La Ley de Transparencia, instrumento constitucional imprescindible para que los ciudadanos identifiquen y denuncien la corrupción, no se aplica en Murcia debido a una auténtica conspiración urdida desde las alturas autonómicas. Es toda una estructura político-administrativa la que ha impuesto la costumbre de no atender los requerimientos de información que solicitan legítimamente ciudadanos y administraciones, llegando la chulería hasta el punto de que el Servicio Murciano de Salud contestó por escrito al Consejo de la Transparencia que no pensaban cumplir con la ley ni entonces ni en lo sucesivo, y así siguen, tras una opacidad casi absoluta sobre la contratación y promoción del personal sanitario, la compra del carísimo aparataje y los nombramientos de gente “de los nuestros” para mantener la olla tapada y que no sepa el ciudadano lo que está haciendo el gobierno del PP. Siendo la opacidad política equivalente a la  omertá mafiosa, ¿En qué se convierte este gobierno del PP negándose a ser transparente?

Que un alcalde de pueblo –Pliego (Murcia)-, del Partido Popular, interponga un arsenal de estratagemas dilatorias entre los ciudadanos y la información a que tienen derecho, neutralizando la operatividad de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y de su art. 5.1, dando lugar a una gestión opaca como la neosoviética de Putin (ni derecho a la información ni derecho a participar en la vida pública) podría ser una anécdota si no fuera otra chulería como la del Servicio Murciano de Salud, además de una temeridad dado que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha elaborado una consolidada doctrina sobre los alcaldes que prevarican de forma omisiva cuando no hacen lo que la ley ordena que se haga.

Que un alcalde de capital de provincia (Murcia), también del PP, dé un mal uso a 54 milloncitos de nada, un dinero finalista que sólo se podía gastar en el desarrollo urbanístico de la zona norte (La Opinión, Murcia, 14 de mayo de 2022) podría ser una anécdota de mayor cuantía pero jurídicamente insignificante hasta que la investigue un juez y a ver qué encontramos, porque la opacidad es un parapeto tras el que puede no haber más que mera incompetencia o algunas cosas peores. No son los casi 700 millones que se gastaron los socialistas andaluces en cocaína, comilonas, putas y compra de votos a base de malversar los ERE, pero no deja de ser una cifra mareante para nosotros los mortales.

El asunto fue consultado a un fiscal del TSJ, autor de una obra cuyo título lo acredita más como presuntuoso que como sabio, y dejó constatada su sesgada necedad cuando contestó que lo de no cumplir la ley de transparencia era una cuestión meramente administrativa. Es decir, que a tan escasamente docto fiscal tendremos que explicarle, a estas alturas, que también lo de los ERE fue una cuestión administrativa hasta que lo empezó a investigar un juzgado y ya saben: años de cárcel, años de inhabilitación, etc, etc. Y todo parecía, al principio, una mera cuestión administrativa, meros tiquismiquis legales.

Y ya sólo nos faltan las cabezas: ¿Sabe el Fiscal Jefe del TSJ que en Murcia la transparencia no se cumple porque el PP murciano tiene la decidida voluntad de que así sea? ¿También entiende que es una mera formalidad administrativa? ¿Piensa hacer algo al respecto o seguirá sesteando indolente como ya nos ocurrió con el medio ambiente hasta que un juzgado empezó a investigar y el río Segura pasó de ser una cloaca a ser un río al que ha vuelto la vida en todas sus manifestaciones? ¿Y el presidente López Miras? ¿Está él en la conjura para incumplir la ley sistemáticamente o deja que lo hagan otros en su nombre, al modo de los sicarios de toda mafia? En cualquier caso ¿Qué ocultan tras ese cerrojazo informativo? ¿Tapan así las vergüenzas del PP, ese partido que viene a salvarnos de perrosánchez poniendo perros de la misma camada en su lugar?

La última astracanada la ha protagonizado el exmagistrado Pérez Templado, que ya apuntó maneras cuando presidía el TSJ de la comunidad: de unos magistrados recusados por parciales dijo que le había preguntado si lo eran y le dijeron que no, y eso bastó para archivar la recusación sin imponer las costas, que es lo que hacen cuando saben que el ciudadano tiene razón pero no se la pueden ni quieren dar. Pues ahora, harto del boicot de la Comunidad Autónoma contra el Consejo de la Transparencia que presidía, ha dimitido –eso lo honra- con la exótica pretensión de dejar designado a dedo a su sucesor, como hizo el rata de Iglesias con su Yoli. Y el designado por Pérez Templado ya demostró quién era cuando fue secretario de la Universidad Pública de Murcia (UMU) bajo el mandato del peor rector que Murcia ha padecido, un tal Orihuela, apodado «el sumo puentífice» por dos puentes que empalmó en su primer mes de mandato, que vino a sanear y se fue –no repitió mandato, según es costumbre- dejando el alma mater hecha un solar. Así que el uno que se creía el Rey Sol –el Consejo soy yo- y el otro que acepta una designación a dedo que sabe ilegal -es catedrático de Derecho Administrativo- pues sólo la Asamblea Regional puede designar al sucesor del dimitido, ponen bien a las claras el chiringuito de poder y perras en que se ha convertido la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Dicen que Vox no prospera en ningún sitio tanto como en Murcia, ¿Será por el hastío de que aquí tanto da que gobiernen unos que otros porque siempre nos va igual? El AVE no llega, el Trasvase se cierra, el Mar Menor agoniza, los dineros públicos se malversan, la transparencia es pura opacidad… Para cuando ganen otros que no sean ni el PP ni el psoe ¿Nos encontraremos una corrupción generalizada como la de Andalucía?

De lo anterior surge una pregunta inquietante: ¿Es el PP un partido tan decente como de sí mismo dice?