(PD).- Lo tremendo, lo increible, lo paradójico es que el Ministerio de Defensa no tuviera listo un protocolo. Son las consecuencias de haber puesto al mando a una ministra «mediática» como Carmen Chacón, pero la realidad es que -tras alardear de la gran misión que iban a realizar nuestras tropas e invertir millones en enviar fragatas y militares a la zona- nadie parecé haber previsto que una de las cosas que podrían ocurrir es que nuestros soldados y buques captauraran a algún pirata.
Trece corsarios llevan seis días retenidos en el petrolero de la Armada española Marqués de la Ensenada -el decimocuarto permanece en un hospital militar de Yibuti-, inmersos en un proceso penal abierto en España y con un auto en el bolsillo que decreta su libertad provisional.
Para acabar con esa insostenible situación (una orden de libertad incumplida por una autoridad puede derivar en detención ilegal o desobediencia), la Audiencia Nacional ofreció ayer al Ministerio de Defensa una salida: que preguntara al juez Fernando Andreu si su auto de libertad obligaba a la Armada a no trasladarlos a Kenia, como pretendía el Gobierno.
El juez respondió con una providencia en la que contestaba que su resolución «no impide el desembarco de los inculpados en Kenia o cualquier otro punto» que se designe, lo que desbloqueó la situación.
El mensaje se transmitió a Defensa de manera informal. Los servicios jurídicos de la cúpula militar elaboraron la cuestión a plantear y, tras firmarla el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Julio Rodríguez, fue enviada por fax al juzgado de Andreu.
El magistrado contestó con su providencia a primera hora de la tarde. Su respuesta permite al Gobierno «el desembarco» y autoriza a hacerlo en el lugar que designe la Autoridad competente que reúna, eso sí, «las condiciones necesarias de seguridad y operatividad» que se consideren necesarias.
El fiscal y el abogado del Estado solicitaron la «entrega» a Kenia, aunque el juez, en su escrito, evita esa palabra.
El Ministerio de Defensa sostiene, sin embargo, que la providencia del juez sí le permite entregar a los piratas a Kenia, pues la consulta que le hizo el jefe del Estado Mayor de la Defensa preguntaba expresamente «si el cumplimiento de los autos de 8 de mayo de 2009 [que ordenaron la libertad provisional] permite el desembarco en Kenia, con arreglo a lo dispuesto en el canje de notas» entre España y dicho país.
El juez respondió que sí, pero evitó mencionar el acuerdo con ese país africano, que se refiere exclusivamente a «la entrega de personas detenidas por EUNAVFOR [Fuerza Naval Europea] en relación con actos de piratería» y nunca a personas libres.
En cualquier caso, Defensa se propone entregar a los 13 bandidos -el número 14 se recupera en Yibuti- a las autoridades kenianas el próximo viernes, cuando está previsto que atraque en Mombasa el Marqués de la Ensenada.
En lo que respecta al proceso abierto en la Audiencia Nacional, tras la providencia del juez Andreu, los piratas -que fueron detenidos en flagrante delito, y siete de ellos armados, según Defensa- permanecen hasta el momento en libertad, como acordó el viernes el juez a petición del fiscal, e «inculpados» de varios delitos, como afirma el magistrado, que sigue adelante con su investigación.
Como revela Miguel Altozano en El País, la providencia, escrupulosa en la redacción, evita la palabra «autoriza» para afirmar que el auto de libertad del viernes «no impide» que sean liberados en Kenia. Andreu sostenía el viernes que autorizar «la entrega» vulneraría los derechos y garantías de los piratas.
El desbloqueo de la situación llega al final del errático camino seguido por la fiscalía y el Gobierno en este asunto. En su segundo cambio de criterio en cinco días, el Ministerio Público presentó recursos de reforma y apelación y reclamó el archivo de la causa para que Defensa pudiera realizar «la entrega» de los detenidos a las autoridades judiciales de Kenia. Su petición se basaba en que el delito de «piratería marítima» no existe en el Código Penal español.
El Gobierno ZP, a través del abogado del Estado, intentó personarse en la investigación y pidió al juez que lo considerara «parte acusadora». En ese mismo escrito presentó un recurso directo de apelación para que la Sala de lo Penal conceda lo que, por ahora, no ha logrado del juez: que revoque la libertad de los piratas y ordene su cesión a Kenia.
