La Organización de las Naciones Unidas (ONU) saca a la luz la verdadera cara del régimen de Nicolás Maduro.
El organismo internacional denuncia la persecución y hostigamiento de la dictadura de Venezuela contra activistas y defensores de los derechos humanos.
A través de un comunicado advierten sobre la “criminalización, ataques, hostigamientos y amenazas” del régimen chavista contra activistas venezolanos.
Al respecto, condenaron la persecución perpetrada por la dictadura contra los activistas Orlando Moreno, Gerardo Ernesto Carrero Delgado, Javier Tarazona, Rodney Antonio Álvarez Rodríguez, Guillermo Zárraga, Eudis Girot y Karen Caruci. Sobre esta última, indicaron, “habría sido objeto de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Estos defensores de los derechos humanos y actores de la sociedad civil que cooperaron con Naciones Unidas son a menudo tildados por el régimen de “criminales”, “mercenarios”, “terroristas” y “enemigos del Estado”, lamentó Ilze Brands Kehris, subsecretaria general de la ONU.
La ONU concluyó que los ataques contra activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos aumentó durante la pandemia de coronavirus: “Estos hechos incluirían actos de intimidación, hostigamiento, estigmatización, allanamientos arbitrarios, confiscación de equipos e insumos, congelamiento de cuentas bancarias, presuntas detenciones arbitrarias, judicialización, amenazas de muerte, criminalización de la cooperación internacional, represalias por denuncias ante organismos internacionales, ataques digitales y restricciones legales a la libertad de asociación”.
Los funcionarios del organismo internacional recordaron que en diciembre de 2020 miembros de la ONG Convite reportaron la confiscación de equipos y documentos por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), uno de los brazos armados de la dictadura de Maduro. En enero de este año, en tanto, integrantes de la organización Azul Positivo “fueron detenidos arbitrariamente durante un mes” y sus equipos decomisados.
En el marco de la creciente persecución contras las organizaciones de derechos humanos, el régimen chavista implementó nuevas medidas en los últimos tiempos, que incluyen requisitos oficiales y obligatorios de registro. En octubre de 2020, la dictadura de Maduro emitió una orden que obliga a las ONG domiciliadas en el extranjero a solicitar una certificación a través de un registro en línea para poder operar en Venezuela.
“Si bien este registro tiene el objetivo de facilitar el trabajo de las ONGs en el país, este puede ser denegado por motivos de ‘orden público y soberanía’ y excluye a las ONGs que no forman parte del Plan de Respuesta Humanitaria. La Superintendencia de Bancos también habría emitido una orden que permite la supervisión de las operaciones bancarias de las organizaciones de la sociedad civil”, señala el informe de la ONU.
Y agrega: “Organizaciones de la sociedad civil han reportado desafíos concretos para realizar sus actividades debido a los registros existentes. Por ejemplo, el director de la organización Fundaredes, Javier Tarazona, habría enfrentado dificultades para poder firmar la póliza de seguro del personal de su organización”.
