Luis de Guindos se ha mostrado partidario este miércoles de valorar la situación y el esfuerzo realizado por cada comunidad
Una llamada al orden, a mantener las filas y, sobre todo, a la austeridad. Eso es lo que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, busca este 10 de abril de 2013 en una reunión con las comunidades autónomas gobernadas por el PP para exhibir unidad sobre el déficit.
Montoro y Cospedal han convocado en la sede central del PP, en la calle Génova a los consejeros de Hacienda de las autonomías en las que gobiernan y a los portavoces de aquellas en las que el partido está en la oposición para hablar del saneamiento de las cuentas públicas de las CCAA, las reformas que están realizando y la evaluación del sistema de financiación.
Con este encuentro se pretende calmar las aguas y escenificar un cierre de filas entre las autonomías gobernadas por los populares tras los mensajes contrapuestos que se han lanzado estos días al hilo de la posibilidad de que haya déficits diferenciados, asunto que va a estudiar un grupo de trabajo creado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Cataluña, que tiene sus cuentas en «situación de emergencia» en palabras del presidente de la Generalitat, Artur Mas, defiende un techo de déficit asimétrico, que sea un tercio del déficit que Bruselas autorice finalmente a España, lo que podría rondar el 2 por ciento (frente al 0,7 % previsto), según su consejero de Economía, Andreu Mas-Colell.
Esa flexibilización también es compartida por la Comunidad Valenciana y Murcia, que se situaron en la cola en 2012 en cuanto al cumplimiento del objetivo de déficit de déficit (1,5 por ciento del PIB). De hecho, el Gobierno valenciano planteará en esa reunión que la flexibilización del déficit llegue «hasta el máximo que se pueda», según fuentes del Ejecutivo autonómico.
En otro bando se encuentran muchas autonomías que critican que se pretenda premiar ahora a las que han incumplido con los objetivos marcados. Tal es el caso de la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia o Aragón, aunque desde esta última se matiza que lo más importantes es que sean proporcionales o equivalentes los «esfuerzos» que deban hacer las autonomías para reducir el déficit.
Una de las que más abiertamente se ha manifestado contra el déficit diferente es el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Su presidente, Ignacio González, ha dicho hoy que el objetivo de déficit ha de ser «común» para todos.
ACUERDO MULTILATERAL
Los consejeros acuden a este cita con la idea de que el ministro Montoro les va a explicar cómo va a proceder el Ejecutivo una vez que Bruselas flexibilice el objetivo del Estado, dejando claro que el acuerdo debe alcanzarse en el CPFF, según las fuentes consultadas.
En esta línea, Génova’ también ha incidido en que el acuerdo debe ser «multilateral» a diferencia de lo que ocurrió con el Gobierno socialista, y ha subrayado que el nuevo reparto del déficit «no puede castigar» ni «perjudicar» a las comunidades autónomas que han cumplido.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, se ha mostrado partidario este miércoles de valorar la situación y el esfuerzo realizado por cada comunidad a la hora de fijar los objetivos de déficit una vez conocido el nuevo programa de consolidación fiscal.
RECELOS ANTE POSIBLES CONCESIONES A CATALUÑA
Al debate se suman los recelos que hay en algunas comunidades ante la posibilidad de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiera favorecer a Cataluña para rebajar la tensión soberanista, sobre todo tras la reunión secreta entre Artur Mas y Mariano Rajoy el 21 de marzo.
El propio Mariano Rajoy trató de lanzar un mensaje tranquilizador el pasado lunes, durante la reunión de la Junta Directiva del PP, al pedir «inteligencia, equilibrio, sensatez y sentido común» porque esto «es cosa de todos» y todos están en «el mismo barco».
Sin embargo, hasta el PP catalán está fijando posición propia. Así, la presidenta del partido en esa comunidad, Alicia Sánchez-Camacho, ya ha declarado que está dispuesta «incluso» a romper la disciplina de voto del PP en las Cortes para defender las tesis de los populares catalanes sobre la nueva financiación de Cataluña.