(PD).- La alcaldesa de Hernani (Guipúzcoa), Mariam Beitialarrangoitia, de Acción Nacionalista Vasca (ANV), ha comparecido este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, acusada de enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas por mantener el nombre de un etarra en un parque de la localidad.
Beitialarrangoitia se ha acogido a su derecho a no declarar pero, en una breve exposición al final de la vista, ha alegado que era una adolescente cuando el municipio puso el nombre al parque.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional decidió citar a la alcaldesa a raíz de la querella interpuesta por la asociación Dignidad y Justicia. La asociación acusa a Beitialarrangoitia de mantener el nombre del etarra José Aristimuño en un parque de la localidad gipuzcoana de casi 20.000 habitantes, así como la designación de Gudaris («soldados vascos») en una plaza.
Beitialarrangoitia no ha respondido a las preguntas de las acusaciones, que engloban a Dignidad y Justicia, el Foro de Ermua y las familias de cuatro asesinados por Aristimuño; pero llevaba preparada una declaración en la que ha dicho que cuando se dio el nombre del etarra al parque ella tenía 14 años y que, en 1988, cuando se creó la plaza de los Gudaris tampoco formaba parte de la Corporación municipal. Sobre esta plaza ha añadido que vincularla ETA es desconocer la historia porque se refierere a 200 vecinos de Hernani fusilados en la Guerra Civil.
La alcaldesa también ha dicho que todos los demás concejales de Hernani (PNV, EA, EB, PSOE y PP) conocían la causa presentada contra ella y que ninguno ha solicitado un pleno para ordenar la retirada de los nombres, sin que por ello hayan sido citados a declarar.
La Fiscalía no respalda el procedimiento
Las acusaciones han solicitado como medida cautelar la retirada de las placas del callejero municipal, algo a lo que se ha opuesto el fiscal Pedro Rubira al considerar que, siendo «legítima» la petición, el procedimiento empleado no es el adecuado y debe hacerse por la vía de lo contencioso-administrativo. El abogado de Beitialarrangoitia se ha expresado en similares términos.
En el auto de citación el juez señalaba, en contra del criterio de la Fiscalía y de alguno de sus compañeros de la Audiencia Nacional, que anteriormente archivaron causas similares, que es delito no sólo «acordar dar el nombre de una calle a un miembro de ETA», lo que conlleva «un reconocimiento personal» del terrorista, sino también «mantener dicha resolución», como ha hecho la alcaldesa de la localidad.
La Fiscalía ya se pronunció en su momento a favor del archivo de esta querella al entender que Beitialarrangoitia no cometió delito alguno porque no formaba parte del consistorio que decidió otorgar los citados nombres a las vías de la localidad.
Pero Grande-Marlaska entendió que los hechos denunciados tienen «naturaleza criminal», al existir todavía esas vías con nombres de etarras, lo que representa «un reconocimiento a su trayectoria vital, con riesgo de que terceras personas elijan tal vía de comportamiento», y, además, «con un espíritu innegable de menosprecio a las víctimas». Al decidir mantener esos nombres, Beitialarrangoitia «asume su contenido esencial», según el juez.
José Manuel Aristimuño, Pana, pertenecía al comando de ETA que acabó con la vida del jefe de la Policía foral alavesa, el comandante Jesús Velasco Zuazola, ametrallándole ante dos de sus cuatro hijas en enero de 1980. Al año siguiente, Aristimuño murió en un enfrentamiento con la policía y, en 1982, un pleno del Ayuntamiento de Hernani, decidió dedicarle un parque. Dignidad y Justicia ha presentado denuncias similares en los municipios de Zizurkil y Tolosa (Guipúzcoa), Arrigorriaga, Durango, Amorebieta y Lejona (Vizcaya) y Etxarri-Aranaz (Navarra).
