La fachada se cae a pedazos.
El tinglado de corrupción que ha sido el Gobierno de Ximo Puig en Valencia parece que no tiene fin. El ‘Caso azud’ es el más reciente escándalo que salpica a la gestión socialista que ha hilvanado una indecencia tras otra.
Si no fue suficiente el entregar dinero público a empresas relacionadas con su hermano, Francis Puig; el ‘caso Oltra’, en el que no destituyó ni pidió la dimisión de la ahora exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, o el apartheid lingüístico, copiado del catalán, ahora se suma un nuevo caso de corrupción.
Y es que, como destapó El Mundo, el tesorero del PSOE valenciano, José María Cataluña, habría participado en la trama de falseamiento de contratos públicos que salpican a distintos gobiernos de la Comunidad Valenciana, incluido el de Ximo Puig, conocido como ‘Azud’.
Según detalla el medio, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha interceptado mensajes de WhatsApp y recopilado archivos que evidencian que el antiguo encargado de las cuentas socialistas, realizó gestiones para los financiadores del PSPV al menos hasta 2019, pese a abandonar sus responsabilidades financieras, de forma oficial, en 2004.
Pero Cataluña no es el único socialista implicado en esta trama de corrupción. El abogado José Luis Vera, relacionado con el PSNV, también formaría parte, presuntamente. Tanto, que hasta este mismo año estaba contratado como jefe de los servicios jurídicos de una empresa pública, por parte de la Diputación de Valencia.
La investigaciones apuntan al empresario Jaime Febrer como el presunto jefe de la red corrupta. Tal sería la implicación del gobierno socialista que el ex número dos de Puig, Manolo Mata, abandonó su cargo para asumir su defensa.
Pero estos no son los únicos nombres que manejan las autoridades como supuestos integrantes de la trama de corrupción. Enrique Gimeno, propietario de la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA (Facsa), ha sido imputado por el caso; Francisco Gigante, de Gigante Edificaciones, y Francisco Javier Luján, de Construcciones Luján, también están siendo investigados.
Con este escándalo, se le complica la vida al socialista Ximo Puig de cara a las elecciones autonómicas del próximo año.
Escándalo de corrupción con su hermano
El hermano del presidente de la Comunidad Valenciana, el pasado 23 de mayo de 2022, declaró ante el juez por supuesto fraude en las subvenciones públicas.
En su comparecencia reconoció la existencia de facturas duplicadas presentadas al Gobierno de Valencia y de Cataluña. Pero, para sorpresa de algunos, le echó las culpas al Gobierno que dirige su propio hermano, el socialista Ximo Puig, alegando que no le informaron de que lo que estaba haciendo estaba mal.
De los 2 millones de euros concedidos en subvenciones de los gobiernos valencianos, catalán y aragonés, 600.000 euros provienen del Gobierno de Ximo Puig, a empresas relacionadas con su hermano coincidiendo con los primeros años de su llegada a la presidencia, de 2015 a 2018. Algo que, al parecer entre presidentes socialistas es una característica común, ya que no hay que olvidar que casualmente las empresas relacionadas con el padre del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, comenzaron a facturar de la noche a la mañana millones de euros coincidiendo con la llegada de éste al Gobierno de España.
Claramente, en los últimos años, hemos comprobado que no es lo mismo que un socialista cometa un fraude a que uno de derechas lo haga, y no son solo conjeturas. A día de hoy se siguen publicando audios del caso de corrupción de Esperanza Aguirre cuando ya fue condenada por ello y ya han pasado unos cuantos años desde entonces, mientras que de los escándalos actuales de la izquierda no se habla tanto. Por no mencionar, la reciente campaña masiva que se promovió contra el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Pero el descaro de Puig es de estudio. Como si no fuera suficiente el hecho de que la condición de hermano es suficiente para impedir la adjudicación de dinero público por la evidente situación de tráfico de influencias, hacerlo mientras el familiar se encuentra imputado por irregularidades con fondos provenientes del gobierno valenciano es el colmo del descaro.
El gobierno socialista no ha tenido ningún reparo para asignar 120.00 euros públicos procedentes de la televisión autonómica, À Punt, a Francis Puig; que está siendo investigado por subvenciones de los gobiernos valencianos, catalán y aragonés
Caso Oltra
La víctima del exmarido de Mónica Oltra, María Teresa T. M., ha pedido al al Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia que investigue las razones que determinen el porqué fue esposada al juicio contra su abusador y el abandono de la Abogacía de la Generalidad que no la defendió en la causa.
La defensa de María Teresa, que fue abusada siendo una menor tutelada por el gobierno autonómico, ha pedido al juez que declaren cuatro personas implicadas en el desarrollo de los hechos y cuyos testimonios pueden resultar determinantes para establecer quién fue el responsable de la orden de engrilletar a la víctima. En específico, solicitan que declaren el director y una educadora del Centro de Menores Colonia San Vicente de Burjasot, un inspector y una funcionaria de la Policía.
Además, la defensa pide que se determine las razones por las cuales la Abogacía de la Generalidad, adscrita a la Comunidad de Ximo Puig no la defendió. Pese a que Oltra aseguraba que “no estaba habilitada” debido a que la ley actual entró en vigor posterior a los hechos.
