En La Retaguardia de este martes 16 de septiembre, Eurico Campano analiza con Mario Garcés el cúmulo de bulos lanzados por el Gobierno de Sánchez en relación al boicot a la Vuelta Ciclista a España azuzada desde La Moncloa. Y es que las ruedas de las bicicletas apenas habían dejado de girar en el Paseo de la Castellana y ya se mascaba la polémica. La última etapa de la Vuelta a España, marcada por las protestas en favor de los terroristas de Hamás y la abrupta suspensión del evento, ha terminado por trasladar la batalla política al epicentro judicial.
El sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusan de incitación al odio y provocación de desórdenes públicos.
El detonante ha sido el apoyo explícito del presidente a las movilizaciones en favor de los terroristas que controlan Gaza aunque disfrazadas con la falsa acusación de genocidio que, según la denuncia, sirvieron de “arenga” para que los manifestantes interrumpieran la competición ciclista, especialmente por la presencia del equipo israelí Israel-Premier Tech. La acusación sostiene que Sánchez actuó “con rotundidad, apasionamiento y violencia”, consciente de que las protestas anteriores habían derivado en incidentes, y que la de Madrid podía escalar dadas las advertencias policiales.
En la denuncia se subraya que, tras el mitin en Sevilla donde Sánchez expresó su “admiración a un pueblo como el español, que se moviliza por causas justas como la de Palestina”, las protestas se intensificaron. El resultado: más de 25 policías heridos entre los agentes del orden y solo dos detenciones, con el evento deportivo suspendido y la imagen de España, dicen, “dañada”.
No es Sánchez el único señalado. Ione Belarra e Irene Montero, figuras destacadas de Podemos, también figuran en la denuncia por su participación y por las arengas que, según Manos Limpias, animaron a “reventar el final de la carrera”. Montero, fiel a su estilo, respondió con ironía: “No hay represión que pueda con la solidaridad de un pueblo”, defendiendo la protesta como un acto legítimo de desobediencia civil y acusando a quienes “no les gusta el derecho de reunión ni el de protesta” de criminalizar las movilizaciones.
Entre las filas gubernamentales y afines, la narrativa es diametralmente opuesta: lo sucedido fue, según Montero y otros, una expresión de solidaridad con Palestina frente a la “represión” y la “complicidad” de las instituciones. Por su parte, desde la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, se ha insistido en la gravedad de los incidentes y el insuficiente despliegue policial, tal y como han denunciado los sindicatos de la Policía Nacional.
El trasfondo: política, geopolítica y la eterna batalla de relatos
El episodio de la Vuelta a España es solo el último capítulo de una saga de enfrentamientos entre el Gobierno y sus detractores, donde la causa palestina ha servido de catalizador. No es la primera vez que el conflicto en Oriente Medio se cuela en el debate político nacional, pero sí una de las pocas ocasiones en que una manifestación termina con el jefe del Ejecutivo señalado ante la Justicia por incitación al odio y alteración del orden público.
El sindicato Manos Limpias, conocido por sus querellas contra figuras públicas, ha aprovechado para cargar también contra el fiscal general del Estado, a quien acusan de “dependencia” respecto al Ejecutivo y de no ser imparcial en la persecución de estos delitos.
El recorrido judicial de la denuncia es incierto. Lo que sí parece garantizado es un nuevo frente de crispación política y mediática:
- El Tribunal Supremo debe decidir si admite la denuncia y abre diligencias contra el presidente y las exministras.
- El Gobierno defiende la legitimidad de la protesta y niega cualquier responsabilidad en los incidentes violentos.
- Los partidos de la oposición, especialmente desde la derecha, aprovechan para exigir la dimisión del presidente y subrayan el “descrédito internacional” que, a su juicio, supone el episodio.
Además, la asociación ACOM ha anunciado su propia querella y las empresas patrocinadoras de la Vuelta ya valoran daños económicos, mientras la prensa internacional califica de “vergonzoso” el espectáculo en Madrid.
Atacar a Israel para distraer la atención de la corrupción
Hace ya 23 meses que comenzó la guerra de Hamás contra Israel y las acciones militares del estado hebreo para acabar con este grupo terrorista islámico, los atentados que perpetra contra población civil en territorio israelí y el sometimiento de la población civil de Gaza a un régimen de terror donde hasta la comida y medicinas que llegan como ayuda humanitaria, son usadas por los asesinos o para venderlas y obtener financiación o para repartirla a adeptos y colaboradores de su actividad criminal.
Pese a que esta contienda comenzó hace casi dos años es ahora cuando Pedro Sánchez ha elegido este tema para elevarlo a primera línea de la agenda política e informativa e intentar distraer la atención mediática sobre los muchos casos de corrupción que afectan a la familia de Sánchez, su Gobierno y su partido.
Por citar sólo algunos elementos, esta semana está previsto que se conozca si la Audiencia de Badajoz finalmente envía a juicio al hermano de Sánchez por su contratación irregular en la Diputación de esa provincia. También, esta misma semana hemos conocido que el Tribunal Supremo tiene ya indicios suficientes para abrir una causa por financiación ilegal del PSOE o que el juez Peinado ha dado orden a la UCO de que investigue todos los correos intercambiados por Begoña Gómez con su asistente desde el año 2018. Ese análisis podría desmontar las afirmaciones que hizo Gómez en su última delcaración ante el juez y según las cuales, su asistente sólo le hacía gestiones relacionadas con sus actividades por amistad y en muy contadas excepciones.
