En Argentina, el Gobierno de Cristina Kirchner y los principales medios de comunicación libran una enconada guerra en la que ambos contendientes dicen ser abanderados de la libertad de expresión.
Sin embargo, los intereses de uno y otro bando no son compatibles.
Indiferente a lo que significa la libertad, amiga del ‘gorila’ Hugo Chávez, hinchada de botox, enirquecida hasta extremos inauditos gracias a sus manejos desde el poder, desde el mismo instante en que fue elegidala Presidenta lanza una guerra relámpago sobre los fantasmas que la atemorizan.
Pretende, en un principio, circunscribir el ataque a la prensa, el más odiado de sus contendientes, el portador de las malas noticias, el mensajero.
El pasado jueves 22 de diciembre de 2011 tuvo lugar el último capítulo de este dilatado desencuentro. El Senado argentino convirtió en ley el proyecto que declara de ‘interés público’ la fabricación, distribución e importación de papel para periódicos.
La normativa, impulsada por la propia presidenta Cristina Fernández, tiene como fin último, según el oficialismo, regular la actividad comercial del insumo para que deje de manejarse sólo con los principios del mercado.
La legislación sancionada por la Cámara Alta dispone que el único fabricante argentino de papel para periódicos, Papel Prensa, deba vender el insumo a un precio único, sin importar su tamaño y consumo.
Los opositores a la norma argumentan que la ley es un claro ataque contra los dos principales diarios argentinos, Clarín y La Nación, accionistas mayoritarios del único proveedor de papel del país.
El precepto legal más polémico y que deja entrever los intereses encubiertos del Gobierno de la Presidenta, según denuncian medios y oposición, establece una cláusula ‘transitoria’ que habilita al Estado a ampliar unilateralmente su capital en Papel Prensa en el caso de que los accionistas privados no puedan afrontar el abastecimiento del mercado exigido por la norma.
Así, se vería amenazada la participación de Clarín (49%) y La Nación (22%) en Papel Prensa, que abastece a 170 diarios de Argentina y que está controlada también por el Estado en un 27%, que con esta nueva norma podría ver aumentado su paquete accionarial.
«Esta iniciativa se enmarca dentro de la sistemática campaña de hostigamiento de la presidenta», declaran a gaceta.es fuentes del Grupo Clarín.
«Lamentablemente Clarín y La Nación están haciendo un ataque feroz desde sus líneas editoriales en contra de la libertad de acceso al papel que necesitan todos los medios y, en definitiva, en contra de la democracia’, declaró el vicepresidente del Ejecutivo y presidente del Senado, Amado Boudou, minutos antes de la aprobación de la nueva norma.
Por su parte, la oposición criticó duramente la iniciativa. «Para los amigos, todo; para los enemigos, la ley», dijo la senadora por la Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro.
«La apropiación de Papel Prensa es lo que está detrás de esta ley de control del papel para diarios», denuncia el Grupo Clarín en un editorial. «Sólo procura la insubordinación incondicional de la palabra escrita, como parte central de un proyecto de hegemonía política y social reñido con la vigencia plena del sistema democrático», sentencia.
Allanamiento de Cablevisión
Pero no sólo la palabra escrita ha sido blanco del afán, supuestamente, ‘antimonopolístico’ del kirchnerismo, los medios audiovisuales también han sufrido los ataques encubiertos del oficialismo.
Sin ir más lejos, el pasado martes el canal por cable Cablevisión, del Grupo Clarín, sufrió el allanamiento de un grupo de 50 gendarmes en cumplimiento de una orden del juez Walter Bento, de la ciudad de Mendoza, por una causa por monopolio denunciada por su competidora Supercanal, del grupo Vila-Manzano, cercano al Ejecutivo.
«El Grupo Vila Manzano, en alianza con el Gobierno, pretenden que en 60 días Cablevisión deje de operar y se divida la compañía», dijo Carlos Moltini, gerente general de la firma de televisión.
La intervención responde a la nueva regulación de la televisión y la radio, impulsada en 2009, que fuerza a las principales empresas de comunicación a realizar desinversiones. Organismos oficialistas acusan al Grupo Clarín, el más poderoso del país con más de 260 productos de comunicación, de ser el gran monopolizador de la información en el país.
Asimismo, en 2010 el grupo Clarín tuvo que batallar con otro asalto después de que el Gobierno cancelara la licencia a Fibertel, proveedora de Internet del grupo multimedia argentino.
El motivo de la discordia
Sorprende que tras años de buenas relaciones entre el Grupo Clarín y el Gobierno, actualmente libren un contencioso constante en el que el Ejecutivo de la Presidenta Cristina Fernández lanza constantes envites al grupo mediático más poderoso del país. Como en las relaciones sentimentales, el único motivo que puede explicar el cambio repentino del amor al odio, es la traición.
El enfrentamiento entre los Kirchner y el mayor grupo de medios de Argentina se remonta a marzo de 2008, cuando se produjo el paro patronal agropecuario por la subida de impuestos a los agricultores. Según Clarín, la Presidenta le pidió apoyo al grupo, pero este se negó.
A partir de entonces, Cristina Fernández inició una encrucijada contra los medios de comunicación del grupo y en agosto de 2010 presentó un informe donde denunció la complicidad de Clarín y los diarios La Nación y La Razón (en la actualidad propiedad de Clarín) con el régimen de facto de 1977 para presionar a los antiguos dueños de Papel Prensa a vender la empresa.
Tras estas acusaciones de crímenes de lesa humanidad se ha iniciado una dura guerra, donde como siempre, la primera víctima es la información.
