Torra entregó a Sánchez, en su reunión en La Moncloa, un dossier en el que avala que la independencia es posible
El fanático Torra afirmó este martes que Felipe VI «ya no es el rey de los catalanes», instó al monarca a «pedir perdón» y consideró innecesaria su presencia en los actos en recuerdo de las víctimas de los atentados yihadistas del pasado año.
El nuevo desprecio del delfín del golpista Puigdemont al Jefe del Estado se produjo precisamente en la víspera de la reunión que este miércoles mantendrán Gobierno y Generalitat en Barcelona: la llamada «comisión bilateral«.
Que se mantenga la reunión da una idea de hasta qué punto el presidente Sánchez transige con el separatismo.
Gobierno y Generalitat protagonizan este 1 de agosto de 2018 la primera reunión de la comisión bilateral, órgano previsto en el Estatut y que abordará las reclamaciones del independentismo, según recoge Luz Sela en okdiario.
La convocatoria es ya una cesión al separatismo, en tanto la comisión establece una negociación de ‘tú a tú’, y, aunque su planteamiento inicial era para negociar la financiación, la reunión servirá para plantear otras cuestiones- mucho más trascendentales para los intereses inmediatos de los dirigentes golpistas- como autodeterminación, una convocatoria del referéndum o la situación de los líderes encarcelados.
Los nacionalistas le tienen cogida la medida a un Gobierno socialista que cada día que pasa tiene más difícil justificar ante el conjunto de los españoles su condescendencia.
Primero fue la entrada de Torra en Moncloa con el lazo amarillo, después la visita de la ministra Batet a un Palau de la Generalitat con la pancarta de los «presos políticos», ahora el desprecio a Felipe VI.
El Ejecutivo del ambicioso e indolente Sánchez vuelve a poner la mejilla mientras va debilitándose en su peligroso afán de buscar un diálogo imposible con el separatismo.
Otro logro de Torra y en última instancia el golpista Puigdemont, es que han logrado que el necesitado Sánchez acceda a tratar esos puntos en el orden del día.
En la reunión se abordarán las “vías de participación democrática de los catalanes en las decisiones sobre su futuro político”
Ambos gobiernos cerraron la pasada semana el boceto de este primer encuentro, que ha sido convocado para las 16:30 horas en la Sala de Naranjos del Palau, en Barcelona.
Las conversaciones las dirigen la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y el conseller de Exteriores de la Generalitat, Ernest Maragall.
La reunión, al menos en una primera toma de contacto, servirá para tantear las posibilidades de avanzar en la cuestión más sensible para las relaciones entre Cataluña y el Gobierno central: el supuesto ‘derecho de autodeterminación’ y el encaje de un referéndum secesionista.
En concreto, en el punto seis de esa agenda figura, bajo el epígrafe ‘Consideraciones de la Generalitat sobre la situación política en Cataluña’-una negociación en “materia de derechos y libertades” y “en relación con las vías de participación democrática de los ciudadanos catalanes en las decisiones sobre su futuro político”.
El presidente Quim Torra entregó a Sánchez, en su reunión en La Moncloa, un dossier con cuestiones normativas en el que avala que la independencia es posible desde un punto de vista constitucional.
Su idea es que las comunidades autónomas son competentes para convocar referéndum consultivos sobre decisiones políticas de trascendencia. Pero, evidentemente no lo son cuando se trata de una decisión abiertamente inconstitucional, como sería romper una parte del Estado español.
‘Desconexión’ en el margen de la legalidad
Desde el Gobierno socialista la oferta acaricia la idea independentista de mayores cuotas de autogobierno, y juega en el limbo de una ‘desconexión’ en los márgenes de la legalidad.
La ‘Declaración de Barcelona’, en la que el Gobierno de Pedro Sánchez ampara las relaciones entre las Administraciones central y catalana, establece con claridad la vocación de reconocer las “aspiraciones nacionales” de Cataluña.
Una declaración ambigua que se une a la intención del propio presidente de admitir las “singularidades” de determinadas regiones en la propia Constitución.
Independencia del CGPJ
A nivel práctico, las medidas van más allá. La creación de una Justicia catalana propia es una de ellas. Los socialistas apuestan por restituir el polémico Consejo de Justicia de Cataluña, un órgano suprimido por el Tribunal Constitucional y que pretendía una especie de Justicia independiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Entre sus atribuciones está la de convocar las plazas para jueces y magistrados, participar en la designación de los presidentes de sala del TSJC o instruir expedientes y ejercer funciones disciplinarias sobre los jueces y magistrados. Además, tendría también competencia en la inspección de juzgados y tribunales, además de vigilar las órdenes de inspección de los juzgados que instase el Gobierno.
Asimismo, los socialistas prometen avanzar en la fiscalidad propia. El PSOE plantea un ‘consorcio tributario’ —órgano también contemplado en el Estatuto catalán— que compartiría la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos que pagan los catalanes.
En el programa de las pasadas elecciones catalanas, se acepta, en concreto, que ese organismo “debe ser una manifestación clara del autogobierno y corresponsabilidad fiscal anteriores y debe permitir mejoras de gestión y de inspección tributaria y unos mecanismos de liquidación de ingresos mucho más transparentes, ágiles y cuidadosos que los actuales; al mismo tiempo refuerza la función de los tributos como herramientas de relación entre los gobiernos y la ciudadanía”.
VÍDEO DESTACADO: ¿Dónde dejó Sánchez la bandera de España para recibir a Torra?
