan», el Gobierno de Sánchez deberá «aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr una posición fiscal prudente a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomenta la inversión». Ya antes de la crisis, España era uno de los países de la UE con más déficit y no había tomado medidas suficientes para rebajarlo pese al periodo de bonanza económica, según el análisis del Ejecutivo comunitario.
  • 3.- MEDIDAS COMPENSATORIAS PARA LAS PENSIONES: La UE cree que las reformas realizadas en 2011 por José Luis Rodríguez Zapatero y en 2013 por Mariano Rajoy «ayudaron a garantizar la sostenibilidad y la suficiencia relativa de las pensiones a largo plazo». Por eso censura que estos cambios hayan sido revertidos y reclama alternativas para evitar la quiebra del sistema. «Volver a ligar los incrementos de las pensiones a la inflación (como se decidió en 2018 y 2019) y el aplazamiento del factor de sostenibilidad requieren medidas compensatorias para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo», avisa Bruselas.
  • 4.- COMBATIR LA ALTA TASA DE TEMPORALIDAD LABORAL: Además de entrar en  la crisis con el segundo paro más alto de la UE (sólo Grecia está peor), España es también uno de los Estados miembros con mayor tasa de contratos temporales, lo que frena el potencial de crecimiento y la cohesión social. Los jóvenes, los trabajadores poco cualificados y los inmigrantes son los más afectados. Ellos son los que más están sufriendo la crisis del Covid-19. El resultado es un menor acceso a prestaciones sociales y más riesgo de pobreza. Los contratos temporales son a menudo muy cortos y no dan incentivos para invertir en formación, lo que hunde la productividad laboral, según el análisis de Bruselas. La UE reclama a Sánchez medidas para «favorecer las transiciones hacia contratos indefinidos, entre ellas la simplificación de los incentivos a la contratación».  También apuesta por mejorar la calidad de los servicios públicos de empleo. Sobre la reforma laboral de Rajoy, Bruselas sostiene que «desempeñó un importante papel en el fomento de una recuperación intensiva en empleo que se inició en 2014». La respuesta a la intención de Sánchez y Podemos de derogarla es que «será importante que cualquier nueva medida sólo se adopte tras una detenida evaluación de sus efectos potenciales y que se preserven los logros de las reformas anteriores».
  • 5.- MEJORAR LA EFICACIA DE LAS AYUDAS SOCIALES: La crisis aumentará los ya elevados niveles de pobreza y exclusión social en España, especialmente entre las familias con niños. En 2019, España era el país de la UE con el nivel más bajo de ayudas por hijo. En la actualidad, las ayudas para parados de larga duración y para los que no tienen derecho a prestación contributiva están dispersas en múltiples planes, lo que resulta en un bajo nivel de cobertura. Los sistemas de renta mínima regional existentes sólo llegan al 20% de sus potenciales beneficiarios en todo el país y hay grandes disparidades en cuanto a cobertura, duración, condiciones de acceso y dotación. «El difícil contexto económico y social resultante de la pandemia exige una solidaridad intergeneracional en favor de las generaciones más jóvenes». En concreto, la UE reclama «mejorar la cobertura y la suficiencia de los sistemas de renta mínima y ayuda a las familias». En una entrevista con EL ESPAÑOL, el comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Nicolas Schmit, valoraba positivamente el ingreso mínimo vital que acaba de aprobar el Gobierno de Sánchez, pero avisaba de que no puede financiarse con las ayudas del nuevo fondo anticrisis.
  • 6.- UN PACTO PARA IMPULSAR LA EDUCACIÓN: La crisis del Covid-19 ha puesto de relieve la importancia de la digitalización para mantener el acceso a los servicios educativos. Antes del periodo de confinamiento, sólo la mitad de las escuelas en España disponían de plataformas de aprendizaje digital adecuadas, con importantes disparidades regionales. El cambio repentino al aprendizaje digital supone además un reto particular para los estudiantes más vulnerables, que no tienen acceso a soluciones digitales en su hogar, señala la UE. Las autoridades españolas deben lograr que «todos los estudiantes se beneficien del acceso al aprendizaje digital, incluidos los que viven en áreas rurales o en hogares vulnerables». Más a medio plazo, Bruselas insiste en su petición de una reforma educativa basada en un amplio consenso político y social que reduzca el abandono escolar (España tiene la tasa más alta de la UE, 17,3%), aumente el porcentaje de estudiantes en ciencia y tecnologías digitales, haga la formación profesional más atractiva y adapte la oferta educativa al mercado laboral.
  • 7.- UNIDAD DE MERCADO CONTRA LA FRAGMENTACIÓN AUTONÓMICA: Las disparidades normativas a las que se enfrentan las empresas dependiendo de la comunidad autónoma frenan el crecimiento de la productividad en España. Aumentan los costes y limitan la movilidad geográfica de compañías y trabajadores, según la UE. La recomendación a Sánchez es aplicar de forma más decidida la ley de Unidad de Mercado que aprobó Rajoy. También debería suprimir las restricciones a profesiones reguladas como ingenieros civiles, arquitectos o servicios informáticos y legales. «De manera general, una coordinación más fuerte y de manera sostenible entre los diferentes niveles de Gobierno (central, regional y local) podría hacer que las políticas para facilitar la recuperación sean más eficaces», asegura Bruselas.
  • 8.- AHORRAR ENERGÍA Y COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO: Algunas zonas de España figuran entre las más expuestas de Europa al cambio climático, al estar sus recursos hídricos sometidos a presiones que requieren más inversión en infraestructura para mejorar la gestión del agua, como, por ejemplo, la depuración de aguas residuales, las filtraciones en las redes de distribución del agua y el suministro, avisa la UE. «La reducción del consumo energético en los edificios y el desarrollo de redes energéticas inteligentes y del almacenamiento de la energía eléctrica procedente de fuentes renovables contribuirían a gestionar mejor la demanda. Deben realizarse mayores esfuerzos por promover el transporte sostenible y la economía circular», señalan las recomendaciones para España.
  • 9.- MEJORAR LAS POLÍTICAS DE I+D+i: La UE lleva años alertando de que los resultados de España en materia de innovación «se ven obstaculizados por unos niveles bajos de inversión en investigación y desarrollo». El gasto en I+D del sector empresarial en España asciende tan solo a la mitad de la media de la Unión, especialmente en el caso de las grandes empresas. Además, se observan importantes disparidades regionales. Una divergencia que se ve agravada por el bajo —y decreciente— índice de ejecución del presupuesto público dedicado a investigación y desarrollo. El empleo en los sectores de alta tecnología y en los servicios intensivos en conocimientos se encuentra muy por debajo de la media de la Unión en muchas regiones españolas. La UE reclama al Gobierno de Sánchez realizar inversiones importantes para fomentar el emprendimiento y las empresas emergentes, ayudándoles a crecer y a digitalizarse para que puedan especializarse en actividades con mayor valor añadido con vistas a incrementar su presencia en los mercados internacionales.
  • 10.- IMPULSAR EL TREN DE MERCANCÍAS: El carácter incompleto de las conexiones de transporte de mercancías por ferrocarril y la integración limitada en los mercados de electricidad y gas de la UE también impiden que España se beneficie plenamente del mercado único de la UE, sostiene la Comisión. Por este motivo, España debe seguir invirtiendo en interconexiones eléctricas con el resto de la Unión para alcanzar el objetivo de al menos un 10 % de su capacidad instalada de producción eléctrica de aquí a 2020. También son necesarias inversiones para permitir un mayor uso del ferrocarril en el transporte de mercancías, incluidas las conexiones transfronterizas con Francia y Portugal y las conexiones con los puertos y los centros logísticos.

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