En La Retaguardia de este martes 10 de junio, Eurico Campano analiza con Mario Garcés y Vicente Gil el procesamiento del Fiscal General del Estado por delito de revelación de secretos.
La justicia española se enfrenta a un escenario inédito tras conocerse que el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha procesado al fiscal general, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. Lo verdaderamente explosivo del caso es que el juez señala directamente a Presidencia del Gobierno como instigadora de las filtraciones relacionadas con la investigación por fraude fiscal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
El auto judicial, de 51 páginas, establece que García Ortiz actuó «a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno» para filtrar información confidencial con el objetivo de «ganar el relato» mediático frente a la versión publicada por El Mundo el 13 de marzo de 2024. Esta decisión judicial supone un terremoto político sin precedentes al vincular directamente a Moncloa con una presunta actuación delictiva del máximo representante del Ministerio Público.
Los hechos según el juez instructor
El magistrado Hurtado detalla en su auto que, tras la publicación de una información en El Mundo la noche del 13 de marzo de 2024 —que apuntaba que había sido la Fiscalía quien ofreció un pacto a González Amador—, el fiscal general entró «en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales» para preparar una respuesta que contradijera esta versión.
Según el relato judicial, todo comenzó cuando García Ortiz recibió «indicaciones» desde Presidencia del Gobierno para actuar contra la información publicada. El objetivo era desacreditar la versión que sugería que el ofrecimiento de acuerdo había partido del Ministerio Público y no de la defensa del novio de Ayuso.
El auto revela que desde la Fiscalía General se envió copia del correo confidencial a Pilar Sánchez Acera, entonces mano derecha del ministro Óscar López, quien a su vez era director de gabinete del presidente Pedro Sánchez. Posteriormente, según el juez, Sánchez Acera «hizo uso de él, dando instrucciones a Juan Lobato, portavoz del grupo parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, para que lo exhibiese en su intervención» parlamentaria contra Ayuso.
Un caso sin precedentes en la historia judicial española
Es la primera vez en la historia de España que un fiscal general del Estado es procesado. Junto a García Ortiz, el juez también ha decidido procesar a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por su presunta participación en la filtración del correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado de González Amador al fiscal del caso.
El magistrado instructor destaca que dicho correo contenía «información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, en una conversación privada entre letrado y fiscal que está sujeta a criterios de reserva y confidencialidad». Según el juez, esta comunicación «no es tolerable divulgación alguna a terceros» por estar protegida por el protocolo de conformidad suscrito entre la Fiscalía General y el Consejo General de la Abogacía.
Reacciones al procesamiento
A pesar de la gravedad de los hechos imputados, el fiscal general ha anunciado que no dimitirá de su cargo y mantiene su inocencia. Fuentes de la Fiscalía han señalado que el compromiso de García Ortiz es el de «continuar defendiendo la actuación y la integridad de la institución que representa al frente de la misma».
El juez ha dado ahora traslado a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en el plazo de diez días, soliciten la apertura de juicio oral, formulen escrito de acusación, pidan el sobreseimiento o, excepcionalmente, reclamen nuevas diligencias complementarias.
Implicaciones políticas del caso
La decisión judicial tiene profundas implicaciones políticas al vincular directamente a Presidencia del Gobierno con la filtración de información confidencial. El auto sugiere una cadena de mando que iría desde Moncloa hasta el fiscal general, pasando por altos cargos gubernamentales, con el aparente objetivo de atacar políticamente a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso a través de su pareja.
El magistrado Hurtado señala en su auto que las diligencias practicadas han evidenciado que el propio García Ortiz había borrado toda la información que contenían sus dispositivos, lo que habría «dejado frustrada una parte de la investigación».
Un caso que comenzó con una nota de prensa
Inicialmente, cuando el asunto estaba en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la causa se centró en la nota de prensa que emitió la Fiscalía el 14 de marzo de 2024, donde se daba detallada cuenta del intercambio de correos entre la defensa de González Amador y el fiscal encargado del caso.
Sin embargo, al llegar al Supremo, la investigación se fue ampliando para abarcar no solo el comunicado, sino también las presuntas filtraciones de las diligencias contra González Amador y el correo electrónico que su defensa envió ofreciéndose a reconocer los delitos fiscales a cambio de pactar.
La decisión del juez Hurtado representa un golpe sin precedentes para la imagen institucional de la Fiscalía General del Estado y plantea serias dudas sobre la independencia del Ministerio Público respecto al poder ejecutivo. El caso continuará su curso judicial en los próximos meses, mientras el país observa con atención las consecuencias políticas de un escándalo que salpica directamente al corazón del Gobierno.
