La presidenta del Gobierno balear, Francina Armengol, tuvo que recoger cable y eliminar el requisito que impuso (como adelantamos en septiembre de 2021) y que obligaba a las enfermeras a poder atender en catalán.
Una norma que exigía a los enfermeros y enfermeras el conocimiento de catalán acreditado por algún certificado. La supresión del requisito responde a la falta de personal que se ofreció, así que ahora no será necesario un certificado para inscribirse en las bolsas generales del Servicio de Salud.
Después de expulsar el año pasado a 40 enfermeras del listado provisional que ocuparían las plazas vacantes, debido a que no cumplían con el requisito de lengua catalana.
Desde la semana del 14 al 20 de marzo, el director general del Servicio balear de Salud, Juli Fuster hará oficial el acuerdo, aunque ya entró en vigor. En este acuerdo queda claro que uno de los requisitos fundamentales que deben cumplir los aspirantes, es que deberán poder «acreditar, en su caso, el nivel de catalán que se determine en la normativa vigente».
Según la información que publicó OK Diario, el director general de Salud «sin embargo» quiso indicar y especificar un poco más acerca de esta información:
«Actualmente, en esta convocatoria le resulta de aplicación la exención de este requisito previsto en el punto 3 de la Disposición transitoria segunda de la Ley 4/2016, de 6 de abril, de medidas de capacitación lingüística para la recuperación del uso del catalán en el ámbito de la función pública».
Es decir, debido a la escasa oferta de perfiles profesionales en enfermería y con conocimiento de catalán, el Servicio de Salud balear recoge cable y su documento reza:
«No será necesario acreditar conocimientos de catalán mientras se den las condiciones para que se aplique dicha exención, sin perjuicio, de su exigencia futura para cortes posteriores, si así lo dispone la legislación vigente».
De esta manera el descabellado requisito llevó a la sanidad balear a verse superada y ahora se encuentran con una situación en la que la falta de personal de enfermería es evidente, por ello, Francina Armengol se vio obligada a darle una vuelta y eliminar el requisito, es decir, a no exigir ninguna titulación en catalán a las nuevas incorporaciones.
Sin embargo, aunque no sea un requisito principal, todo aquel aspirante que no sea ciudadano de un territorio en el que la lengua oficial sea el castellano, deberá acreditar el dominio del catalán, o el castellano en su defecto, presentando un certificado de nivel B1 o superior, que cuente con el correspondiente reconocimiento y expedición de un organismo público, con competencias para acreditar conocimientos lingüísticos en el momento de la convocatoria.
Este era el requisito indispensable que debían cumplir las enfermeras que se presentasen a las plazas en Baleares, ahora por la falta de oferta de perfiles en enfermería, el Govern Balear se ve obligado a eliminar este requisito. Sin embargo, otros muchos perfiles profesionales no recibieron este mismo trato por parte del Ejecutivo balear dirigido por socialistas, independentistas y Podemos. Un grupo de celadores denunciaron la situación en los tribunales, el pasado mes de enero, por falta de titulación en catalán.
Mediante la vía judicial se busca llegar a un consenso social, donde se trabaje en castellano, aunque también se extrapoló a la educación, impulsada por la Asociación de profesores Plis Educación, que en diciembre de 2021 interpusieron un recurso, que posteriormente se admitió a trámite, para que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), como ya hizo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sentencie en la misma dirección y obligue a Armengol y al ejecutivo a impartir, por lo menos, un 25% de las clases en castellano en los colegios de las Islas.
Parece mentira que tengan que ser asociaciones y particulares quienes lleven a cabo estas denuncias que garantizan que se cumplan los derechos fundamentales y se cumpla la Constitución en ciertos territorios de España. Es preocupante que en muchas zonas del territorio español, sea prácticamente un delito hablar castellano en lugar de catalán, en este caso.
