El presidente colombiano Gustavo Petro se encuentra ante la mayor crisis diplomática de su mandato tras ser añadido, junto a su familia y ministros, a la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos. La administración de Donald Trump ha sido clara al respecto: “Petro permite el florecimiento de los cárteles de la droga y se niega a detener esta actividad”. Esta acción, sin precedentes para un presidente colombiano, pone de manifiesto una ruptura total en la cooperación bilateral y revive viejos fantasmas relacionados con el pasado guerrillero del mandatario y sus conexiones actuales con el narcotráfico.
Motivos detrás de las sanciones
La decisión adoptada por Washington, formalizada por el Departamento del Tesoro, responde a una serie de factores que han ido escalando en los últimos meses:
- Desde que Petro asumió el poder, según sostiene el gobierno estadounidense, “la producción de cocaína en Colombia ha alcanzado niveles récord, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”. Este argumento, respaldado por datos de organismos internacionales, pinta un panorama en el que las políticas antidrogas del presidente colombiano son vistas como permisivas e ineficaces.
- Trump ha acusado a Petro de “ser un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”, sugiriendo que ha convertido el negocio de las drogas en un motor económico para el país.
- Washington también señala que Petro “ha otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo el auspicio de su plan de paz total”, lo que ha facilitado, según ellos, el crecimiento de los carteles y el aumento del uso de narcolanchas en el Caribe y el Pacífico para transportar cocaína.
El pasado guerrillero y la sombra del narcotráfico
La historia de Petro como ex miembro del movimiento narco guerrillero M-19 ha sido rescatada por sus detractores y por la administración Trump, que lo califica como “narcoguerrillero”. Su pasado revolucionario no solo no se ha desvanecido con el tiempo, sino que se ha convertido en un argumento central para justificar las sanciones y su aislamiento internacional.
- Las acusaciones sobre los vínculos entre Petro y los cárteles no solo se centran en la supuesta laxitud de sus políticas, sino también en alegaciones sobre conexiones personales y familiares. Su hijo mayor, Nicolás Petro, está siendo investigado por haber recibido dinero de un exnarcotraficante para financiar la campaña presidencial del 2022.
- El apoyo manifestado por Petro al Cartel de los Soles en Venezuela y su defensa pública hacia Nicolás Maduro durante foros internacionales han sido interpretados desde Washington como una complicidad activa con redes regionales dedicadas al narcotráfico.
Implicaciones de la inclusión en la lista negra de la OFAC
La lista sancionadora de la OFAC suele estar reservada para capos del narcotráfico, terroristas y dictadores implicados en graves violaciones a los derechos humanos. La inclusión de un presidente en funciones implica:
- Bloqueo inmediato de cualquier propiedad o activo que Petro y sus allegados posean en EE.UU..
- Prohibición para realizar transacciones financieras internacionales usando medios localizados en Estados Unidos, lo cual impacta negativamente sobre bancos, empresas y socios comerciales colombianos.
- Revocación del visado para ingresar al territorio estadounidense, aplicable también a su familia y ministros más cercanos.
- Un daño reputacional sin precedentes para la imagen internacional del gobierno colombiano; equiparar a Petro con líderes criminales es un golpe difícilmente reversible.
Reacción de Petro y tensiones diplomáticas
El presidente colombiano no tardó en responder con firmeza a través de las redes sociales. Calificó esta decisión como “paradójica” e insistió en que no dará “ni un paso atrás ni jamás estará arrodillado”. En su defensa, sostiene que EE.UU. carece de pruebas concretas y acusa al gobierno Trump de “calumniar e insultar a Colombia”.
- La administración colombiana ha convocado reuniones urgentes y anunciado acciones legales bajo el liderazgo del abogado estadounidense Dan Kovalik.
- Los aliados políticos de Petro consideran esta sanción una “agresión política” y una “violación a la soberanía nacional”, mientras sectores críticos ven confirmadas sus sospechas sobre una posible cercanía entre él y el crimen organizado.
Narcolanchas y la estrategia militar de EE.UU.
La ofensiva estadounidense va más allá del ámbito económico. Washington ha desplegado portaaviones y flotillas para atacar narcolanchas en el Caribe y Pacífico, embarcaciones utilizadas para transportar grandes cantidades de cocaína hacia Norteamérica. Estas operaciones han dejado decenas de muertos; Petro las denuncia como “crímenes extrajudiciales”.
- Esta escalada militar forma parte de una política denominada “seguridad hemisférica”, cuyo objetivo es cortar las rutas marítimas asociadas al narcotráfico e incrementar la presión sobre gobiernos que no colaboran activamente en erradicar cultivos ni combatir cárteles.
- Expertos advierten que esta crisis diplomática podría poner en riesgo la cooperación bilateral histórica entre Colombia y Estados Unidos en áreas cruciales como seguridad e inteligencia.
¿Cómo puede evolucionar la situación?
La inclusión del presidente Petro en la lista negra representa uno de los momentos más críticos en las relaciones entre Bogotá y Washington durante décadas. Los posibles escenarios futuros son inciertos:
- Colombia podría perder acceso a financiamiento internacional, inteligencia o recursos destinados a seguridad; esto debilitaría significativamente su capacidad para enfrentar tanto el narcotráfico como la violencia interna.
- El aislamiento internacional podría incrementar las presiones sobre Petro desde dentro y fuera del país, abriendo caminos hacia nuevas investigaciones sobre sus posibles vínculos con actividades criminales.
- La creciente tensión militar en el Caribe junto con una agresiva política contra las narcolanchas anticipa un período complicado; hay riesgos serios para la estabilidad regional.
La imagen pública del presidente queda gravemente afectada. Su pasado guerrillero se suma ahora a las acusaciones que sugieren que su gobierno ha propiciado el crecimiento desmedido del narcotráfico. Una vez más, Colombia se enfrenta al dilema crucial: cómo enfrentar esta amenaza mientras intenta restablecer relaciones con aliados tradicionales mientras su mandatario defiende su integridad frente a acusaciones tan serias.
