“¡Exprópiese!” ha sido la palabra que más ha marcado a los pequeños y medianos empresarios venezolanos desde febrero de 2010, cuando Hugo Chávez de forma deliberada y por televisión comenzó a confiscar empresas en nombre del Socialismo del Siglo XXI. Sin embargo, esta idea no surgió del líder bolivariano ni de Fidel Castro sino de la asesoría de Josep Manel Busqueta, responsable económico de la CUP (Candidatura de Unión Popular) y número 3 del parlamento catalán por Barcelona, en 2015. Cabe destacar que, según el Observatorio de Gasto Público de Cedice (Centro de Divulgación del Conocimiento Económico) y de la patronal Conindustria, más de 5.000 empresas han sido intervenidas por el gobierno, durante los últimos veinte años.
Del mismo modo, pero de manera más voraz, casi 6.000 empresas han huido de Cataluña, desde finales de 2017, cuando políticos independentistas, liderados precisamente por la CUP, JuntsxCat y Esquerra Republicana, realizaron una declaración unilateral de independencia y convocaron un proceso soberanista a través de un referéndum ilegal para intentar romper definitivamente con España. Desde entonces, solo un centenar de compañías han vuelto y todo este proceso secesionista no solo llevó la fuga de capitales de Cataluña sino también a condenas penales a 18 personas, casi la totalidad del gobierno catalán presidido por Carles Puigdemont, así como a varios miembros de la mesa del Parlamento, todos acusados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia.
Con la muerte de Chávez, Nicolás Maduro heredó su legado y a sus asesores; y estos han sido todavía más anómalos en cuanto a socavar las democracias occidentales de Venezuela y España. Por ejemplo, Anna Gabriel i Sabaté, también ex líder del CUP, un año antes de la DUI declaró que estuvo en Venezuela invitada por el régimen chavista haciendo “cosas muy interesantes” y se sintió emocionada por la hospitalidad y las políticas sociales ejercidas en el país caribeño; sin embargo, cuando fue puesta a disposición judicial por las autoridades españolas acusada por delito de rebelión se fugó a Ginebra y no a Caracas.
En este mismo orden de ideas, no puede quedar por fuera el controvertido Gabriel Rufián, quien es diputado a las Cortes Generales por ERC y está plenamente convencido de que el independentismo irá a más. De hecho, en varias oportunidades ha asegurado, sin ningún tapujo, que lo de Venezuela es como lo de Puigdemont. En este aspecto, indudablemente, hay que darle la razón al parlamentario; pues la Cataluña de los separatistas tiene sello venezolano: ruina, corrupción galopante, elecciones anticonstitucionales, hundimiento de la economía, polarización social, antieuropeísmo y, sobre todo, afines ideológicamente a sistemas como los de Cuba y Rusia, pero sin ningún atisbo de vivir la revolución de esos países. En pocas palabras: chavismo catalán.
Por ello, no es casualidad que el Foro de Sao Paulo, agrupación de 111 partidos de extrema izquierda latinoamericana y fundado por Fidel Castro en los años 90, organizara, en Caracas, en febrero de 2020 un encuentro comunista, exclusivamente, para impulsar la independencia de Cataluña, así como la era post ETA. Incluso, acusando al Estado español de represor y antidemocrático; exigiendo a Pedro Sánchez reconocer la autodeterminación de los pueblos y el derecho a decidir.
Tal ha sido la polarización en Cataluña desde que comenzó su etapa secesionista que cada convocatoria de elecciones, legal o ilegal, se convierte en una batalla campal con o sin pandemia. Sin embargo, la alternativa constitucionalista aparece cada vez más desdibujada y es que, entre los independentistas y quienes no quieren la separación de España, pero apoyan el derecho a decidir, como Podemos, y el PSOE que se mueve según la marea; probablemente el 14F se producirán unos altos niveles de abstención, pero seguirán gobernando los que atentan contra la constitución, aunque, a su vez, se hagan llamar perseguidos políticos cuando en realidad son una minoría opresora.
Virginia Linares Rodríguez – @VirginLinares
