En La Retaguardia de este jueves 05 de junio, Eurico Campano cuenta con la alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro, y el economista José Ramón Riera para analizar todas las derivadas del espectáculo lamentable que dieron ayer la fontanera socialista Leire Díez y el comisionista Víctor de Aldama.
Y es que de un suceso tan chusco y cutre, sólo hay antecedentes similares en la bronca entre el presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, y el del Compostela, Fernando Vidal, en 1996 o cuando José María Ruiz-Mateos le cascó a Miguel Boyer en 1989 al grito de «que te pego, leche» por el robo de Rumasa que perpetró el Gobierno de Felipe González.
Antecedentes casposos al margen, la comparecencia de Díez este miércoles en un hotel de Madrid, lejos de aclarar la situación, ha generado más dudas sobre su papel en lo que la oposición califica como «guerra sucia» contra instituciones del Estado. «Ni fontanera ni cobarde, no me van a intimidar ni voy a renunciar a mis convicciones», afirmó Díez en una rueda de prensa sin preguntas que culminó con la sorprendente irrupción del comisionista Víctor de Aldama, encausado en el caso de hidrocarburos y presunto conseguidor del caso Ábalos.
La coartada periodística que no convence
Leire Díez ha intentado justificar sus acciones bajo el paraguas de una supuesta investigación periodística para un libro «sobre los estragos del falso patriotismo». Según sus palabras, lleva «años» recopilando información, «antes de los escándalos del PSOE». Sin embargo, esta versión choca frontalmente con la de su socio Javier Pérez Dolset, quien ha negado repetidamente que Díez esté trabajando en un libro, afirmando que su proyecto es un documental sobre las «cloacas del Estado».
La contradicción más flagrante surge al analizar los audios filtrados donde ofrecía tratos de favor con la Administración a empresarios y abogados a cambio de información comprometedora sobre altos mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En su encuentro con el empresario Alejandro Hamlyn, Díez llegó a sugerir que «podía llevar fiscales a Dubái» para hablar con este empresario investigado por defraudar el IVA de los hidrocarburos.
El PSOE y la estrategia de distanciamiento
La reacción del PSOE ante el escándalo ha sido llamativamente tibia. Mientras que a José Luis Ábalos se le suspendió de militancia sin estar investigado, con Díez apenas se abrió un expediente informativo. Finalmente, ha sido la propia protagonista quien ha solicitado su baja «voluntaria y temporal» del partido, una maniobra que paraliza cualquier acción disciplinaria interna.
«La salida de Leire Díez del PSOE ha sido cuidadosamente medida. Al solicitar su baja voluntaria, se paraliza cualquier decisión disciplinaria por parte del partido, evitando así una expulsión formal que podría haber abierto una batalla interna aún más ruidosa», señalan fuentes cercanas al caso.
La conexión con Ferraz que Díez niega
Uno de los aspectos más controvertidos del caso es la vinculación de Díez con la dirección del PSOE. Aunque ella insiste en que «no representaba al Partido Socialista» en sus gestiones, existen evidencias que la sitúan como persona de confianza del secretario de Organización, Santos Cerdán. De hecho, Díez estuvo presente en Ferraz cuando el empresario Pérez Dolset entregó a Cerdán documentación sobre «presuntas investigaciones hacia Pedro Sánchez».
Según ha trascendido, Díez llegó a la sede socialista con Dolset bajo una promesa atractiva: supuestas pruebas que demostrarían un complot político, judicial y policial en torno a la causa de los ERE de Andalucía, el escándalo de corrupción que echó abajo el fortín socialista andaluz y que afectó a expresidentes como Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
La oposición en pie de guerra
El PP ha pasado a la ofensiva presentando una denuncia ante la fiscalía anticorrupción contra Leire Díez, el abogado Jacobo Teijelo y el empresario Javier Pérez Dolset. Los populares consideran que las informaciones publicadas evidencian la «guerra sucia del PSOE y sus satélites» contra magistrados, fiscales y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con el «claro objetivo» de obstruir la actuación de la justicia.
Alberto Núñez Feijóo ha acusado directamente a Pedro Sánchez de ser el «hilo conductor» de todos los presuntos casos de corrupción que afectan a cargos socialistas. «Nunca un Gobierno había estado tan acorralado por distintos casos de corrupción», ha declarado el líder de la oposición.
Un pasado turbulento
No es la primera vez que Leire Díez se ve envuelta en polémicas. En enero de 2014, el Gobierno de Cantabria la denunció ante la Fiscal Superior por «obstrucción a la justicia». Según el ejecutivo regional, Díez hostigó a ganaderos para que no testificaran en contra de Javier Escalona, jefe de la oficina Comarcal Agraria de Ontaneda, investigado por un supuesto delito de cohecho. Aunque aquella denuncia se archivó cinco meses después, dibuja el perfil de una persona que, según el exalcalde de Vega de Pas, Víctor Manuel Gómez, «es de un carácter muy manipulador».
Malestar entre los socios de gobierno
El caso ha generado profundo malestar entre los socios del Gobierno. ERC, Junts y Podemos se han sumado a la petición del PP y Vox para que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso y dé explicaciones sobre el alcance de esta trama. La crisis llega en un momento especialmente delicado para la coalición, con varios frentes judiciales abiertos que afectan al entorno más cercano del presidente.
El silencio de Moncloa contrasta con la gravedad de los hechos denunciados. La supuesta operación para desacreditar a miembros de la UCO que investigan casos de corrupción vinculados al PSOE podría constituir un ataque sin precedentes a la independencia judicial y policial.
¿Qué esconde realmente el caso Leire Díez?
La pregunta que sobrevuela toda esta trama es: ¿actuaba Leire Díez por cuenta propia o siguiendo instrucciones? Su insistencia en que realizaba una labor periodística choca con los audios donde ofrece pactos con la Fiscalía a cambio de información comprometedora sobre investigadores de casos que afectan al PSOE.
Mientras tanto, la ASESGC (Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil) ha emprendido acciones judiciales, considerando que los hechos podrían constituir un delito de obstrucción a la justicia y un ataque directo a la honorabilidad de los agentes que investigan casos de corrupción.
