En La Retaguardia de este miércoles 19 de noviembre, Eurico Campano entrevista al juez Manuel García Castellón con motivo de la publicación de su libro “Habla para que se conozca”.
Y es que tras su jubilación en septiembre de 2024, el juez García Castellón ha decidido hablar de muchas cosas de las que un magistrado en activo no suele pronunciarse. Tras sus muchos años de servicio en la Judicatura y haber llevado casos de gran importancia como Banesto, Lezo, Púnica, Villarejo, GAL, Tsunami Democràtic y algunos aspectos de Leire, García Castellón es una voz a tener en cuenta para conocer el estado real de la administración de justicia en España cuando se trata de juzgar delitos cometidos por altos dirigentes políticos o altos ejecutivos del sector privado.
En la entrevista, Eurico Campano pedirá valoración al magistrado sobre cuestiones de vital importancia para un país democrático como si rige o no para todos el imperio de la ley, la independencia del Poder Judicial, el estado actual de la Fiscalía General del Estado tras la presunta actuación delictiva del Fiscal General de Sánchez.
En su libro, Manuel García Castellón habla sin tapujos de Álvaro García Ortiz:
“A Álvaro García Ortiz le conozco desde hace años, cuando el hundimiento del Prestige. Ahí ví su calidad humana. Es un encanto de persona, cariñoso y cercano. Pero creo que se está equivocando. Y yo no soy nadie para decirlo, pobre de mí. Lo digo porque le tengo mucho aprecio y realmente creo que se hace daño a sí mismo y le hace daño a la carrera fiscal. Además, se ha puesto en solfa al juez del Supremo que ha hecho la investigación porque había intereses oscuros de unos jueces fachas que se dedican a conspirar y no sé qué. ¿Pero cómo se permiten muchos tertulianos estar poniendo en solfa a un magistrado del Supremo? Oiga, hágase usted magistrado del Supremo. Pero claro, aquí como todo el mundo sabe de todo y opina de todo… a mí me da un poco de vergüenza.”
Sobre el relato del ‘lawfare’ inventado por una parte de la clase política para atacar o desprestigiar a los jueces que instruyen casos de corrupción de diferentes partidos, García Castellón define esta acusación como “una de las mayores amenazas a la democracia del siglo XXI. Esa palabreja de la ‘lawfare’ significa prevaricación. Si hay pruebas, denúnciese, pero ese discurso hace mucho daño, sobre todo a los jueces jóvenes que pierden la sensación de protección institucional”.