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En los corredores del Congreso se susurran rumores, aunque cada vez con menos recato: la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está a punto de hacer público un informe que podría cambiar el rumbo de Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
Cuanto más se acerca la entrega del informe al juez Ismael Moreno, la expectación aumenta y los nervios se disparan en la sede del PSOE. Y más aún con el antecedente del informe sobre Cerdán que supuso que el número dos de los socialistas acabase en prisión preventiva.
Si el informe sobre Torres es igual de demoledor que el de Cerdán, el acorralamiento del Gobierno de Sánchez subirá aún más, ya que a diferencia de Cerdán, Torres es ministro en el Ejecutivo, por lo que no valen las excusas socialistas empleadas para tratar de quitarle gravedad a lo ocurrido con Cerdán como, por ejemplo, que las acusaciones no se sostienen porque Cerdán sólo estaba en el partido y no tenía responsabilidades de gobierno. Además, en el caso de Torres, igual que en el de Armengol, antes de ser ministro ha sido presidente de una Comunidad Autónoma: Canarias.
En el PSOE temen que la etapa de Torres al frente del gobierno regional canario centre buena parte del informe de la UCO y las adjudicaciones realizadas durante el mandato de Torres como presidente del Gobierno de Canarias. En particular, se examinan las decisiones tomadas en plena emergencia sanitaria, cuando la necesidad de tomar decisiones rápidas para salvar vidas fue aprovechada por destacados socialistas para hacer negocio con la compra de material sanitario. En el corazón del escándalo se encuentra la trama Koldo y la adquisición de mascarillas defectuosas a la empresa Soluciones de Gestión, un asunto que ha comprometido a varios altos cargos socialistas y que ahora podría hacer tambalear a uno de los ministros más cercanos a Pedro Sánchez.
Pruebas contundentes y mensajes comprometedores
De acuerdo con fuentes tanto jurídicas como mediáticas, el informe de la UCO no solo documenta las millonarias adjudicaciones a Soluciones de Gestión —que ascienden hasta 12,2 millones de euros—, sino que también incluye una serie de pruebas contundentes: mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y otras comunicaciones que revelan el empeño personal de Torres para que el gobierno canario firmara acuerdos con esta empresa investigada, a pesar de las objeciones planteadas por numerosos funcionarios.
Entre los documentos destacados figuran mensajes donde el propio Torres habría instado a sus colaboradores a acelerar los trámites y sortear dificultades técnicas internas. La insistencia del entonces presidente canario contrasta notablemente con las reservas manifestadas por técnicos y responsables del Servicio Canario de Salud, quienes advirtieron sobre la baja calidad del material recibido y la falta de garantías ofrecidas por la empresa adjudicataria.
El suspense está servido: si el juez considera suficientes los indicios presentados por la UCO, no sería descabellado pensar en una posible imputación del ministro. En círculos judiciales ya se habla del informe como “el trampolín” que podría obligar a Torres a rendir cuentas ante el Tribunal Supremo.
El escándalo de las mascarillas ‘fake’: cifras, contratos y silencios
La magnitud del asunto se refleja en cifras concretas. Durante su gestión, el Gobierno canario otorgó 12,2 millones de euros a Soluciones de Gestión durante la pandemia. De esos suministros adquiridos, 837.800 mascarillas resultaron ser ‘fake’, es decir, no cumplían con los estándares FFP2 prometidos. El Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) confirmó que el material apenas alcanzaba la categoría FFP1, cuya eficacia es mínima, pese a haber sido pagado —en algunos casos— como si fuera oro puro.
Este problema con las mascarillas defectuosas no es exclusivo del archipiélago canario: Baleares, Adif, Puertos del Estado y el Ministerio del Interior también adquirieron este modelo proveniente de la trama Koldo; sin embargo, solo algunas administraciones reaccionaron reclamando su dinero. En lo que respecta al caso canario, tras las primeras advertencias internas, la Consejería de Sanidad renegoció el contrato y terminó pagando por las mascarillas un precio muy superior al valor real del mercado; una operación que ha generado malestar tanto entre opositores como entre técnicos dentro del Gobierno insular.
La llegada del informe de la UCO coincide con un momento particularmente delicado para el PSOE, que ya ha tenido que enfrentar las repercusiones del conocido caso Koldo y un goteo constante de informaciones sobre supuestas irregularidades en cuanto a financiación y gestión durante la pandemia. La expectación es máxima: desde ciertos sectores mediáticos temen un nuevo “gatillazo” similar al ocurrido con el caso Ábalos; mientras tanto, desde la derecha afilan cuchillos esperando capitalizar cualquier desgaste adicional al Gobierno justo antes de unas elecciones inminentes.
Pedro Sánchez ha tenido que salir en defensa pública de su ministro; sin embargo, en privado hay inquietud ante una posible imputación. Si finalmente el informe resulta tan devastador como se anticipa, las consecuencias podrían ir desde una dimisión forzada hasta una crisis gubernamental más profunda, cuyo impacto sería difícil prever para lo que resta legislatura.
Las investigaciones no se limitan únicamente al tiempo en que Torres estuvo al frente del Gobierno canario. La UCO también ha indagado sobre supuestos pagos ilegales durante su mandato como alcalde en Arucas (Las Palmas), así como presuntas conexiones con empresarios vinculados a tramas corruptas y blanqueo de capitales. Estas pesquisas añaden una complejidad adicional al caso e intensifican la percepción de que lo relacionado con Koldo podría ser solo una parte visible dentro de un sistema más amplio marcado por adjudicaciones opacas y clientelismo.
