Boris Johnson se enfrenta a uno de los escándalos más peligrosos de su legislatura.
El primer ministro británico es señalado por su controvertido exasesor Dominic Cummings de financiar con donaciones privadas la renovación de su apartamento oficial. Una obra con un coste de 80.000 dólares.
Hacía meses que no se veía a Johnson tan crispado. El primer ministro se presentó ante la Cámara de los Comunes en la sesión de control unos minutos después de que estallase la noticia de que la Comisión Electoral, que supervisa entre otras cosas la financiación de los partidos, abriera una investigación formal sobre las obras en su piso de Downing Street.
”Hay motivos razonables para sospechar que puede haber habido una o más infracciones” de las reglas, a juicio de ese organismo supervisor.
Una “investigación formal determinará si alguna transacción relativa a las obras en el 11 de Downing Street entra dentro del régimen regulado por la Comisión y si se informó de cualquier financiación como es debido”, dijo un portavoz de la agencia.
Hasta el momento, el Partido Conservador se negó a aclarar si desembolsó el coste de la reforma y se limitó a decir que los fondos de la formación “no se están usando” para pagar por el piso, sin especificar si Johnson recibió antes un préstamo no declarado.
Y precisamente por ese flanco insistió hoy en sus ataques el líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, ante un primer ministro nervioso y agresivo.
La creciente subida de Johnson en las encuestas ha ido en paralelo al declive de la figura de Starmer, a quien sus propios correligionarios acusan de falta de una línea ideológica clara.
Ante las sospechas abiertas por el caso del apartamento, Starmer percutió con una pregunta recurrente, a la que el jefe del Gobierno no quiso o no supo responder: ¿Quién pagó inicialmente la reforma del apartamento?.
La palabra clave aquí es “inicialmente”, pues Johnson reiteró hoy que él ya ha “cubierto todos los costes” por esas obras.
Pero las dudas razonables acerca del origen de ese pago, que deberá solventar la Comisión Electoral, sirvieron a Starmer para cuestionar la integridad del primer ministro conservador.