En un desarrollo preocupante en el marco del conflicto en curso en Sudán, el Tribunal Penal de Karari, en el estado de Jartum, emitió recientemente una nueva sentencia de muerte por ahorcamiento contra un ciudadano acusado de colaborar con las Fuerzas de Apoyo Rápido, según informaron medios estatales. Esta condena forma parte de una serie de casos similares que han generado creciente polémica sobre la imparcialidad del poder judicial en un país devastado por la guerra.
La sentencia ha provocado fuertes reacciones entre organizaciones defensoras de derechos humanos. El grupo «Abogados de Emergencia» denunció que el acusado no recibió un juicio justo, y acusó a las autoridades de utilizar el sistema judicial como herramienta para “intimidar a la sociedad y ajustar cuentas políticas”.
Paralelamente, el ejército sudanés lanzó una campaña bajo el lema “Denuncia a un colaborador”, en la que se anima a los ciudadanos a delatar a cualquier persona sospechosa. Organizaciones de derechos humanos han advertido que esta campaña abre la puerta a juicios arbitrarios basados en sospechas o afiliaciones regionales, y no en pruebas legales concretas.
Según observadores, los principales objetivos de esta campaña son personas originarias de los estados de Darfur o Al-Jazira, o aquellas conocidas por sus posturas críticas hacia el ejército o su simpatía con fuerzas civiles, lo que las convierte en blanco de persecución sin justificación jurídica clara.
Informes previos de Amnistía Internacional y Human Rights Watch ya habían alertado sobre el aumento de arrestos y juicios injustos en Sudán, especialmente en las zonas bajo control militar, subrayando que estos procesos carecen de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Con la guerra aún en curso y el deterioro de la seguridad, crece el temor de que el sistema judicial en Sudán se transforme en un campo de batalla política, en lugar de ser una institución destinada a salvaguardar la justicia y los derechos de los ciudadanos.
