Este lunes, Donald Trump hizo historia al comparecer ante un tribunal en Nueva York, convirtiéndose así en el primer expresidente de los Estados Unidos en enfrentar un proceso penal
El caso se centra en un presunto pago que Trump habría realizado a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels antes de las elecciones presidenciales de 2016, con el objetivo de evitar la revelación de detalles sobre un supuesto encuentro sexual entre ambos.
Los fiscales argumentan que este pago constituyó un intento ilegal de influir en las elecciones, en las cuales Trump resultó victorioso sobre la demócrata Hillary Clinton.
Trump, de 77 años, se ha declarado inocente de los 34 cargos presentados en su contra, denunciando que se trata de acusaciones políticamente motivadas.
El juicio, que comenzó con la selección de los miembros del jurado, marcará un hito en la carrera judicial de Trump, quien ha enfrentado anteriormente demandas civiles pero nunca un proceso penal de esta magnitud.
La controversia se centra en el pago que el expresidente habría ordenado a su antiguo abogado, Michael Cohen, para silenciar a Daniels con la suma de US$130.000.
Aunque los pagos para mantener asuntos privados no son ilegales en Estados Unidos, la Fiscalía de Manhattan argumenta que Trump cometió un delito al registrar este pago como «gastos legales». Daniels, también conocida como Stephanie Clifford, alega que tuvo relaciones sexuales con Trump en 2006, algo que él niega rotundamente. La supuesta relación habría ocurrido en un hotel de California, según las afirmaciones de Daniels.
El juicio, que se espera dure de seis a ocho semanas, podría afectar la campaña electoral de Trump, quien es el probable candidato republicano para las elecciones de noviembre de ese año. Se espera que tanto Daniels como Cohen testifiquen durante el proceso. El juez a cargo del caso, Juan Merchan, rechazó las demandas de Trump para apartarse del caso, alegando que el presidente lo «odia».
A diferencia de los juicios civiles previos, la presencia de Trump en este juicio es obligatoria y su ausencia podría resultar en una orden de arresto en su contra. La defensa del expresidente probablemente argumentará que las acusaciones carecen de fundamento y están motivadas políticamente, aunque hasta ahora no ha proporcionado pruebas que respalden estas afirmaciones.
