MILLONES Y MILLONES

La juez acorrala a Ximo Puig: le caza hinchando a dinero público al tesorero del PSOE

La instrucción revela más sobornos e implica más al PSPV en un escándalo de corrupción

Manolo Mata, ex número dos del PSPV, y Ximo Puig
Manolo Mata, ex número dos del PSPV, y Ximo Puig

Se le complica la carrera política a Ximo Puig y con ello pone en riesgo el tripartito valenciano (PSPV, Compromís y Podemos) que ha gobernado la Generalitat en los últimos 7 años, que serán 8 al final de la legislatura.

Quienes vinieron a ‘rescatar’ personas y a abanderar la lucha contra la corrupción no han hecho más que salpicar su mandato con turbios asuntos: subvenciones millonarias al hermano de Puig, la imputación judicial a Mónica Oltra por presuntos encubrimientos de las agresiones sexuales a una menor tutelada y ahora todo lo que trasciende de la presunta financiación del PSOE valenciano, con financiación ilegal de campañas electorales incluida.

Ahora hay novedades. Según publica el diario El Mundo, la juez que instruye el caso Azud sostiene que el histórico tesorero del PSOE de Valencia se ha dedicado a «obtener favores de la Administración» presidida por el socialista Ximo Puig; que durante las últimas décadas ha cobrado «sobornos» y se ha quedado una «parte»; y que escondía sobres con las pruebas detalladas del cobro de comisiones escondidas en el dormitorio de su domicilio.

En un auto dictado el pasado 2 de diciembre, el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia sostiene que el PSOE financió irregularmente sus campañas electorales y señala como pieza clave a José María Cataluña, de quien afirma que «si bien aparece desvinculado formalmente desde el año 2004 de la Secretaría del PSOE, ello sería meramente formal, dado que seguía obteniendo recursos económicos de financiación necesaria para el partido». Pero también le atribuye haberse quedado un porcentaje de los mismos.

«Habría cobrado para él parte de los sobornos acordados como consecuencia de las adjudicaciones predeterminadas de obras públicas relacionadas con empresas públicas de titularidad estatal en el ámbito del Gobierno nacional, habiendo obtenido la mayoría necesaria para gobernar el partido socialista», en referencia a contratos otorgados por la empresa estatal Acuamed durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, tal y como explica El Mundo.

La instructora considera indiciariamente acreditado que Cataluña gestionó en 2019 «una entrevista con los máximos responsables de la Agencia Tributaria valenciana» en favor del empresario Enrique Gimeno. El objetivo, solventar un expediente que tenía abierto y que «finalmente acabó en conformidad». Lo cual denota, según la juez, la operativa de Cataluña «para obtener favores frente a la Administración gobernada por el PSOE» en la etapa de Ximo Puig.

En su auto, la juez otorga una especial relevancia al Grupo Axis, propiedad del empresario Jaime Febrer, que «habría desarrollado una dinámica, al margen de su actividad legal, consistente en el pago de comisiones ilegales a diferentes cargos públicos con el objetivo de obtener decisiones favorables a sus intereses económicos provenientes de diferentes Administraciones públicas».

Entre otras, sitúa la operación urbanística de El Espartal en el municipio alicantino de Jijona, donde se proyectaron 5.000 viviendas y un campo de golf. Sólo por esta operación, la juez apunta a que el abogado José Luis Vera, vinculado estrechamente con el PSOE de Valencia, y el empresario Febrer, «pactaron una comisión que ascendería a dos millones de euros». «De los cuales», agrega, «un millón sería para el PSOE» tal y como dejaron por escrito en una de las anotaciones intervenidas por la Guardia Civil.

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Autor

David Lozano

Voluntarioso contador de hechos. Frases verdaderas contadas con palabra.

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