No es común que una investigación judicial genere tanto revuelo en los despachos de la alta administración pública.
Sin embargo, el caso que involucra a Isabel Pardo de Vera y a Javier Herrero promete convertirse en un claro ejemplo de cómo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil puede llegar hasta los rincones más ocultos del poder.
El juez Ismael Moreno, encargado del conocido caso Koldo, ya ha recibido la solicitud formal de la UCO para examinar con lupa las cuentas y productos bancarios de estos ex altos cargos.
La finalidad es esclarecer si recibieron alguna “contraprestación” por facilitar adjudicaciones de obra pública durante el mandato de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.
La UCO tiene una misión clara: acceder a todas las cuentas que tengan como titulares o autorizados —salvo aquellas relacionadas con Adif o entidades públicas— y llevar a cabo un análisis patrimonial y tributario exhaustivo.
El objetivo es descubrir si, más allá de las meras sospechas, existen pruebas concretas de pagos o ingresos irregulares, supuestamente derivados de su rol como “facilitadores” en adjudicaciones millonarias para infraestructuras.
La Benemérita pone el foco, concretamente, en una cuenta que comparten las hermanas Pardo de Vera, la gestora y la periodista.
La expresidenta de ADIF es titular en las cuatro cuentas bancarias, todas ellas activas.
Tres son cuentas de ahorro, dos en solitario y otra compartida con su hermana, Ana Pardo de Vera, actual directora Corporativa y de Relaciones Institucionales del diario Público. La abrieron el 5 de enero de 2005, hace más de dos décadas.
¿Qué busca la Guardia Civil? El rastro del dinero y la red de favores
Esta investigación no surge sin más. Los informes elaborados por la UCO describen un entramado donde, según grabaciones y mensajes interceptados, existía una jerarquía bien definida para obtener y repartir comisiones ilegales a cambio de contratos públicos. Las figuras de Koldo García, ex asesor de Ábalos, y del propio exministro aparecen como receptores directos de contrapartidas económicas, con detalles tan específicos como la existencia de “nóminas” en efectivo y pagos gestionados a través de empresas del sector constructivo.
En este panorama, el papel desempeñado por Pardo de Vera y Herrero se considera fundamental: ambos habrían “facilitado la alteración de los procesos contractuales” y favorecido repetidamente a ciertas constructoras, permitiendo que estas recibieran adjudicaciones a cambio de pagos o favores. La UCO no descarta que ambos hayan sido compensados, razón por la cual solicita examinar cada movimiento bancario, cada producto financiero y cualquier indicio que ayude a reconstruir el flujo financiero sospechoso.
Las autoridades ponen especial atención en:
- Detectar ingresos extraordinarios o movimientos inusuales en las cuentas personales de los investigados.
- Estudiar la relación temporal entre adjudicaciones y posibles transferencias, depósitos o adquisiciones patrimoniales.
- Comparar los datos bancarios con información tributaria y documentación recabada durante los registros domiciliarios.
- Correlacionar los hallazgos con las pruebas obtenidas en la investigación paralela sobre Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, señalado como coordinador del entramado.
El trasfondo político: el periodo Ábalos y las constructoras
El caso se remonta al tiempo en que José Luis Ábalos estaba al mando del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Según los informes disponibles, bajo su gestión se habría consolidado una red donde favores y pagos a cambio de adjudicaciones públicas eran moneda corriente. Nombres como el de ACCIONA, responsable de obras emblemáticas como el soterramiento en Murcia o el Puente del Centenario en Sevilla, destacan en este entramado. Este sistema presuntamente abarcaba desde comisiones millonarias hasta contratos simulados para familiares y colaboradores.
Los investigadores sostienen que esta supuesta organización criminal no solo se benefició directamente con comisiones ilícitas; también operó un sistema más amplio basado en favores, tráfico de influencias e incluso blanqueo. La documentación intervenida revela un nivel notablemente sofisticado, utilizando empresas pantalla, contratos ficticios y pagos en especie, como cesiones comerciales o vehículos.
En este marco, la UCO busca aclarar si Pardo de Vera y Herrero recibieron pagos ocultos o compensaciones indirectas por su labor como facilitadores. La investigación avanza hacia una fase crítica: seguir el rastro del dinero e identificar a los posibles beneficiarios ocultos detrás del entramado.
Consecuencias políticas y administrativas: temblores en la cúpula
El efecto dominó ya se siente dentro del PSOE y entre las entidades públicas dedicadas a infraestructuras. La imputación tanto de Pardo de Vera como Herrero y la solicitud de medidas cautelares —que incluyen la retirada del pasaporte y prohibición para salir del país para Pardo— han generado un clima incierto tanto dentro del partido como entre las empresas públicas involucradas. Mientras tanto, el juez Moreno junto con la Fiscalía analizan las diligencias requeridas por la UCO; los implicados niegan rotundamente haber recibido pagos irregulares o haber participado en amaños contractuales.
Este caso podría extender sus ramificaciones aún más. La indagatoria sobre Santos Cerdán podría implicar a otros miembros del PSOE así como a más empresas adjudicatarias. La Audiencia Nacional continúa acumulando pruebas y testimonios mientras el público asiste nuevamente al desarrollo de una operación anticorrupción que sacude el corazón mismo de la Administración.
